Suponga que su coche empieza a dar señales de agotamiento: pierde potencia y hace ruidos extraños. Es muy probable que, incluso tras una obra cara de ingeniería mecánica, no vuelva a ofrecer durante un plazo suficientemente largo las mismas prestaciones que en tiempos pasados. Aunque le tiene cariño porque le ha servido mucho y bien, se plantea cambiarlo por otro nuevo, si bien su restricción presupuestaria no le permite uno de gama alta. Salvando las distancias, el sistema público de pensiones lleva en parecida situación unos cuantos años. Sin embargo, se sigue discutiendo casi exclusivamente sobre “reparaciones”, no tanto acerca de la conveniencia de cambiar de sistema.
Negaciones en forma de vanas esperanzas
En NeG han aparecido numerosas entradas sobre pensiones. Una de nuestras favoritas se escribió hace más de seis años cuando estaba bajo discusión la reforma aprobada por el último gobierno socialista que entró en vigor en 2011. En tono irónico, allí se desmontaban algunos de los argumentos erróneos y contradictorios que han utilizado los que se resisten a reconocer que el actual sistema público de pensiones no puede seguir ofreciendo las mismas prestaciones que en el pasado. Aquí, sin ironías, volvemos a señalarlos destacando los fallos e inconvenientes de algunas de las soluciones con las que ahora se pretende ingenuamente que es posible mantener las prestaciones actuales del sistema público de pensiones y restaurar su sostenibilidad financiera (esto es, la condición ingresos=gastos):
a. “Creando suficiente empleo”. En España hay unos 18 millones de cotizantes a la Seguridad Social y la población en edad de trabajar (de 16 a 66 años) es de alrededor de 31,2 millones. Según el INE, en 2050 la población en este grupo de edad será de 24 millones (casi 26 si consideramos que la edad de trabajar se extiende hasta los 70 años). Incluso si resolviéramos todas las disfunciones de nuestro mercado laboral y la tasa de empleo aumentara hasta el 70% (ahora es el 61% de la población de 16 a 64 años), el número de cotizantes en dicho año no sería muy superior al actual (unos 17 millones con jubilación a los 67 años, alrededor de 18,5 millones con jubilación a los setenta). Podría ser que se creara mucho empleo en el corto plazo, pero llegará el momento en el que, incluso en los escenarios más favorables, el número de ocupados disminuirá y tendremos que financiar un número de pensiones (que podría llegar a ser el doble del actual) con una población de cotizantes similar a la que hay ahora. Parece muy improbable que se produzcan aumentos de la tasa de natalidad u otra llegada masiva de inmigrantes (más allá de los cambios ya contemplados en las proyecciones demográficas del INE). Pero incluso si así fuera, la ratio citada mejoraría solo marginalmente, muy poco en comparación con lo que sería necesario para restaurar la sostenibilidad financiera de un sistema público de pensiones con las prestaciones actuales.
b. “Aumentando los salarios”. Si suben los salarios, los ingresos del sistema serán más elevados, pero también lo serán las pensiones futuras, dado que nuestro querido sistema público es de naturaleza contributiva y trata de asegurar rentas de sustitución por encima de un determinado porcentaje de los salarios percibidos. De hecho, una vez que se tienen en cuenta la tasa de empleo y la ratio pensión media-salario medio (a la que llamaremos tasa de sustitución) la sostenibilidad financiera de las pensiones no depende de la participación de los salarios en el PIB; solo depende del tipo impositivo efectivo de las cotizaciones sociales y de la ratio entre cotizantes y pensiones a financiar.
c. “Con tasas de crecimiento de la productividad más elevadas”. Un incremento de la tasa de crecimiento de la productividad solo puede contribuir a restaurar la sostenibilidad financiera si da lugar a un crecimiento de la pensión media inferior a del salario medio, es decir, a una disminución de las tasas de sustitución de las pensiones. Por tanto, con sostenibilidad financiera, el crecimiento de la productividad ayudaría a que la cuantía de la pensión media fuera mayor, pero no permite que la renta de la población jubilada en relación con la de la población ocupada se mantenga en sus niveles actuales.
