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Las dimensiones económicas de la crisis catalana

De Enrique Chueca y José Montalbán

El pasado miércoles 14 de febrero tuvo lugar la tercera sesión del ciclo de conferencias académicas sobre la crisis de Cataluña celebrado en LSE, con el título The Economic Dimension of the Catalan Crisis. Los economistas Antonio Cabrales, Ángel de la Fuente, Jordi Galí, Ramón Marimón, y Andreu Mas-Colell, analizaron las potenciales causas y consecuencias económicas del conflicto, bajo la moderación de Jenifer Ruíz-Valenzuela. La moderadora preparó dos bloques definidos donde se habló de balanzas fiscales, estado federal disfuncional, inversiones, comercio, finanzas públicas y confianza (“trust”), entre otros temas.

Os dejamos primero las impresiones de Antonio Cabrales sobre el debate, y después un análisis sobre los contenidos del mismo:

"Ayer estuve participando en la jornada de la LSE sobre los efectos económicos del conflicto catalán, brillantemente organizada por José Montalbán, a quien los lectores de estas páginas ya conocen, y Elisabet Vives. Estaba rodeado de buenos amigos que además son todos brillantes economistas, y un público respetuoso y que cumplió escrupulosamente las normas que marcaron los organizadores, tanto durante las ponencias como en el turno de preguntas. Y ese ambiente de tolerancia y respeto, también con grandes discrepancias, como era de esperar, es un modelo que cómo se podría progresar.

José y Enrique van a hacer el resumen, para que no sea un testimonio de parte interesada, pero el comentario que se me quedó más grabado de la sesión fue de Andreu Mas-Colell. “Si fuerámos como Canadá, no estaríamos donde estamos.” En parte se refería a que Canadá resolvió el problema de Quebec dejando votar a los quebequeses, algo con lo que él claramente está de acuerdo, y yo personalmente creo que ayudaría. Pero más allá de esa pura opinión política también reflejaba algo en lo que todos los economistas estábamos de acuerdo y probablemente muchos lectores del blog también.

España es nominalmente muy descentralizada, pero en la práctica hay muchas reglas decididas desde el centro que hacen muy difícil una descentralización efectiva. Un ejemplo claro es la universidad y la educación, o la gestión de los aeropuertos. La gestión realmente diferenciada entre comunidades se hace muy difícil cuando se imponen leyes marco que regulan tan detalladamente que dejan poco espacio a la innovación local. El problema, como decía Ramon Marimon, es que España tiene un estado con mucha disfuncionalidad y quizá una reforma constitucional seria podría mejorar las relaciones. El problema surge porque hay discrepancia sobre si España realmente quiere y puede hacer esa reforma. En el lado independentista se piensa que teniendo en cuenta esa falta de compromiso descentralizador y reformista, prefieren intentarlo por su cuenta. En el otro lado, digamos unionista, se piensa que mejor si lo intentamos juntos. Y así estamos, “agreeing to disagree”, pero me parece que si pudiéramos llevar una discusión tan racional a las instituciones, todos saldríamos ganando."

Andreu Mas-Colell abrió el debate afirmando que la economía es importante pero que la esencia del conflicto no es puramente económica, destacando la importancia de laaceptación de diferentes identidades nacionales en España.  Cataluña paga impuestos en proporción a su PNB y recibe en base a su población (el 19% y 15% del total de España respectivamente), por lo que el déficit fiscal catalán debería estar en torno al 4% (unos 10.000m€). Recalcó la lógica de que Cataluña contribuya más al presupuesto nacional puesto que su nivel de ingresos per cápita es superior a la media española. Ofreció cuatro marcos de mejora: (i) El gasto en educación, sanidad, y cultura, se calcula de manera proporcional a la población de cada región, sin embargo los gastos que actúan sobre la capacidad productiva  deberían ser calculados en proporción al PNB. (ii) Una parte substancial del gasto público ejecutado en beneficio de los catalanes no se ejecuta en Cataluña, y sería deseable incrementar esta parte. (iii) El sistema de financiación de las CCAA es políticamente manipulable. Los ajustes de la recesión económica estuvieron muy concentrados en las CCAA, lo que creó una desajuste financiero que permitió al gobierno cuestionar el estado de las autonomías. (iv) El control del gasto autonómico por parte del gobierno central es demasiado detallado y dañino para las autonomías. Mas-Colell contrapone esta regulación con los parlamentos autonómicos, que no pueden marcar la diferencia. En este caso puso el ejemplo de las universidades y la investigación en Cataluña, que lo hacen relativamente mejor que las del resto de España, pero según afirma, serían más fructíferas sin la ley de universidades central tanto en Cataluña como fuera.

