Uno de los problemas más complejos de la universidad española es la endogamia. Ni siquiera Podemos, que tiene soluciones mágicas para la pobreza, el desempleo o la deuda pública, parece haber encontrado la solución para nuestras universidades, y eso que las conocen de primera mano. Para intentar corregir el problema de la endogamia en España en su día se apostó por un sistema de controles externo, la habilitación/acreditación, con el que se pretende asegurar que los candidatos a una determinada plaza reúnen unos niveles mínimos de calidad académica. Tras siete polémicos años de rodaje del sistema de acreditación, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha anunciado la introducción a partir de esta primavera de una importante reforma.
Aunque todavía no se conocen los detalles definitivos, la ANECA ha avanzado en diversos foros sus principales aspectos (borrador del real decreto, presentación y video). Las evaluaciones, que hasta ahora estaban organizadas en cinco macro-ramas, pasan a estar estructuradas en ámbitos más específicos. Por ejemplo, en el caso de los economistas, pasaríamos de ser evaluados por una macro-comisión de Ciencias Sociales y Jurídicas a una comisión que únicamente incluiría las áreas afines: Economía Aplicada, Fundamentos de Análisis Económico, Historia Económica, Métodos Cuantitativos, Marketing, Finanzas y Contabilidad, y Organización de Empresas. En principio esta nueva configuración debería permitir que las evaluaciones fueran más precisas y más ajustadas a la idiosincracia de cada área disciplinaria. También se cambia la estructura de la evaluación, que estaba organizada en un rígido sistema de puntos por subáreas estancas y se introduce en su lugar un sistema más flexible que permite la diversidad de perfiles. Por ejemplo, como se señalaba en el (aparentemente malogrado) Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español, con el actual sistema un premio Nobel podría no conseguir la acreditación para Catedrático al carecer de puntos de gestión o no haber dado las suficientes horas de docencia. Las nuevas normas de compensación permitirían compensar esa menor experiencia docente con una excelente trayectoria investigadora. También parece positiva la idea de dar más peso en los baremos a la investigación, en detrimento de la gestión, la transferencia y la actividad profesional, aunque en la práctica la efectividad de estos cambios dependerá en gran medida de las exigencias de cada comisión. Por último, entre otras medidas, se promete introducir más transparencia, que hasta el momento era muy limitada. En el futuro las comisiones publicarán los criterios de evaluación utilizados en cada ámbito.
Es positivo que el sistema de acreditación se reforme periódicamente. La eficiencia de cualquier sistema de evaluación depende en gran parte de su dinamismo y de su capacidad para corregir las (inevitables) deficiencias que se detecten. Aún así hay muchos aspectos del sistema que siguen siendo cuestionables. El nivel de transparencia sigue siendo limitado y contrasta con las prácticas que se siguen en los países nórdicos o, más recientemente, en Italia. La experiencia de la Abilitazione Scientifica Nazionale es muy ilustrativa. Al inicio del proceso, los tribunales italianos publican online sus criterios de evaluación. Más adelante, también se pone a disposición del público los currículum de todos los candidatos y los textos de todas las evaluaciones donde el tribunal justifica cada decisión.
Un estudio que estoy realizando actualmente sobre este proceso conjuntamente con Mauro Sylos-Labini y Natalia Zinovyeva muestra que el grado de favoritismo observado en la Abilitazione ha sido sorprendentemente bajo para los estándares de la Europa meridional. Aprovechando que los miembros de los tribunales de evaluación son elegidos a través de un sorteo aleatorio, comparamos las posibilidades de éxito de unos 70,000 candidatos preinscritos en función de si un colega de su universidad o un coautor resulta elegido por sorteo como miembro del tribunal. La presencia de estas conexiones en el tribunal aumenta su tasa de éxito en cerca de un 12% (4 puntos porcentuales, del 34 al 38%). Esta cifra es muy inferior al sesgo que observábamos en un estudio muy similar que realizamos de las Pruebas de Habilitación celebradas en España entre 2002 y 2006. Analizando las evaluaciones recibidas por los cerca de 30,000 participantes en estas pruebas, en este caso la presencia (también decidida por sorteo) en el tribunal de un coautor o un colega aumentaba la probabilidad de ser habilitado en más de un 50% (unos 6 puntos porcentuales, del 9 al 15%).
