En un informe reciente de Fedea rompo una lanza a favor de la cooperación público-privada para recolocar a parados de larga duración. Sin embargo, los intentos de fomentar la colaboración con agencias privadas de colocación encuentran un obstáculo tras otro. El último es una sentencia que anula la contratación de estas agencias para un proyecto píloto promovido por el SEPE debido a la invasión de competencias. La aplicación de la sentencia se limita al País Vasco, pero el fallo permite que otras regiones como Andalucia y Cataluña recurran al concurso, como se explica aquí. El caso es un pésimo ejemplo de como conflictos competenciales entre distintos niveles de la administración frustran los avances en materia de políticas activas. Pero esto no es ni mucho menos el único obstáculo, como explico abajo. Lo que choca es la nula importancia de datos objetivos en la toma de decisiones. Se frena algo que ha dado buenos resultados en otros países por motivos políticos y sin ofrecer un clara alternativa.
El difícil arranque de la coloboración público-privado
La colaboración público-privada en materia de inserción laboral arranca formalmente en 2010, pero no es hasta 2013 cuando se firma el llamado acuerdo marco. Ya entonces tres regiones se negaron a adherirse al acuerdo – Andalucia, País Vasco y Cataluña – y dos años más tarde no se había producido todavía ninguna remisión de parados debido a un sinfín de recursos y el boicot por parte de las agencias más grandes por la inclusión de muchas agencias pequeñas y sin experiencia entre los ganadores del primer concurso.
Es en este contexto de continuos retrasos que el SEPE lanza el proyecto piloto que motiva el recurso del gobierno vasco contratando a cuatro agencias grandes. Para poder hacerlo el SEPE utiliza un resquicio legal: las competencias en materia de políticas de empleo radican en los servicios estatales (en vez de los autonómicos) cuando las actuaciones son de ámbito nacional y afectan a la movilidad geográfico. Pero los tribunales acaban de tumbar esta motivación, admitiendo el recurso del gobierno vasco. El efecto inmediato es la anuluación de las actuaciones de las cuatro agencias en el País Vasco y Andalucia y Cataluña podrían seguir el mismo camino. Además, a esto hay que añadir que varias regiones se han desvinculado del programa marco tras un cambio de gobierno.
Uno de los casos más sorprendentes es Aragón. En esta region las agencias de colocación obtuvieron una tasa de inserción de alrededor de 25% (véa aquí). Tomando en consideración que se trataba de participantes del programa PREPARA para parados de larga duración se trataba de números cuanto menos esperanzadores. Es cierto, que Aragón también cuenta con un servicio público de empleo bastante moderno --- recibió una buena valoración en una reciente revision por pares al nivel europeo ---, pero no es así en otras regiones. E incluso en el caso de Aragón sería deseable que los servicios públicos explicaran como piensan de alcanzar o mantener tasas de inserción similares antes de interrumpir un programa prometedor.
El retraso en la modernización de los servicios públicos
Y aquí llegamos al núcleo del problema. Tras casi ocho años de crisis, España todavía no cuenta con servicios públicos de empleo modernos, capaces de ofrecer atención individualizada de calidad a todas las personas desempleadas que la necesitan. La Comisión Europea ha recriminado a España en repetidas ocasiones por la falta de progresos en esta materia y el informe de Fedea incluye muchos ejemplos. Dos aspectos resultan particularmente llamativos: los servicios públicos de empleo juegan un papel marginal en la intermediación laboral comparado con otros países y hay un evidente problema de capacidad. Las tasas de participación en políticas activas son muy bajas y varían muy poco entre personas con características distintas.
Argumentos en favor de la colaboración público-privada
La cooperación público-privada no es una panacea, pero si un instrumento útil. En España hay 1,8 millones de parados que llevan más de dos años sin trabajo. La prestación directa por parte de los servicios públicos de empleo de asistencia individualizada y de calidad a todas estas personas exigiría una inversión sustancial en infraestructura y en la contratación y formación de orientadores. No solo sería difícil de completar en un tiempo razonable, también puede resultar difícil de revertir en el futuro cuando la tasa de desempleo haya vuelto a niveles normales. Por lo tanto, en primera instancia la colaboración público-privada debería servir para actuar más rápidamente, soslayando las actuales restricciones de capacidad.
En segundo lugar, la colaboración público privado permitiría aprovechar el profundo conocimiento del mercado de trabajo local de las agencias de colocación y la amplia experiencia en la integración de grupos vulnerables de las entidades del tercer sector.
En tercer lugar, la competencia entre agencias puede ayudar a elevar la calidad de los servicios y/o reducir su coste. Para ello es importante el diseño adecuado de los contratos. Un mal diseño podría llevar a las agencias de centrar sus esfuerzos en los casos más fáciles (“cherry picking”) o de aceptar demasiados casos para luego dejar desatendidos a muchos de ellos (“parking”), pero esto es relativamente fácil de remediar. Además, la cooperación público-privado ofrece una ventaja importante: permite cortar la financiación a las agencias que no cumplen con sus obligaciones o que obtienen malos resultados.
Con todo esto no quiero decir que la cooperación público-privado es necesariamente mejor que la provision pública o que sea la única ópción. De hecho en el informe hago referencia a los dos únicos estudios – uno para Francia y otro para Alemania - que intentan comparar la eficacia de los servicios de empleo públicos y privados mediante un experimento controlado. Ambos llegan a conclusión que los servicios públicos obtienen mejores resultados, por lo menos a corto plazo. Tampoco cuestiono que determinados políticos pueden tener una preferencia para la provision pública de los servicios de intermediación. Solo exigiría que antepongan los intereses de los propios desempleados a cualquier interés politico.
En este sentido es importante resaltar que la cooperación público-privado no es sinónimo de privatización, ni que se deba imponer la remisión a una agencia privada a ningúna persona desocupada. Bastaría con que se dejara la elección entre el proveedor público o privado en manos del propio parado para generar un sistema que es mucho más respetuoso con sus intereses que el sistema actual. Y como no, también sería un paso que nos acercaría a las prácticas en otros países, como Alemania o Holanda, donde este derecho existe desde hace años.
Para terminar
En material de políticas activas hay casi más preguntas que respuestas. Sólo hay una manera de avanzar. Experimentar con distintas medidas y evaluar sus efectos para identificar lo que funciona y lo que no. Además en el caso de España es deseable un mayor grado de coordinación, colaboración y lealtad entre la administración central y los gobiernos autonómicos. La reciente aprobación del Programa Conjunta para la Atención a Desempleados de Larga Duración es un paso en la buena dirección. Pero ahora hay que convertir las buenas intenciones en realidades huyendo de tópicos y prejuicios y evitando conflictos entre administraciones que a lo largo nos hacen perder a todos. La lucha contra el paro de larga duración deberia ser una prioridad de primer orden en la política economica de todas las administraciones y desde luego no deberiamos despreciar la colaboracion publico-privada ni cualquier otra medida sin ni siquiera evaluar su efectividad.