Contactos Políticos, Competencia y Bienestar

Desde que empece a colaborar en Nadaesgratis, una de mis grandes retos ha sido intentar explicar por qué defender los intereses de los consumidores (es decir, de los ciudadanos) significa promover autoridades de competencia y reguladores independientes del poder político y gobernados por profesionales conocedores del funcionamiento de los mercados que supervisan. Otro de mis preocupaciones ha sido el denunciar aquellas prácticas que restringen innecesariamente la competencia y que, de nuevo, perjudican a los ciudadanos (por ejemplo, en el caso de las farmacias, universidades o taxis).

Aunque existe evidencia de los efectos beneficiosos que tiene la competencia sobre, por ejemplo, los precios, muchos se escudan en la supuesta falta de evidencia de esta competencia en otros aspectos, como las incentivos a invertir en mejorar el servicio. La intervención del gobierno en estos casos se justificaría por razones de interés general, a diferencia de las motivaciones que a menudo denunciamos en este blog como es la captura del regulador por parte de las empresas, la falta de conocimientos de los encargados de supervisar el mercado o la presencia de políticos en los consejos de administración de empresas reguladas (como conté, por ejemplo, en el caso de Enagas).

Un reciente trabajo, Faccio y Zingales (2017) es uno de los primeros intentos de responder a estas preguntas. ¿Es la competencia en los mercados regulados mala? ¿Qué explica la decisión de los gobiernos de promover o no la competencia en un mercado? Para ello, estudian el mercado de telefonía móvil en 148 países y obtienen variables relacionadas con la competencia, como la concentración del mercado, los precios y la calidad del servicio (por ejemplo, cobertura de la red móvil). También obtienen indicadores de funcionamiento del regulador (independencia, funciones y responsabilidad), barreras a la entrada, etc.

El primer resultado relaciona medidas de competencia con el funcionamiento del regulador. Sus resultados muestran que, como era de esperar, un mejor regulador (por ejemplo, más independiente) está asociado con mayor competencia y menores precios. Medidas concretas destinadas a promover la competencia como, por ejemplo, la portabilidad de los número de teléfono o facilitar la VoIP contribuyen también a reducir precios y la concentración en el mercado. Este tipo de relación entre independencia del regulador y menores precios es algo que reafirma resultados de otros trabajos que he discutido en entradas anteriores.

Como mencionaba anteriormente, medidas destinadas a aumentar la competencia podrían en teoría afectar negativamente a las decisiones de inversión. Sus resultados indican que este no es el caso y no parece existir relación entre la concentración de mercado o medidas destinadas a reducirla con variables como la calidad de la cobertura de la red 3G, 4G o la velocidad de las comunicaciones. Tampoco parece existir, como se acostumbra a suponer, una relación entre mayor concentración y mayores sueldos para los empleados de estas empresas.

Si mayor competencia beneficia a los consumidores mediante menores precios y no tiene efectos secundarios negativos, como puede ser una menor calidad del servicio o menores sueldos ¿por qué los políticos no promocionan la competencia? Esta es la pregunta que intentan responder en la segunda parte del trabajo. Para ello, consideran varias motivaciones que irían en dirección contraria. La primera es la utilización de los sectores regulados como fuentes de financiación del gobierno. La idea es que otorgar poder de mercado a las empresas incrementa sus beneficios, que luego el gobierno puede recuperar a través de los impuestos. Para comprobar esta hipótesis analizan los ingresos que los gobiernos obtuvieron por la venta de espectro en las subastas de 3G y 4G móvil. No muy sorprendentemente, el resultado que obtienen es exactamente el contrario. Es precisamente la competencia la que eleva la recaudación del gobierno, al hacer que las empresas pujen más en la subasta. Por otro lado, también comprueban si, como sería consistente con esta hipótesis, países más pobres (y por tanto con menor capacidad para recaudar impuestos) son menos favorables a la competencia y tampoco encuentran relación alguna.

Sin embargo, si encuentran que existen indicios de que la captura del regulador por parte de las empresas puede explicar el desinterés de algunos países en promover la competencia. Establecen que países con mayor calidad democrática y menor corrupción implementan regulaciones destinadas a aumentar la competencia. De manera también muy significativa, estas regulaciones son menos habituales en países donde el porcentaje de políticos que forman parte del consejo de administración de las empresas es mayor.

Como hemos discutido muchas veces, en España tenemos un poco de todo: una calidad democrática mejorable, una buena dosis de corrupción (aquí una entrada sobre cómo la percibimos) y ex-políticos que invaden una parte significativa de los consejos de administración, en particular de las empresas reguladas. Hace un tiempo, Josep Pijoan lo ponía en contexto adaptando el “índice de compadreo” del The Economist al caso español. No somos, por supuesto, el peor caso, pero parece claro que además de hacer pedagogía sobre la necesidad de introducir competencia (por ejemplo, en el caso de los estibadores del que tanto hemos oído hablar en los últimos días) también tenemos que poner límites a la captura de los políticos por parte de los grupos de presión de todo tipo. Y eso requiere reformas institucionales y no buenas palabras.

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  • Hay que recordar que recientemente en España se permitió la absorción de Ono por parte de Vodafone y de Jazztel por parte de Orange. ¿Resultado? Unos meses después, con la competencia reducida a un "tripolio" (Telefonica, Vodafone y Orange), no han tardado en subir los precios de todas las compañías. En el caso de Ono, no sólo subieron los precios de los servicios contratados sino que empezaron a cobrar por servicios que eran gratuitos (como la identificación de llamadas). La guinda ha sido que Vodafone ahora nos va a cobrar por tramitar el cambio de número de cuenta en la que domiciliar las facturas. Creo que no hay mejor "ceteris paribus" para demostrar lo que expones en este artículo.

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