No podemos descartar que la diferencia entre el grado de favoritismo observado en la Abilitazione italiana y la Habilitación española se deba a otros factores, por ejemplo a la mayor trascendencia que tenía el resultado de la evaluación en el caso español, pero aún así los resultados son muy sugestivos y son consistentes con la idea de que los evaluadores son más objetivos cuando hay luz y taquígrafos. Nos habría encantando realizar un estudio similar del sistema de Acreditación español introducido en 2007, pero la opacidad del sistema por desgracia lo impide.
La transparencia también tiene costes. Puede inducir a que los evaluadores utilicen únicamente “hard information” y renuncien a valiosa “soft information” que no puede ser publicitada (por ejemplo, cual ha sido la contribución de cada co-autor en un artículo). También es probable que conlleve un aumento en la litigiosidad. En Italia se han presentado cerca de 3000 recursos y se han desatado interminables discusiones públicas sobre las evaluaciones realizadas en algunos campos (e.g.: la comisión de Historia Económica únicamente consideró las publicaciones no co-autoradas). Pero en su conjunto, mi impresión general es que la transparencia introduce una rendición de cuentas muy necesaria para el sistema.
Hay otros problemas del sistema de acreditación que la reforma aparentemente no aborda. Se genera un ingente y costoso papeleo administrativo. En la era de internet cuesta creer que sea necesario un papel firmado y sellado para documentar la asistencia a una conferencia. La publicidad de los currículum y un control a posteriori más riguroso podría ser una alternativa mucho más eficiente. También genera dudas la evaluación de la docencia. Es peligroso dar un peso elevado a una dimensión que la comisión evaluadora, que ni siquiera interactúa con el candidato, observa de manera muy poco precisa. Muy a menudo los méritos docentes son valorados de manera lineal en función de los años que el candidato ha dado clase. Esta es una medida muy dudosa de la calidad docente, dar mal las clases durante muchos años debería ser más bien un demérito. Algo parecido ocurre con los méritos de gestión, tendría quizás más sentido dejar que los valorasen y los premiasen las propias universidades, que en este caso sí tienen la información y los incentivos adecuados. También es importante cómo se determina el número total de acreditados (en la actualidad ilimitado). Si el número de acreditados es excesivo en relación al número de plazas disponibles la acreditación tendrá un efecto muy limitado sobre las decisiones de promoción de las universidades.
No es fácil ser optimista acerca del futuro de la universidad española, una institución experta en que cambie todo para que todo siga igual. La raíz del problema probablemente resida en su gobernanza, que en general no proporciona los incentivos adecuados para contratar a los mejores profesores, en combinación quizás con la ausencia de capital social. El sistema de acreditación es una tarea de Sísifo que tiene los límites intrínsecos a cualquier sistema que aspira a cuantificar la calidad de una manera verificable. Más allá de esta reforma adicional del sistema de acreditación, quizás hubiera sido más conveniente introducir en las universidades españolas un sistema de incentivos que fomentase la meritocracia, vinculando la financiación de los centros a la calidad de la investigación y la docencia. O quizás, como proponía la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español, un sistema mixto, combinando la vía de la acreditación con más autonomía e incentivos. Pero en su defecto, y con las debidas cautelas, en mi opinión la reforma parece ir en la dirección correcta, potenciando la calidad en lugar de la cantidad, intentando poner coto a los comportamientos oportunistas no deseables (por ejemplo, la tendencia a la dispersión curricular para arañar puntos en cada subapartado), y prometiendo, aunque tímidamente, un deseable aumento de la transparencia.
Hay 26 comentarios
Excelente artículo. Es realmente ridículo el sistema de acceso al profesorado académico en España. Profesionales doctorados que imparten en universidades de toda Europa...se vuelven literalmente locos para poder hacerlo en este país...