Ángel de la Fuente continuó con el debate, resumiendo los dos temas de mayor controversia para la postura independentista: (i) Cataluña ha sido tratada de manera injusta por el gobierno central; y (ii) una Cataluña independiente tendría mejores resultados económicos (mayor eficiencia  y crecimiento económico). Mostró la evolución del PIB per cápita en términos relativos con el total español de Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra. De la Fuente concluye que los datos no muestran un drenaje fiscal. Cataluña, País Vasco y Madrid convergen desde 1955 hacia la media española, manteniéndose prácticamente constantes a partir de 1980. Mostró un gráfico de dispersión de las balanzas fiscales regionales netas como porcentaje del PIB y el ingreso per cápita relativo de España, Italia, Canadá y Australia en 2005. La mayoría de los países encuentran patrones similares: las regiones más ricas tienen déficit fiscal, y las más pobres suelen registran superávit. De la Fuente concluye que Cataluña está más cerca de la regla que de la excepción en comparación con otras regiones españolas y extranjeras de niveles similares de ingreso relativo. Además, señaló que la mayoría de los gobiernos centrales no publican estimaciones oficiales de manera periódica sobre las balanzas fiscales regionales, y que España es la excepción a la regla.

Jordi Galí comenzó destacando dos ideas. La primera se basa en que el incremento del apoyo a la independencia es improbable que esté relacionado con la crisis económica. Se apoyo en Cuadras y Rodon (2017), donde se observa que no existe una relación estadísticamente significativa entre el crecimiento del apoyo a la secesión y variables económicas, como el desempleo, la renta familiar o el registro en la seguridad social. Además, se basó en datos del Barómetro de Opinión Publica Catalana y El Ayuntamiento de Barcelona, para mostrar que existe una correlación positiva entre el apoyo a la independencia y la educación y renta familiar de los hogares (concentrada en la clase media). La segunda fue la percepción de que Cataluña ha sido tratada de manera injusta por el estado central, y destacó que esto ha sido el producto acumulado de muchas decisiones. Gali mostró un gráfico de la inversión pública del Estado Central en Cataluña desde 2000-2016 para destacar que, mientras el PIB y la población de Cataluña  con respecto al total español se mantuvieron constantes en el periodo, la ratio de inversión cayó en picado a partir de 2011. Las consecuencias de este proceso fueron el impacto en el stock de capital catalán relativo al PIB (capacidad productiva) que tiende a ser más bajo. Para el profesor Gali, esto es una fuente de ineficiencia en Cataluña, pero también en otras regiones españolas (como Madrid). Contrario a los principios de eficiencia, se observa que la inversión pública y la productividad del capital público  tienen una relación negativa.

