La primera vez que oí hablar de la dieta Atkins no me lo podía creer. “¿Qué? ¿Has perdido 10 kilos hinchándote a chuletón y butifarra? En serio, no me tomes el pelo.” Más de una vez esta fue mi reacción incrédula cuando un amigo o conocido me contaba su experiencia, hasta que alguien me explicó en detalle el funcionamiento de la dieta y el por qué de su éxito. El hecho detrás de su efectividad no viene en sí de comer carne, si no de dejar de consumir glúcidos. Esto que parecerá obvio a algunos, a mí (y creo que a otros muchos también) no lo era tanto a bote pronto.
La corrupción y los amiguismos son parecidos al sobrepeso en que sus remedios también varían entre métodos tradicionales, y métodos más sutiles. Los métodos tradicionales son aquellos a los que estamos acostumbrados y que responden al sentido común, como leyes que equiparan el tamaño del castigo con el beneficio sacado por el infractor, y la dedicación de las fuerzas policiales a erradicar este tipo de actividades. Estas incrementan el riesgo de los infractores y potencialmente hacen desistir a algunos de llevar a cabo estas actividades.
Los métodos sutiles (y menos tradicionales) son métodos que requieren un entendimiento detallado y profundo del origen y la naturaleza de la corrupción. Y aquí es donde espero no defraudar al lector avanzando que no tengo respuestas a esta pregunta ni recomendaciones para el caso que nos ocupa, España. Lo que sí que tengo son dos ejemplos de los Estados Unidos y de Japón, que muestran como el más sencillo cambio de regulación ha disminuido la corrupción en sectores que afectan a todos los ciudadanos directamente. A veces, la conexión es tan sutil y el efecto tan grande que yo no me he podido resistir a hacer la comparación con la dieta Atkins.
El primer caso que quiero comentar es UBER en Estados Unidos. Lo hago brevemente porque no tengo evidencia empírica sino anecdótica de los cambios ocurridos en la adjudicación de las licencias de taxis en las grandes ciudades americanas. Desde que UBER y Lyft entraron en funcionamiento en las grandes ciudades americanas, el precio del medallón del taxi (la licencia) se ha dividido por tres. Este precio refleja que los beneficios en el largo plazo de operar un taxi han disminuido debido a la competencia. Una consecuencia directa de esto es obviamente que los taxistas que pagaron años atrás 450 mil dólares no están nada contentos con UBER. La otra consecuencia directa es que hoy por hoy los costes de entrada en el negocio han disminuido, pero también han disminuido el número de entrantes nuevos y la venta de medallones. Indirectamente, esto ha disminuido la corrupción en este sector en los Estados Unidos, porque ahora los agentes de esta industria (individuos y compañías del taxi) ya no están dispuestos a “untar” a las instituciones reguladoras (o los burócratas que las dirigen) para conseguir una ventaja en la adjudicación de una licencia (que ya no es tan rentable como lo era antes). He aquí un artículo que reflexiona sobre el efecto positivo de UBER en la corrupción en este sector.
El segundo caso es para mí aún más interesante: las subastas de adjudicación de proyectos públicos en Japón. Permítanme que me centre en este caso (más que en el de UBER) porque disponemos de un estudio académico realizado por dos profesores de alto calibre, Sylvain Chassang de Princeton University y Juan Ortner de Boston University, llamado “Collusion in Auctions with Constrained Bids: Theory and Evidence from Public Procurement.” El problema de la competencia de adjudicación de proyectos públicos es un problema que se extiende a muchos países, pero ha recibido mucha atención en Japón. En ese país se hace especial hincapié en el hecho de que son casi siempre las mismas empresas las que participan en las subastas, y casi siempre las mismas las que se adjudican los proyectos. Para más inri, cada vez que existe un entrante (una empresa nueva que puja en la subasta) los precios disminuyen, así que a simple vista uno podría decir que este mercado es muy competitivo, porque en el poco probable suceso de entrada de una nueva empresa los precios bajan. Pues bien, Chassang y Ortner argumentan que en un mercado de oligopolio en colusión donde la adjudicación de negocio se obtiene vía subastas, las empresas en colusión utilizaran los precios como bastón de castigo a entrantes (si te atreves a entrar en este mercado donde mis amigos y yo somos los dueños te vamos a matar a precios hasta que desistas y te vuelvas a tu mercado de origen). Así pues, este artículo vaticina una revolucionaria predicción: si el gobierno o agencia reguladora entiende que la supervivencia del cartel depende de su capacidad de poner precios muy bajos para castigar la entrada de nuevas empresas, imponer una política de precios mínimos (limitando cuánto pueden bajar los precios) puede llegar a disminuir los precios medios de los proyectos adjudicados en subastas. A primeras, esto suena contra-intuitivo, pero si entendemos el mecanismo no es muy distinto a perder peso a base de chuletones!
Obviamente, este ejercicio teórico está inspirado en un caso real. Se trata de la ciudad japonesa de Tsuchiura en la prefectura de Ibaraki, que en Octubre de 2009 pasó de adjudicar proyectos locales por subasta de primer precio sin restricción alguna al precio pujado a subastas de primer precio restringiendo el precio pujado a ser más alto que el 85% del precio predicho por el ingeniero local. El artículo usa datos entre 2007 y 2015, y utiliza las ciudades de Tsukuba e Ishiku en la misma prefectura como ciudades control que no cambiaron su política de adjudicación, en una estrategia empírica de diferencias en diferencias. ¿Resultado? Sí señor, Tsuchiura prohibió precios bajos y los costes medios de adjudicación bajaron. ¿Casualidad? No, únicamente un conocimiento muy claro de cómo la corrupción en esa ciudad sobrevivía año tras año.
En resumen, y si hay algo que aprender del caso de UBER y la ciudad japonesa de Tsuchiura, la lucha contra la corrupción no se debe basar únicamente en leyes que castiguen al corrupto cuando es agarrado in fragranti. Nuevas leyes o cambios en la regulación que simplifiquen las acciones de control de las agencias reguladoras y que disminuyan directamente los beneficios de la corrupción pueden ser suficientes e incluso más eficaces a la hora de hacer nuestra sociedad menos corrupta y más justa (¡y más eficiente!).