Esperemos que para dentro de veinte años esto mejore un poco.
Saludos
Muy buena descripción. Creo que está bien la evaluación del profesorado para su acreditación, pero quizá habría que hacer una evaluación mayor de los propios méritos, antes de valorar si un candidato posee esos méritos. Por ejemplo, valorar de antemano si una revista mantiene su prestigio. O, por poner otro ejemplo, si la docencia se está valorando por métodos adecuados. Creo que el mayor peligro de un sistema de acreditación del profesorado es que los candidatos orienten su carrera no a una mejor docencia e investigación, sino a obtener los requisitos, y una vez obtenidos los requisitos, pues... Ese es el paso previo para que esos requisitos dejen de tener el papel deseado en la mejora de la investigación y la docencia. La docencia y la investigación son actividades creativas, donde cada profesional debe encontrar su camino y donde precisamente los mejores suelen ser los que van abriendo senda, no una actividad orientada al cumplimiento mecánico de objetivos.
Un cordial saludo.
Gonzalo, tu frase "los candidatos orienten su carrera no a una mejor docencia e investigación, sino a obtener los requisitos, y una vez obtenidos los requisitos, pues…" resume bastante bien el estado de muchos docentes en una fracción de la universidad española. Lamentablemente ...
La acreditación es una pesadilla burocrática y un absurdo. Evalúan cosas ya evaluadas, como la investigación. Pretende evaluar la docencia, cuando se supone que lo hacen las universidades. Premian otras que ya tienen sus incentivos, como la gestión (hay complementos económicos y descarga de docencia). La cantidad de documentación que hay que preparar, copiar, compulsar, clasificar, es horrible. Es estúpido tener a un profesional altamente cualificado convertido en archivero, y dedicando horas a esto. Dado que la acreditación no es más que un "permiso" para concursar a una plaza (¿qué plazas?), ¿no sería más lógico comprobar que el candidato reúne unos requisitos preestablecidos, como tramos de investigación, quinquenios de docencia, etc. y preocuparse de que esas evaluaciones se hagan bien?
De todas formas la universidad española sigue siendo un desastre. No puedes negociar tu salario (que es miserable), que no cambia apenas en toda tu carrera hagas lo que hagas, no te puedes mover, no tienes recursos para desarrollar tu trabajo (te tienes que buscar el dinero o ponerlo de tu bolsillo)... En suma, si tienes un sistema de selección objetivo y muy eficiente eliges a los mejores... bien, perfecto. Y ahora, ¿qué les ofreces? Todo es una farsa.
El mejor análisis -muy sintético- del problema de la universidad española que he leído últimamente es este de Francesc de Carreras:
http://elpais.com/elpais/2014/12/15/opinion/1418646405_524512.html
Hola Manuel,
muy optimista te veo. Un remiendo sobre una chapuza sigue siendo una chapuza.
Sergi
Totalmente de acuerdo, pues seguro que esta reforma no va a impedir que ocurra lo que se comenta en la noticia que enlazo
http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201502/02/camara-aparece-como-coautor-20150202002814-v.html
Hola Sergi,
Home, muy muy optimista no, pero sí que soy positivo en el sentido de que creo que al menos sí que se evitarán algunas de las situaciones surrealistas que ocurrían estos años. En cualquier caso si se sigue apostando por la vía de la acreditación es importante que haya un fine-tuning constante.
(O quien sabe, a lo mejor es que esto de vivir fuera de España le pone a uno de mucho mejor humor 🙂
En este blog, Gerard Llobet y otros economistas han escrito posts sobre los colegios profesionales y las muchas barreras a la entrada que limitan la competencia en mercados de servicios. Si recuerdo bien esos posts (quizás todos) estuvieron motivados por las restricciones groseras que limitan la competencia y los intentos por reformarlas para bien o generalmente para mal. En la línea de esos posts me pregunto si hay justificación alguna para un Sistema Nacional de Acreditación del Profesorado que, guste o no y cualquiera sea su estructura, es y será una restricción a la competencia. Por eso, y especialmente teniendo en cuenta que en el párrafo final del post se deja entrever lo absurdo de la pretensión de estandarizar la calidad de los profesores (algo observado en todos los niveles de educación formal), hubiera sido bueno justificar la continuidad de ese Sistema.
