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Chapuzas en el BOE, esta vez con las Pensiones...

(@conderuizIMG_4879Ya sé que mucha gente no se lee las leyes publicadas en el BOE. Pero yo tengo un amigo que, a pesar de haber disfrutado muchísimo de los acontecimientos deportivos de este fin de semana, parece que tuvo tiempo de leer el BOE y me ha hecho notar lo siguiente, que no se como calificar.

La Ley 23/2013 en su artículo 48 que trata sobre la revalorización de las pensiones (ver aquí) establece, después de presentar la fórmula que determina el índice de revalorización de pensiones (IRP):

En ningún caso el resultado obtenido podrá dar lugar a un incremento anual de las pensiones inferior al 0,25 por ciento ni superior a la variación porcentual del índice de precios de consumo en el periodo anual anterior a diciembre del año t, más 0,50 por ciento

Pues bien, por un lado establece que las pensiones deber crecer al menos un 0,25%. Pero al mismo tiempo, dado que según el INE la tasa de variación anual del IPC en diciembre de 2014 fue de -1%, la segunda parte de la frase establece que la revalorización no puede ser superior a -0,5%( -1%+0,5%=-0.5%).

Es decir, la revalorización establecida por la Ley tiene que ser al mismo tiempo superior al 0,25% e inferior al -0,5%!!!

Y, ¿esto cómo se hace?, ¿quién redacta nuestras leyes?, ¿alguien se las lee antes de sacarlas en el BOE?.

Mas allá de la anécdota, que a alguno le puede parecer divertida, hay tres cosas que me gustaría resaltar, que creo no tienen nada de gracia:

- No sé quién es el último responsable en la redacción de la Ley, pero es palpable el analfabetismo numérico que pone de manifiesto al no darse cuenta de que es posible que las condiciones mínimas y máximas que especifica la ley podrían ser contradictorias.

- Es más que preocupante el hecho de que los que dicen que garantizan la sostenibilidad de las pensiones en el medio y largo plazo no fueron capaces de prever que, cuando ya era evidente el riesgo de deflación de nuestra economía, la definición del IRP podría ser incorrecta.

- Por último, la inseguridad jurídica que se genera cuando una norma es imposible de cumplir. ¿Qué deberían decir los jueces si alguien impugna la revalorización de las pensiones de 2015?