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La deuda pública: ¿crisis, problema o solución? (II): Cuando la deuda ayuda (y mucho)


De Marcel Jansen y Juan F Jimeno

Hace un par de meses, en una entrada inspirada en un artículo de Olivier Blanchard sobre política fiscal con bajos tipos de interés, discutimos las condiciones de sostenibilidad de las finanzas públicas y las que justifican que determinados proyectos sociales se financien con más emisión de deuda pública. En esta secuela consideramos si dichas condiciones se pueden dar por garantizadas en el actual contexto de las economías española y europea. Para ello, utilizaremos un ejemplo de programa de gasto público que en Estados Unidos está ganando cada vez más partidarios: el Green New Deal, esto es, inversiones masivas en la lucha contra el cambio climático.

Marcador en Las Gaunas

En Estados Unidos el debate sobre la necesidad de un Green New Deal se desarrolla paralelamente a una enconada discusión sobre los efectos económicos de la deuda y los déficits públicos, que ha ganado presencia en los medios de comunicación durante los últimos meses. Esta discusión progresa poco. Por una parte, muchos macroeconomistas insisten en señalar las lagunas (lógicas y empíricas) de teorías que sostienen que la única restricción a los déficits públicos es la inflación (véase, por ejemplo, aquí y aquí). Por otra parte, partidarios de recurrir a la monetización de los déficits públicos se escudan en definiciones e identidades intrascendentes, que constituyen lo que uno de nosotros llama “la doctrina de las tres mentiras” (ni teoría, ni monetaria, ni moderna), con una actitud que Paul Krugman ha caracterizado como de “jugadores de Calvinball”. Incluso concediéndoles el beneficio de la duda, las proposiciones alternativas de tal doctrina no son pertinentes para países miembros de una unión monetaria por lo que, a nuestros efectos, se trata de un debate estéril.

La sostenibilidad fiscal en España y en Europa

Como señalábamos hace unos meses, la preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas debería ser menor cuanto mayor sea la diferencia entre la tasa de crecimiento económico y el tipo de interés real (g-r). El FMI (en su Fiscal Monitor de octubre del 2018) pronostica para los próximos cinco años que esta diferencia será positiva en 29 de 34 países desarrollados, entre ellos en todos los países miembros de la zona euro (menos Italia).

Esto se podría interpretar como que hay margen para adoptar políticas fiscales más expansivas en Europa. Por ahora, los bajos tipos de interés han contribuido a reducir la carga de la deuda pública y, mientras se mantengan así, no existe tanta urgencia para reducir dicha ratio hasta los niveles estipulados en los acuerdos europeos. No obstante, resultaría muy arriesgado fiar la sostenibilidad de las finanzas públicas de algunos de estos países a los pronósticos del FMI sobre g-r. Sabemos por experiencias pasadas no muy lejanas que las primas de riesgo asociadas a los bonos soberanos pueden variar muy rápidamente. En el caso español, dadas la elevada deuda pública actual y las previsiones futuras sobre las necesidades de gasto público derivadas del envejecimiento de la población, una política fiscal más expansiva que no ponga en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas parece ilusoria.

Sin embargo, la ausencia de un margen fiscal en España y algunos otros países europeos, no implica que no haya otras maneras de aprovechar los bajos tipos para financiar proyectos de inversión pública socialmente rentables. Para que esto sea posible han de concurrir tres condiciones: i) que tales proyectos existan, ii) que la arquitectura institucional para su implementación (eficaz) sea factible, y iii) que haya mecanismos para financiarlos.

Un Green New Deal Europeo

Entre los proyectos de inversión pública que deberían ocupar los primeros lugares en las agendas de los gobiernos están aquellos dirigidos a luchar contra el cambio climático. En este blog hemos sido muy activos advirtiendo de los costes económicos y sociales del cambio climático  y de que revertirlo debería ser una prioridad urgente (ver aquí).

La implementación de un Green New Deal Europeo (GNDE) tendría beneficios económicos a corto plazo sobre la reactivación de la actividad económica en un momento que parece especialmente oportuno (aunque menores que los que resultarían de asumir las estimaciones tradicionales de multiplicadores fiscales al uso). Sin embargo, esos beneficios probablemente sean ínfimos en comparación con los derivados de evitar seguir gestando una catástrofe medioambiental para las generaciones futuras.

Hay muy buenos motivos para que este programa sea una iniciativa conjunta en el marco de la UE. Para empezar, el cambio climático no entiende de fronteras. Aunque un país como Holanda adopte medidas ambiciosas para reducir las emisiones de CO2, no disfrutará de una mejora en la calidad del aire ni se reducirán los riesgos de inundaciones en su territorio si el resto de los países no reducen sus emisiones. Por otra parte, existe el peligro de que algunos países no cumplan su parte de las obligaciones en la lucha contra el cambio climático bien para aprovecharse de los esfuerzos de los demás o bien por falta de recursos. Así pues, hacen falta coordinación y mecanismos comunes de financiación, como, por ejemplo, la emisión de deuda mutualizada.

Los países del Norte de Europa deberían mostrarse más dispuestos a aceptar la emisión de eurobonos si son para la financiación de un GNDE. Hasta el momento, han vetado cualquier intento de avanzar hacia una unión fiscal y aunque admitieron el plan-Juncker para relanzar la inversión privada y pronto puede que acepten la puesta en marcha de otro fondo para promover reformas estructurales, se trata en ambos casos de iniciativas a pequeña escala y dentro del presupuesto ordinario de UE. En el caso del GNDE estaríamos ante un aumento “one-off” en la inversión pública que no corre el peligro de transformarse en un sistema de transferencias permanentes hacia los países del Sur de Europa.

¿Habría recursos disponibles en el ámbito europeo para financiar un GNDE? Creemos que sí (e, incluso, si no existieran deberíamos inventarlos). Si el diseño y la implementación del programa son acertados, es muy probable que los tipos de interés se mantengan en niveles muy bajos y, por consiguiente, el coste fiscal de la deuda emitida para su financiación sería limitado, especialmente si la financiación viniera de la emisión de eurobonos que cuentan con la garantía de todos los países europeos y no solo con la de países con desequilibrios económicos notorios. Además, con un GNDE el acuerdo sobre un impuesto europeo armonizado a las emisiones de CO2, también imprescindible y urgente, sería más probable.

En definitiva, ante grandes retos mejor adoptar respuestas ambiciosas. Bien planteado y ejecutado, un GNDE no debería frenarse por “restricciones presupuestarias”. Sobre todo si la alternativa es seguir emitiendo deuda publica para financiar programas de gasto público mal planteados, peor ejecutados y sin objetivos sociales justificados en criterios equitativos de redistribución intergeneracional tan evidentes.