Mi impresión es que ese Sistema se justifica sólo en una economía donde el Estado monopoliza (o pretende monopolizar) la educación formal y la investigación universitaria (el monopolio se da en forma directa con la propiedad de las organizaciones pero también con el acceso a fondos públicos y a acreditaciones profesionales por organizaciones privadas sólo si cumplen las condiciones exigidas por el Estado).
Exacto, creo que el sistema de acreditación se justifica en un contexto en el que las universidades son cooperativas financiadas con dinero público que operan en un contexto no competitivo. Dada la ausencia de incentivos adecuados (y también una abundante evidencia empírica), el Estado introduce estos costosos mecanismos de control para intentar garantizar una calidad mínima en los procesos de selección.
Me alegro que lo tenga claro aunque no me alegro que lo acepte sin chistar. Aun frente a esa triste realidad, jamás hablaría de cooperativas sino de jerarquías (ver Montias, Structure of Economic Systems, cap. 12). En comparación con España, en el sistema universitario del Estado de California a nivel de departamento puede parecer que hay descentralización en asuntos importantes (en algunos los empleados parecen cooperar entre ellos), pero nadie hace carrera en el Sistema ignorando a la tremenda burocracia que controla los distintos niveles de cada universidad y del sistema (no incluyo community colleges despreciados por el resto del sistema). Por supuesto, la mayor restricción que enfrenta el Sistema de California es la competencia de otros sistemas estatales en EEUU y de universidades privadas por los servicios de sus profesores, al extremo que a nadie se le ocurriría montar un Sistema Estatal de Acreditación del Profesorado (aunque ojo con los sindicatos). En resumen, fuera del Sistema hay vida, pero en España no la hay (excepto emigrando).
Y tampoco hablaría de calidad, aunque fuera mínima. Eso requeriría preocupación seria de parte de toda la jerarquía (del primero al último) por el producto que se entrega a usuarios y consumidores y olvidarse de la satisfacción del deber cumplido como es tan común en las burocracias estatales (esto es, haber cumplido un horario haciendo lo que se pidió que se hiciera).
No me queda claro a qué incentivos y a qué evidencia se refiere. Le agradeceré un detalle de su idea.
EB,
Siento no haber contestado antes, no había visto la pregunta!
Creo que no me he explicado bien. No pretendía "defender" el sistema, sino que únicamente intentaba enunciar los argumentos teóricos que en los que se basa el sistema de acreditación. Como indico al final de la entrada, personalmente creo que habría sido mejor introducir competencia en el sistema (en el ámbito de la investigación al estilo Research Assessment Exercise, y en el ámbito de la docencia, cerrando las facultades que no atraen suficientes alumnos).
En cuanto a la evidencia empírica, me refería a los artículos que observan que, en un contexto poco competitivo, las universidades no parecen seleccionar a los mejores candidatos. Esto es lo que ocurría en España en los concursos para las plazas antes de la habilitación, donde en la práctica totalidad de los casos se llevaba la plaza el candidato local (Cruz-Castro, Laura, Luis Sanz-Menendez and Jaime Aja Valle 2006). También es lo que ocurrió en el caso de UAM que se menciona al principio de la entrada. (Es decir, no argumento que la acreditación solucione este problema, sino que en ausencia de acreditación tenemos un problema.)
Una pregunta de alguien desde fuera... si los males de la universidad española se conocen...¿por qué no se resuelven?, ¿quién se opone y tiene tanto poder de negociación que no permite el cambio?...
