Acceso al sistema de salud y denuncias por violencia de género

En las últimas elecciones españolas se han planteado varias propuestas nuevas que, hasta el momento, no habían sido consideradas por los partidos mayoritarios. Algunas de ellas, como la posible derogación de la ley de violencia de género, han generado un revuelo considerable y a muchos de nosotros nos ha hecho pensar en sus implicaciones. En este blog ya se ha tratado el tema de la violencia de género en varias ocasiones (aquí, aquí, aquí y aquí, entre otros), pero hoy quisiera centrarme en un aspecto menos habitual en relación con el impacto de las leyes de violencia de género: ¿Las políticas públicas pueden afectar al hecho de que la mujer se decida a buscar ayuda y a denunciar a sus abusadores? ¿Qué papel tiene el servicio de salud pública en esas decisiones individuales?

Varias son las razones que llevan a las mujeres a buscar ayuda, pero al menos dos están relacionadas con el servicio de salud público. En primer lugar, los médicos y profesionales del sistema de salud tienen protocolos para detectar los posibles casos de abusos y ayudar a las personas afectadas a denunciarlos (directamente o a través de la derivación del caso a los servicios sociales). De hecho, algunos de estos protocolos están diseñados al amparo de (o fundamentados en) la ley de violencia de género. En segundo lugar, denunciar los abusos es arriesgado y costoso para los afectados. En las encuestas de violencia de género, las mujeres aducen que no se atreven a denunciar al abusador por miedo a perder a sus hijos, su casa o el permiso de residencia. Si la salud de estas mujeres empeora por la falta de asistencia sanitaria, los incentivos para iniciar un proceso costoso y arriesgado pueden ser menores. Sin salud, el empoderamiento de estas mujeres es menor.

Caoimhe Rice y yo misma nos planteamos en un estudio reciente cómo afectaban las restricciones de acceso al sistema de salud público introducidas en 2012 en España a los incentivos de las mujeres para denunciar a sus abusadores. Me gustaría explicar los principales resultados de aquel estudio, que partía de datos sobre denuncias por violencia de género que obtenemos del poder judicial, pero antes, permítanme un paréntesis. Según los informes de varias ONG y la red REDER, la restricción de acceso al sistema de salud público (Real Decreto-ley 16/2012) afectaba a varios grupos de población, pero sin duda el más perjudicado era el colectivo de inmigrantes en situación irregular. Hace unos meses explicábamos aquí los efectos de esa ley sobre la mortalidad del colectivo afectado y en este otro apunte señalábamos los efectos sobre la utilización de los servicios de salud pública.

Lo primero que observamos en nuestro estudio es que el número medio de denuncias por cada 10.000 mujeres es de 3,3 por provincia y trimestre en el caso de las mujeres españolas y de 16 por cada 10.000 mujeres en el caso de las mujeres extranjeras. Esto coincide con los resultados de la Encuesta Española de Violencia de Género, que arrojan que una de cada cuatro mujeres españolas de más de 16 años ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, una cifra que sube al 36% para las mujeres inmigrantes.

A partir de un modelo de diferencias en diferencias, comparamos las denuncias por violencia de género de las mujeres españolas y de las mujeres inmigrantes antes y después del trimestre en que entró en vigor la nueva legislación que restringía el acceso al servicio de salud público. Nuestros resultados muestran una caída inmediata del 15,6% de las denuncias por violencia de género por parte de las mujeres inmigrantes

El gráfico 1 muestra la evolución del número de denuncias de las mujeres inmigrantes respecto a las españolas por trimestre desde 15 periodos antes y después de la implementación de la reforma. El gráfico se ha creado con la metodología event study, que permite controlar los efectos de estacionalidad en las denuncias por violencia de género.

Como se puede ver, las denuncias de las mujeres inmigrantes se reducen tanto en el momento en que la ley se anunció como, de forma más pronunciada, cuando entró en vigor. El efecto es, además, persistente en el tiempo, ya que el número de denuncias por parte de las mujeres inmigrantes no se recupera en ninguno de los 15 primeros trimestres posteriores a la ley.

Gráfico 1. Evolución de la diferencia entre las denuncias por violencia de género de las mujeres inmigrantes y las españolas controlando por efectos fijos trimestrales y anuales

A continuación, analizamos las diferencias en la intensidad con la que se aplica la ley en las distintas comunidades autónomas para comprobar si los efectos son menos pronunciados en aquellas comunidades autónomas en las que se aprobó legislación regional que devolvía (en cierto grado) la cobertura universal a la población. Para estimar modelos separados en las regiones más y menos afectadas, partimos de un índice regional de cobertura sanitaria calculado por Cimas et al. aquí, así como la fecha en la que se recuperó la cobertura en cada región. Según lo previsto, la reducción en las denuncias por violencia de género es del 19% en las regiones con menos cobertura y del 7,5% en las que ofrecen más cobertura. Estos resultados aportan solidez, pues, a nuestra interpretación causal de los efectos de la reforma.

Cabe decir que una limitación importante de nuestro estudio es que no podemos demostrar de manera contundente si el descenso del número de denuncias obedece a la menor incidencia de la violencia de género. En un intento de descartar esa opción con varias pruebas, llegamos a la conclusión «tentativa» de que parece que la incidencia no se ve modificada por la reforma y que, en consecuencia, el cambio se produce solo en la búsqueda de ayuda por parte de las mujeres afectadas.

En definitiva, concluimos que la pérdida de acceso a los servicios de salud pública sí tuvo consecuencias en las denuncias por violencia de género. Respondiendo a la pregunta inicial, pues, las políticas públicas sí pueden afectar al número de denuncias. Estos resultados son importantes no solo para estas mujeres, sino también para sus hijos, ya que los efectos negativos a corto y a largo plazo de crecer en un entorno familiar de violencia están ampliamente demostrados.

Hay 2 comentarios
  • Dicen que la felicidad esta en los pequeños detalles.

    Yo creo que sin duda es cierto para las personas, pero desde que me ha dado por leer economía cada vez estoy mas convencido de que también es cierto para los países.

    Me imagino ....(tengo mucha imaginación)...que el aumento de las restricciones de acceso al sistema de salud público introducidas en 2012 en España estaba motivado, ademas de por el colapso en la SS, para evitar la inmigración sanitaria. Lo que creo que es más un prejuicio de nuestros gobernantes que una realidad empirica, porque no debe de ser una cantidad importante lo que hayan podido ahorrar con la Ley.

    Lo que diferencia España de los EEUU son los pequeños detalles. Ellos tienen casi el doble de renta percapita que nosotros pero nuestra SS es de todos y trata por igual a todos. Ese es uno de los pequeños detalles que nos hace mas felices que a ellos. Pero si dejamos que se pierdan los pequeños detalles, al final seremos tan infelices como ellos pero con la mitad de su renta percapita.

    Creo que ese es el trabajo de los economistas ... recordarnos cuales son los pequeños detalles.... para no dejar que se pierdan. Para que pese a tener la mitad de renta percapita, al menos, sigamos siendo mas felices que los americanos.

    En ese sentido, creo que el articulo es un buen trabajo.

    • Muchas gracias por el comentario Pedro. Tienes toda la razón que los objectivos que se mencionan en la ley estan principalmente relacionados con evitar el turismo sanitario. También estoy de acuerdo en la importancia de la evaluación de las políticas públicas por parte de los economistas.
      Un saludo, Judit

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