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Violencia doméstica y empoderamiento de la mujer: ¿es suficiente?

Por César Alonso-Borrego y Raquel Carrasco

 

La violencia contra las mujeres es un problema social de primera magnitud, y una de las expresiones más graves de la desigualdad de género. Según datos de la Comisión Europea, una de cada cuatro mujeres en Europa ha sufrido o sufrirá violencia doméstica (VD) a lo largo de sus vidas. Sin embargo, esta lacra no tuvo un claro reconocimiento internacional hasta 1993, con la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (véase aquí), que abrió el camino a la incorporación a la agenda política de muchos países. Como bien documenta R. Osborne aquí, en España su aparición en la escena pública está simbolizada por el brutal asesinato de Ana Orantes a manos de su exmarido en 1997 (véase aquí). El Plan de Acción Contra la Violencia Doméstica de 1998 promueve por primera vez medidas concretas contra la VD. Asimismo, establece el compromiso de una recogida de datos sistematizada, incluyendo la realización de macroencuestas que recojan información sobre violencia de género y su relación con diferentes factores individuales y socioeconómicos.

Una posible forma de prevenir la VD es fomentar el papel de la mujer en la generación de ingresos para equilibrar el peso de ambos cónyuges en la toma de decisiones dentro del hogar. La participación laboral de la mujer es un canal particularmente importante para ello. El riesgo de VD puede reducirse al hacer la amenaza de abandono de la relación más creíble.

En el artículo "Employment and the Risk of Domestic Violence: Does the Breadwinner's Gender Matter?" (véase aquí) analizamos el efecto causal del empoderamiento de la mujer en el seno de la pareja sobre la probabilidad de sufrir VD. Para ello, utilizamos las macroencuestas de violencia de género de 1999, 2002 y 2006, promovidas por el Instituto de la Mujer. Para medir la autonomía socioeconómica potencial de la mujer utilizamos su estatus laboral (en concreto, si está trabajando o no). Como la situación relativa de la mujer puede afectar también al riesgo de VD, consideramos el estatus laboral de su pareja y su interacción con el de la mujer. También consideramos características individuales y socio-demográficas del hogar, como la renta. Analizamos por separado dos tipos diferentes, pero no excluyentes, de VD, física y no-física.

El análisis descriptivo de los datos permite señalar una serie de regularidades. La Tabla 1 muestra que la tasa de VD decrece significativamente en 2006, un año después de la reforma de la ley del divorcio que permitió agilizar su tramitación, como mostró P. Brassiolo (véase aquí).

Los datos también indican diferencias socio-demográficas entre las mujeres que sufren abuso y las que no. En particular, la VD tiene mayor incidencia en parejas de mayor edad, con menor nivel educativo y con menor nivel de renta (véase Tabla 2). En consecuencia, aunque la VD se observa en todos los estratos socio-económicos, hay diferencias significativas, de manera que en estratos más bajos las mujeres se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

También se encuentran diferencias significativas en la incidencia de la VD según el estatus laboral de ambos cónyuges (véase Tabla 3). Es más frecuente cuando el hombre no trabaja: mientras que en el 84% de parejas sin VD el hombre trabaja, esta cifra es 6 p.p. (puntos porcentuales) menor entre las parejas en las que sí se produce VD. Además, solamente en el 30% de parejas con VD trabajan ambos cónyuges, mientras que esta cifra es 9 p.p. mayor en parejas sin VD.

La principal dificultad para medir el efecto causal del estatus laboral de los miembros de la pareja en el riesgo de maltrato estriba en el potencial problema de endogeneidad por la existencia de características inobservables de ambos cónyuges, como rasgos de personalidad, que afectarían tanto a la probabilidad de VD como a la probabilidad de estar trabajando. Las simples diferencias en las tasas de maltrato según el estatus laboral de cada cónyuge no permitirían separar el efecto causal del estatus laboral del de dichas características inobservables. Para capturar la verdadera relación causa-efecto utilizamos información exógena sobre diferencias geográficas en las tasas de empleo y desempleo por edad y por sexo.

¿Qué efectos podemos esperar? Si estar trabajando fuera un mero indicador de disponibilidad de recursos económicos, el principal mecanismo entre falta de empleo y VD sería el estrés derivado de la escasez de recursos en el hogar. Cabría esperar entonces un efecto limitado del estatus laboral de cada cónyuge, una vez que se tiene en cuenta la renta del hogar. Pero si además de la cantidad absoluta de recursos disponibles en el hogar importa la contribución relativa de cada cónyuge (al afectar a su poder de negociación), el estatus laboral de la mujer podría afectar de manera diferente que el del hombre al riesgo de VD. Además, el estatus laboral del hombre podría jugar un rol "simbólico". Es el llamado efecto "backlash" (Macmillan y Gartner, 1999): el hombre puede sentir amenazado su papel dentro del hogar por no ser el sustentador principal, lo que aumentaría el riesgo de VD.

Nuestros resultados indican que, efectivamente, hay un efecto diferente del estatus laboral de la mujer y de su cónyuge. La Tabla 4 presenta los efectos marginales estimados sobre la probabilidad de sufrir VD. El principal factor en la reducción del riesgo de violencia física para la mujer es que el varón esté trabajando. Solamente en ese caso, el efecto moderador del empleo de la mujer sobre la VD se pone de manifiesto: que la mujer trabaje reduce la probabilidad de sufrir VD, tanto física como no física, en 2,5 y 4,9 p.p. respectivamente, pero sólo si el hombre está empleado.

Por otra parte, que el hombre trabaje reduce significativamente el riesgo de abuso físico en 2,9 y 1,9 p.p. dependiendo de que la mujer trabaje o no. Esto implica, según nuestros cálculos para 2006, que mientras que la probabilidad media de sufrir maltrato es del 3.9% en hogares en que el hombre no trabaja, dicha probabilidad bajaría al 2% en hogares en que solo el hombre trabaja y al 1% en hogares en que ambos cónyuges trabajan. En el caso de la VD no física, el hecho de que el hombre trabaje reduce su probabilidad solamente si la mujer trabaja también; la reducción media estimada es de 2.7 p.p., una magnitud sustancial dado que la tasa media de abuso no físico era del 8.2% en 2006.

Los resultados indican por tanto que el empoderamiento de la mujer por sí solo no garantiza una reducción del riesgo de maltrato (consistente con la teoría del backlash). Hace falta una actitud proactiva por parte del varón. Así, familias más igualitarias en términos de estatus laboral, en las que los dos miembros de la pareja trabajan, presentan la menor incidencia de la VD. Es más probable que estas parejas compartan valores que cuestionen los roles de género más tradicionales, particularmente los asociados al papel dominante del varón y su actitud ante la violencia.

Estos resultados sugieren en primer lugar medidas de política en el largo plazo, como políticas educativas encaminadas a promover la igualdad de género efectiva, que transmitan los valores de igualdad de género desde la infancia. Asimismo, se deberían promover políticas de igualdad que garanticen la autonomía y el empoderamiento de la mujer a través del empleo.

Pero nuestros resultados sugieren, en segundo lugar, la existencia de colectivos más vulnerables (parejas con mayor riesgo de exclusión social en las que el varón no trabaja), para las que es urgente implementar políticas en el corto plazo. Estas deben articularse en torno a la prevención y al reforzamiento legal de mecanismos preventivos de disuasión de la violencia, así como a la extensión de procedimientos de acogida y ayuda para las víctimas y sus hijos.