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Ignacio Aguado: enemigo del bienestar de los madrileños

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Ignacio Aguado no es quizás el nombre más popular de la política nacional. Fuera de Madrid, suena poco e incluso en la capital es probable que su reconocimiento sea bajo. Aguado fue el cabeza de lista de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid en 2015 y es actualmente el portavoz del grupo de dicho partido en la Asamblea.

La Comunidad de Madrid se enfrenta a muchos retos: su sistema educativo es claramente mejorable, su capacidad de competir en un mundo globalizado –si bien por delante de la de otras comunidades- aun deja mucho que desear, la administración no es todo lo rápida que pudiera ser, etc. Ciudadanos, como un partido nuevo que se propone regenerar la política nacional (o eso dice) podría ser un elemento dinamizador en el papel de responder a esos retos. Pero lejos de empujar en esta dirección, el grupo de Ciudadanos de la Asamblea, encabezado por Aguado, ha priorizado la regulación del ejercicio de las profesiones deportivas. Tristemente, hoy 10 de noviembre y con la más o menos felicidad de todos los demás grupos políticos, llega al pleno de la Asamblea el Dictamen de la Comisión de Educación y Deporte, sobre la Proposición de Ley PROPL 9(X)/15 RGEP 5227, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad de Madrid. Es difícil expresar el asombro que me supone tal actitud.

Un principio básico sobre el que se basa nuestro derecho (nacional y europeo) es que el ejercicio de una profesión ha de ser libre y solo sometido a unos criterios básicos (fiscales, etc.) a menos que existan razones claras en contrario. Como nos recuerda la CNMC:

“El acceso a una profesión y su ejercicio solo puede limitarse con carácter excepcional, debiendo motivarse en una Ley la adecuación a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.”

Es importante fijarse en las palabras: “necesidad” y “proporcionalidad”. En primer lugar, hay que demostrar que tal regulación es necesaria. No es suficiente decir “necesitamos una regulación”. Uno tiene que demostrar que los mecanismos normales del mercado y del ordenamiento jurídico (reputación, derecho de contratos, responsabilidad civil, etc.) no cumplen adecuadamente su cometido; no perfectamente (pues nada hay perfecto en los afanes humanos), adecuadamente. No es lo mismo regular a un cirujano que a un economista, ni por la complejidad de sus cometidos ni por las consecuencias del ejercicio profesional incorrecto.

En segundo lugar, la regulación ha de ser “proporcionada” al objetivo buscado. De nuevo, no es lo mismo regular a un cirujano que a un manipulador de alimentos en una cocina. Al primero le podemos pedir, con razón, muchos años de estudio. Al segundo, un cursillo de unas horas de higiene básica.

Esta explicación nos ha de servir para eliminar dos falacias que a menudo circulan en la discusión pública en España. La primera es “toda profesión debe estar regulada”. Solo hay que ver el tuit del Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad de Madrid para darse cuenta de lo extendida de tal actitud. No: la mayoría de las profesiones no deberían de estar reguladas en absoluto. Como ya he explicado en otras ocasiones: la primera, la de economista; la segunda, la de profesor de universidad (que cada universidad decida de manera libre a quién y cómo contratar).

La segunda es la respuesta de “yo quiero que mi entrenador de gimnasia este titulado”. Este argumento es un serio contendiente a ganar la competición “Peor argumento en Economía de 2017 ™”. La ausencia de regulación no limita a nadie su libertad de pedirle a su entrenador que tenga el título que más le guste. La regulación, en cambio, limita la libertad de aquellos que no creen que tal título sea necesario para sus necesidades particulares. Esto no minusvalora en modo alguno la calidad o valía del título. Si usted solo quiere contratar a entrenadores con el título por que el mismo le parece clave, es muy libre de hacerlo. Pero no fuerce a otros a hacer lo mismo.

¿Existe alguna evidencia seria de que las profesiones deportivas en Madrid no funcionan correctamente y que la intervención pública va a mejorar el funcionamiento de este mercado? Yo lo único que he visto son los vagos argumentos de siempre de “la salud no se puede dejar en manos de cualquiera”, que ya he despechado con vehemencia en otras entradas como esta sobre los entrenadores de futbol. La realidad es que ni existe evidencia de que el mercado deportivo no funcione adecuadamente ni evidencia de que la intervención pública mejore nada.

Las regulaciones como esta, casi siempre, son simplemente esfuerzos para levantar barreras de entrada en el mercado, limitar la competencia y reducir el bienestar de casi todos a favor del interés de unos pocos. De hecho, el mismo Aguado presume de ello. En sus propias palabras:

Uno de los objetivos principales de la Ley presentada por Ciudadanos pasa por “garantizar una correcta formación de los profesionales deportivos así como reducir el intrusismo en el sector”.

“Casi el 40% de las personas que prestan servicios deportivos no poseen ninguna titulación, mientras que el 30% de las personas que trabajan en este sector actualmente lo hace sin contrato”, ha criticado Aguado, para quien “esta Ley contribuye a que existan unas reglas de juego iguales para todos, donde se potencie la calidad y la competitividad de los servicios deportivos y se evite la competencia desleal”.

Cuando alguien menciona la palabra “intrusismo” es prueba de que lo que se trata es de limitar la competencia. No hay nada más castizo, más viejuno y más sinsentido que el término “intrusismo”, es pura mentalidad de “estanco” decimonónico o de sindicato vertical tardofranquista. Y lo de “competencia desleal” es ya de Juan Antonio Suanzes puro.

La economía española se encuentra atenazada por una regulación detrás de otra y lo último que necesitamos son más regulaciones absurdas. De hecho, la Comunidad de Madrid ha funcionado mejor que otras comunidades en las dos últimas décadas por haber evitado algunos de los excesos regulatorios más ridículos de otras regiones (sin ser, de todas maneras, ni de lejos la comunidad perfecta). No conozco los motivos detrás de esta prioridad peregrina de Ciudadanos de regular las profesiones deportivas en Madrid, pero Ignacio Aguado está dejando claro que es un enemigo del bienestar de los madrileños. Aguado no entiende ni como funciona una economía de mercado ni cuales son los principios básicos de la regulación y su labor legislativa se basa en reducir el crecimiento económico y la productividad de los habitantes de la comunidad de la capital de España. Para ese viaje no hacían falta las alforjas de un nuevo partido: el PP y el PSOE no parecían precisar de ayuda extra.