d. “Aumentando las cotizaciones sociales”. El tipo impositivo legal de las cotizaciones sociales que financian las contingencias asociadas a pensiones es del 28,3% de la masa salarial; el correspondiente tipo efectivo, como consecuencia de la existencia de bases de cotización topadas por mínimos y máximos, es del 21% aproximadamente. Hay tres maneras de incrementar los ingresos por cotizaciones sociales: aumentar el tipo legal, elevar el tope mínimo de la base de cotización, y suprimir el tope máximo de la base de cotización. Todas ellas tienen el inconveniente de que producen aumentos de los costes laborales que podrían traducirse en disminuciones de la tasa de empleo, que harían más difícil restaurar la sostenibilidad financiera. Por otra parte, las dos últimas medidas no tendrían muchos efectos sobre el saldo financiero del sistema en el medio plazo, dado que a mayores bases de cotización les corresponden prestaciones más elevadas. Solo si el destope de la base de cotización fuera acompañado de la congelación de la pensión máxima, se podría producir una cierta mejoría de las cuentas de la Seguridad Social. Pero en este caso, se reduciría la naturaleza contributiva del sistema que se pretende preservar.
e. “Usando los impuestos generales”. A primera vista parece una medida razonable (e inevitable a corto plazo), pero tiene varios inconvenientes. El primero es que se necesita una aportación cuantiosa de recursos financieros para que se consiga igualar los gastos y los ingresos del sistema de pensiones, manteniendo, al mismo tiempo, las tasas actuales de sustitución (alrededor de 2 pp de PIB en el corto plazo y, posiblemente, casi 7,4 pp de PIB en el medio y largo plazo). Con un déficit público todavía superior al 4,5% del PIB y una ratio de deuda pública-PIB de más del 100% del PIB, no parece que exista (ni que vaya a existir en un futuro próximo) mucho margen para obtener tales recursos. En segundo lugar, la naturaleza contributiva del sistema se nutre de su financiación mediante transferencias intergeneracionales, y con una parte importante de los ingresos procedentes de impuestos generales dicha naturaleza acabaría convirtiéndose en algo residual. Y el tercer inconveniente es que para conseguir tales recursos habría que recurrir a impuestos con bases amplias (IRPF, IVA, ¿patrimonio?) que también soportan la población jubilada, por lo que, de hecho, su renta disponible también se reduciría, que es justo lo que se quiere evitar manteniendo las tasas actuales de sustitución de las pensiones.
Alternativas realistas con prestaciones razonables
Así pues, las cinco reparaciones anteriores, incluso si se realizaran conjuntamente, no podrían conseguir que el sistema público de pensiones mantuviera tanto su naturaleza contributiva como las tasas de sustitución que ha ofrecido hasta la fecha. De hecho, la principal consecuencia de la introducción del índice de revalorización de las pensiones, que implica su cuasi-congelación por un largo periodo de tiempo, y del factor de sostenibilidad (que también reducirá las prestaciones por jubilación a partir de 2019), ambos aprobados en la reforma de 2013, no será otra que disminuciones sustanciales de tasas de sustitución y del grado de contributividad de las pensiones públicas.
En lugar de prometer que esto se puede evitar apelando a reparaciones que no son precisamente de ingeniería avanzada, sería conveniente (como se sugiere aquí o aquí) que más discusiones y análisis versarán sobre cuál es la forma más eficiente y equitativa de restaurar la sostenibilidad financiera y garantizar la suficiencia de las pensiones, porque ni la que va a tener lugar con el índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad, ni las que resultarían de las medidas que parecen más probables en un próximo acuerdo en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, lo son. Al igual que hace seis años, inaccesibles al desaliento, nosotros seguimos creyendo que la mejor manera de conseguirlo es esta propuesta, basada en un sistema de cuentas nocionales de contribución definida.
Como ya avisamos en 2010 y 2011, los problemas de sostenibilidad financiera y suficiencia de las pensiones se agravarán, incluso si transitoriamente se encontrarán los recursos necesarios para cubrir el déficit actual de la Seguridad Social. Y no podemos dejar de insistir en que cuanto más tarde cambiemos de sistema, más costoso será el ajuste, porque una mayor parte de su coste tendrá que ser soportado por la población ya jubilada o cercana a la edad de jubilación, cuyas decisiones de ahorro y laborales estarían ya determinadas y no podrían adaptarse a dicho cambio. Nos llamarán agoreros, pero, hasta ahora, el tiempo nos ha dado la razón.