En una entrada anterior, argumentábamos que dadas las limitaciones a las que nos enfrentamos para reducir el paro cíclico con políticas fiscales, era perentorio intentar corregir el paro estructural existente y prevenir que se incremente con esta crisis.
En este sentido, además de intentar detectar y corregir los obstáculos a la contratación, otras cuestiones claves son: ¿Qué están haciendo nuestros parados? ¿Siguen buscando de forma activa? O por lo contrario, ¿se están desactivando ante el ya largo deterioro de las oportunidades de empleo y a riesgo de depreciarse aún más? ¿Se están reciclando? Y por otra parte, ¿Qué influencia tiene el seguro de paro sobre las decisiones de nuestros parados? y ¿Lo están haciendo bien nuestros servicios públicos de empleo?
En la entrada anterior, mostrábamos que a pesar de que nuestra tasa de paro se haya doblado en sólo tres años, la tasa de vacantes se ha mantenido prácticamente inalterada desde entonces. Señalábamos que un fenómeno similar se había producido también al otro lado del Atlántico (claro que con mucha menor intensidad). Y, allí, se esta debatiendo si ésta es una señal de que está aumento el paro estructural (un mayor desajuste entre las cualificaciones requeridas para cubrir las vacantes y aquellas que disponen los parados) o sólo un efecto colateral de las políticas aplicadas durante esta crisis (por ejemplo, una mejora en la protección del desempleo que desincentive la búsqueda activa de empleo).
En el contexto español, donde los servicios públicos de empleo tienen una mayor presencia (tirando a monopolista) como agencias de intermediación y de gestión de políticas activas destinadas a los desempleados, un mal funcionamiento de estos servicios podría ser en parte causante del desajuste que lleve a más paro estructural. Por otra parte, tener un seguro de desempleo más generoso podría ser causante, a su vez, de mayores dificultades para cubrir las vacantes.
Veamos primero que nos dice la teoría y la evidencia empírica disponible e indaguemos luego sobre estas cuestiones en base a datos recientes sobre búsqueda activa y formación de nuestros desempleados.
Las prestaciones alargan los períodos de desempleo …
El argumento teórico convencional consiste en que la protección por desempleo disminuye el coste de oportunidad de la búsqueda de empleo. Con ello aumentan los salarios de reserva de los desempleados (los que estarían dispuestos a aceptar por un empleo) y bajan la intensidad de su búsqueda, alargando la salida del paro hacia el empleo.
La evidencia empírica ha venido a confirmar reiteradamente esta hipótesis. Decenas de estudios muestran que a medida que se van agotando las prestaciones o subsidios, las tasas de salida del desempleo vuelven a aumentar. Para el caso español, véase por ejemplo este trabajo reciente de Yolanda Rebollo. Aparte de alargar los períodos de desempleo, Luis nos reportaba recientemente un trabajo de De la Roca que mostraba que las prestaciones también reducen la movilidad territorial.
… pero no se trata de aceptar cualquier cosa
Sin embargo, cuanto más severas sean las limitaciones financieras impuestas por seguros poco generosos, también será mayor la probabilidad de que los parados acepten empleos que no encajen con sus habilidades, dando lugar a emparejamientos menos productivos y de menor duración. Marimon y Zilibotti , por ejemplo, desarrollan un modelo de equilibrio de búsqueda en el que los seguros de desempleo reducen el empleo pero ayudarían a los trabajadores a encontrar puestos de trabajo relativamente más adecuados a sus cualificaciones.
Tatsiramos nos aporta evidencia empírica interesante en esta dirección. Utiliza los datos del Panel de Hogares de la Unión Europea para hacer balance de los dos efectos, el alargamiento del período de desempleo y el del empleo posterior, para ocho países, entre ellos España, durante el período 1994-2001. Llega a la conclusión de que en los países con seguros y subsidios de desempleo más generosos, los beneficiarios permanecen más tiempo en los empleos que siguen a los períodos de paro. En los casos de Dinamarca, Alemania y España, este efecto compensaría los efectos directos de una mayor duración del desempleo, por lo que se obtendría un efecto neto no-negativo.
¿Y qué ocurre en períodos de recesión?