Ramón Marimon destacó que se puede hablar de los costes y beneficios de la independencia de Cataluña, pero es fundamental la economía política. Marimon comparó los diferentes estudios (Feito Higueruela, 2014)  sobre los costes potenciales de la independencia, y destacó que todos ellos miran a un equilibrio en estado estacionario. La investigación de Comerford y Rodríguez Mora (2015) analiza el potencial coste comercial de la independencia, asumiendo el contrafactual en el que las relaciones comerciales bilaterales serían como con el país con quien España comercia relativamente más (Portugal), donde el impacto en el bienestar de este suceso tendría un coste del 10%. Marimon, citando a Robert Young, destaca que no sólo el estado estacionario importa, sino los costes de transición, que pueden superar a los beneficios a largo plazo.  La investigación de Diaz-Giménez y Díaz-Saavedra (2017), examinó tres potenciales escenarios de transición mediante un modelo dinámico calibrado de la economía española. El escenario más optimista llevaría 25 años recuperar el PIB perdido en relación a una situación de no secesión, y en el peor, nunca convergería.

Marimon señaló que España ha pasado de ser de los estados menos descentralizados de la OCDE a unos de los que más en 20 años, y concluye, que España es un estado federal disfuncional, pero donde los problemas son finalmente federales, comunes y resolubles entre todas las regiones. Evocando los pensamientos del ilustrado Jean-Jacques Rousseau, propuso cinco preceptos para guiar nuestra hoja de ruta: (i) Definir claramente los derechos y responsabilidades de los ciudadanos (educación, sanidad, etc.) que el estado debe garantizar. (ii) La responsabilidad regional del punto (i) requiere capacidad administrativa, legal y financiera. (iii) La solidaridad y el riesgo compartido entre todas las regiones es parte del estado federal, pero no deben ser mezcladas, la solidaridad debe preservar el orden regional per cápita después de la redistribución. (iv) La deuda regional debe ser regulada, y un fondo de estabilidad ayudaría (siguiendo reglas transparentes y claras). (v) Las agencias e instituciones independientes deben ser parte de la corresponsabilidad federal, proveyendo justicia legal, transparencia y eficiencia (juzgados, competición, etc.). Un acuerdo en estos puntos permitirían definir la relación entre España y la Unión Europea (como entre Cataluña y el resto de España), y abrir la puerta hacia una reforma de la Constitución española.

Antonio Cabrales comenzó remarcando el papel que la identidad tiene en este conflicto. La identidad es crucial cuando es necesario un acuerdo sobre quien forma parte en la redistribución entre grupos. Citó dos experimentos sobre confianza. El primero, Trocal y Martini (2016), concluye que hay un problema de confianza entre regiones en España, debido a que los españoles confían más en los habitantes de su propia CCAA, pero los niveles no son altos cuando los comparamos con otras variables como la identidad política. La investigación de Criado et al. (2017) muestra que desde 2012 el único grupo que ha modificado los niveles de confianza en Cataluña ha sido el de los ciudadanos que hablan castellano, que tienden a confiar más en su mismo grupo dentro de la región. El nivel de confianza ha cambiado pero no masivamente. En línea con estos experimentos, el trabajo de Berg and Hjerm (2010) muestra que la identidad nacional es importante porque afecta a la confianza en la política, y al cumplimiento con el pago de impuestos (Konrad y Qari, 2012). Sobre la formación de la identidad, Cabrales destacó la investigación de Clots-Figueras y Marsella (2013) que muestra que la identidad en Cataluña es causada por la exposición al sistema educativo catalán. Además, de acuerdo a Garvia y Santana, contrario a lo que cabría esperar, no parece ser que exista un grado de desacuerdo insalvable entre los votantes de diferentes partidos sobre los tiempos relativos de educación en español, catalán e inglés, en la escolarización primaria y secundaria.

Cabrales apostilló (salvando las distancias entre la traducción del inglés al castellano) que en su opinión “nos unen muchas más cosas de las que nos separan, y sea cual sea la situación en la que acabemos, es vital tratar de mantener la mayor cantidad de capital social existente entre los ciudadanos de nuestro país. No podemos dejar que esto arruine una relación tan positiva para todos, que ha florecido durante siglos de convivencia”.

Por último, os dejamos aquí con el video completo del debate (1h 55´, en inglés).