de J. Ignacio Conde-Ruiz y Juan Rubio
Como ya hemos dicho en numerosas ocasiones estamos en una situación muy complicada. Tenemos que hacer el mayor ajuste fiscal de nuestra historia con los mercados de capitales al acecho. En esta ocasión, nos gustaría centrarnos en una nueva medida que parece estar barajando el Gobierno: la introducción de un copago farmacéutico en función de la renta. Desde nuestro punto de vista, como desarrollaremos en el post, se trata de una medida razonable que puede mejorar la equidad del sistema actual además de aumentar los ingresos del Estado.
En primer lugar, cabe señalar que el copago farmacéutico ya existe en España, pero es en función de la edad y no en función de la renta. Por lo tanto el sistema no respeta el principio de equidad, al no vincular las exenciones al nivel de renta de los pacientes. Además, la exención total de los jubilados no fomenta la corresponsabilidad en la utilización de los medicamentos. Es decir, en la actualidad todos los ciudadanos que no son pensionistas pagan el 40% del precio del medicamento (excepto los enfermos crónicos que pagan un 10% y los funcionarios que pagan un 30% tanto si están en activo como si están jubilados). ¿Tiene esto algún sentido? ¿Tiene sentido que un jubilado que cobra la pensión máxima no pague nada mientras que un desempleado sin prestación tenga que pagar el 40%?¿Tiene sentido que un pensionista de clases pasivas pague un 30% de las recetas mientras que un pensionista del Régimen General no pague nada?
Claramente, desde el punto de vista de la equidad, no tiene ningún sentido. Probablemente, para conseguir la equidad sería necesario modular el copago en función de la renta, tanto para los activos como para los jubilados. Es decir, aunque el copago medio de los activos sea del 40%, éste debería ser más alto para un asalariado con un salario alto que para un desempleado al que se le ha agotado la prestación. No obstante, en este post, para hacer una primera estimación de cuánto podríamos ahorrarnos con esta medida, nos vamos a centrar en los jubilados. Evidentemente el Gobierno con los datos de que dispone podrá evaluar la medida de forma más precisa que nosotros. Por este motivo los números que salen de esta estimación, aunque sirven para hacernos una primera idea de su potencial, deben tomarse con cautela. Consideremos la siguiente propuesta concreta:
- Los pensionistas que no lleguen a la pensión media (que es de 7.800 euros al año) sigue sin pagar nada. Este colectivo incluye, aproximadamente, 2,6 millones de personas.
- Los que están entre 1 y 1,5 veces la pensión media pagan el 10% del precio de los medicamentos. En este tramo hay 3,4 millones de pensionistas.
- Los que están entre 1,5 y 2 veces la pensión media pagan el 20% del precio de las recetas. Aquí hay aproximadamente hay 900 mil personas.
- Los que están entre 2 y 2,5 veces la pensión media pagan el 30% del precio de las recetas. Afectaría, aproximadamente, a 600 mil personas.
- Los que están por encima de 2,5 veces la pensión media pagan como el resto de ciudadanos, es decir, el 40% del precio. Por encima de este nivel hay aproximadamente 1,3 millones de personas.
En primer lugar, debemos señalar que los datos de las pensiones proceden de la Agencia Tributaria del año 2010.
Se refieren únicamente a las pensiones y, por supuesto, no reflejan toda la renta de los pensionistas. Para ganar en equidad, la modulación del copago no solo tiene que tener en cuenta la pensión, sino también tiene que tener en cuenta los siguientes elementos: (1) las otras rentas del jubilado (fondos de pensiones privados, rentas de capital, etc.); (2) si el pensionista vive con una persona a su cargo o no; (3) si se trata de un enfermo crónico. Está claro que, si tiene otra persona a su cargo o si se trata de un enfermo crónico, el copago debería ser mucho menor al mostrado en la tabla. Desafortunadamente, no disponemos de información suficiente para aplicar esta distinción. Si tuviéramos en cuenta el punto (1), el ahorro sería aún mayor que el que presentamos, mientras que si tuviéramos en cuenta los aspectos (2) y (3), el ahorro sería menor. Como decía anteriormente, sólo el Gobierno tiene la información precisa para realizar una evaluación más rigurosa. Pero sigamos con nuestra simulación cuyos datos se encuentran en la siguiente tabla:
Para entender la simulación es importante ver lo supuestos que están detrás de ella:
- El gasto publico en recetas en el año 2011 fue de 11.136 millones. Sabemos que el 80% de este gasto es gasto de pensionistas y, por lo tanto, el gasto medio anual de cada pensionista asciende a 980 euros.
- El ahorro se produce por dos vías: i) la vía directa, porque el pensionista se hace cargo de un % del coste del medicamento, y ii) la vía inducida, porque al tener que pagar una parte aumenta la corresponsabilidad en la utilización de los medicamentos reduciéndose la demanda.
- No tenemos datos sobre la elasticidad-precio de la demanda de medicamentos, pero tenemos una información valiosa para hacernos una idea. Los pensionistas del MUFACE, que pagan un 30% del coste del medicamento, consumen, en media, un 25% menos que los pensionistas del Régimen General. Vamos a utilizar esta información para calcular el ahorro inducido vía menor demanda.
Con la estructura de copagos propuesta, se consigue ahorrar más de 1.900 millones de euros, casi repartido en partes iguales entre el ahorro inducido y el ahorro directo. Alguien pensará que es un ahorro pequeño. Bueno, con estos 1.900 millones nos podíamos haber ahorrado la reducción de 1.300 millones de caída en la I+D civil y los 530 millones de la reducción en la Educación.