Pero la mayoría de estas evidencias se basan en períodos de bonanza. En momentos como los actuales, no sólo preocupan los efectos que puedan tener los sistemas de protección por desempleo sobre la duración del paro, sino también sus deficiencias como estabilizadores automáticos, es decir, si son o no suficientes cómo para que no se refuerce aún más la recesión con una caída del consumo de los desempleados. En varios países, entre otros España, la crisis ha obligado a adoptar medidas a tal efecto, alargando los períodos de cobro o creando nuevos subsidios (véase el capítulo 1 del último Employment Outlook de la OCDE)
¿Cómo pueden haber afectado estos cambios al comportamiento de los parados, en su búsqueda de empleo y reciclaje? A continuación, intentemos analizar, sólo a modo descriptivo y agregado, qué está ocurriendo con la búsqueda activa y las actividades de formación de nuestros parados durante la crisis, en especial, en su condición perceptores o no de prestaciones y subsidios, y registrados como demandantes en los Servicios Públicos de Empleo (SPE).
La búsqueda de empleo ha aumentado durante esta crisis
En el siguiente gráfico, se muestra la proporción de personas que buscan empleo (o han realizado gestiones para establecerse por su cuenta) entre las personas no empleadas de 16 a 64 años y en función de su relación con las oficinas de empleo.
Como se puede observar, durante esta crisis, ha aumentado de forma significativa la proporción de demandantes registrados en los SPE que afirman buscar empleo de forma activa, tanto entre los que perciben prestaciones o subsidios como entre los que no los perciben. Tradicionalmente, la búsqueda activa era menor entre los primeros, pero en los últimos trimestres ya están incluso por encima de los segundos. Estos resultados bien se pueden asociar con el hecho de que dado el mal estado de la contratación, el coste de oportunidad de la búsqueda haya caído tanto que compense de sobra los efectos del cobro de prestaciones o subsidios.
Aun así, en el tercer trimestre del año pasado, un 30% de ambos grupos –perceptores y no perceptores- no realizaba esta búsqueda activa. Lo que supone más de un millón y medio de personas (700.000 y 820.000, respectivamente), una cifra muy similar a la estimada tres años antes (600.000 y 790.000 respectivamente).
La ineficacia de los SPE en la colocación de los parados
A lo largo de los últimos 3 años, sólo un 2% de los demandantes contactaron con los SPE por recibir una oferta de trabajo . Lo cual no es de extrañar, dado que los SPE sólo llegan a intermediar en un porcentaje muy muy residual de las colocaciones que se producen cada mes. Por ejemplo, el último dato disponible indica que para noviembre de 2011, sólo un 2.5% de los demandantes activos se colocaron con una oferta previa registrada en los SPE. Además, más del 60% de las nuevas colocaciones se produjeron con parados no registrados como demandantes de empleo en los SPE.
Y el dato más preocupante: la formación de quienes más lo necesitan.
Entre los parados demandantes en los SPE, con un nivel educativo correspondiente a la ESO o menos, sólo un 4-5% están adquiriendo formación no reglada, la mitad que antes de la crisis, e independientemente del cobro o no de prestaciones o subsidios, a pesar de los compromisos de asociar el cobro con la participación en itinerarios individualizados, en los que se supone que la formación ha de ser un ingrediente clave.
Conclusiones
En definitiva, estos datos vienen a justificar algunas de las recomendaciones que hacemos en nuestro último documento, “Diez principios fundamentales para lograr una reforma laboral eficaz y justa”, en especial, sobre la necesidad de reformar las políticas activas, actuando sobre los SPE, otorgándoles más recursos, buscando una mayor coordinación entre ellos y fomentando la colaboración con las agencias privadas tanto en la colocación como en la formación y, desde luego, bajo el prisma de la evaluación contínua y rigurosa de la eficacia y eficiencia de cada medida.
Por otra parte, no se inteprete mal, no se trata de rebajar la generosidad del seguro por desempleo con la finalidad de recortar gastos por la simple sospecha de que los beneficiarios estén abusando de forma generalizada del seguro para prolongar innecesariamente los períodos de paro. Esta medida indiscriminada podría tener el efecto perverso de que ocurriera todo lo contrario a lo deseado. En la medida de lo posible, se debe tratar de evitar que los nuevos emparejamientos sean de baja calidad y se rompan rápidamente. La vuelta al desempleo genera nuevos gastos en prestaciones, y más problemático aún, podría adentrarnos en una trampa de empleos de baja productividad, como si no hubiéramos ya padecido suficientemente este problema. Sin embargo, no por ello no se tiene que reforzar el control de la búsqueda activa. Los datos mostrados aquí indican que el porcentaje de inactivos entre los perceptores sigue siendo alto. Y sobre todo, se tratar de vincular más estrechamente la percepción del seguro por desempleo como incentivo a la formación de nuestros desempleados.