Esceptico, excelente pregunta (perdona mi respuesta sin acentos ni tildes(. Uno esperaria que los estudiantes, las familias, y los mejores docentes tuvieran ganas de ver un nuevo sistema. Pero los estudiantes, desde tiempos inmemoriales (o mejor, sus asociaciones) se oponen a cualquier intento de mejorar la calidad de la universidad. Creo que tienen tan poca esperanzade que las cosas mejoren, que prefieren lo de virgencita virgencita que me quede como estoy. A mi siempre me ha sorprendido, y siempre me ha parecido que un ministro de educacion que hubiera querido intentarlo hubiera tenido algunas posibilidades de conseguir que llos estudiantes fueran una fuerza de progreso y no de estancamiento en el "hacemos como que ensenamos y ellos hacen como que aprenden" que es nuestro sistema. Porque no hay huelgas contra las horrorosas clases, los aun mas horribles apuntes, la ensenanza aburrida y memoristica? Inconcebible, para mi.
Luis,
Pues sí, por desgracia los estudiantes son a menudo demasiado corto placistas y no están bien informados, una pena que no estén más involucrados los ex-alumnos.
De todas formas, la situación de los estudiantes a veces no es la más fácil. Recuerdo que en mi época de estudiante una vez recogimos toda la clase firmas para protestar por la mala calidad de la docencia en una asignatura y básicamente para lo que sirvió fue para que nos suspendieran a todos.
Los alumnos tiene su parte de responsabilidad, cierto. Pero la causa principal es el clientelismo y la endogamia en los procesos de contratación del profesorado, aunque suene a topicazo. A muchos compañeros se les llena la boca con la oferta, la demanda y los mercados competitivos, con la selección adversa y el azar moral, con la flexibilidad del mercado laboral, los incentivos, la productividad y blablabla. Todo mentira, la realidad de la universidad española es auténticamente medievalesca.
La visión de que 'la letra con sangre entra' y estudiar es memorizar (o aprender, acumular) está terriblemente arraigada en nuestra cultura y un mal sistema educativo como el nuestro institucionaliza a sus alumnos más que la cárcel a sus presos.
Dicho de otra forma: es un tanto injusto pedir (pedirnos) a nuestros estudiantes que emprendan un cambio social cuando son los que menos tiempo han estado fuera de la institución que más hace por evitarlo. ¡Paradójicamente, hace falta salir de la Uni para aprender a ser crítico y no al revés!
Esceptico,
Mucho me temo que dentro de la universidad no existe consenso ni en torno a los objetivos de la universidad (ver el comentario de Fede) ni en torno a las posibles soluciones. Puedes encontrar por ejemplo dos visiones muy distintas en el Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español y en las posiciones que normalmente sostienen los sindicatos UGT y CCOO ("consolidemos la plantilla").
Por otro lado, mi impresión personal (a lo mejor me equivoco) es que por desgracia el PP no se atreve a cambiar la gobernanza universitaria por el follón que se montaría y el PSOE ni se lo plantea por un problema de captura del regulador.
Estoy bastante de acuerdo con el artículo pero creo que no profundiza en las causas. El principal problema, como indica el autor, es de gobernanza. Más aun, de imprecisión en la definición de los objetivos y la jerarquización de las prioridades. Si consideramos los objetivos reales de las universidades públicas no podemos decir que no funcionan bien ya que los consiguen en buena medida: gastar poco, mantener una homogeneidad territorial de la calidad de las universidades en detrimento del desarrollo de centros de excelencia.. y, paralelamente, de otros de baja calidad, mantener contentos a PAS y a estudiantes más preocupados en obtener un título que en formarse... Respecto a los profesores, al menos en Economía, se busca que la docencia satisfaga los objetivos de los alumnos y que la investigación permita ordenar a los profesores atendiendo a su capacidad analítica en lugar de por la relevancia de sus resultados. Antes de cambiar nada deberíamos plantearnos que es lo que queremos.
En efecto, creo que esa es la clave. ¿Por qué no hay presiones internas para que se produzca un cambio? ¿Por qué todos participan de la farsa? Es un mundo cerrado en el que todos ganan algo. Los que pierden están fuera y no saben nada de él. He conocido 3 o 4 planes de estudios, todos malos; 3 leyes orgánicas, todas malas; varios rectores; dos universidades; y no creo que vaya a cambiar nada sustancial, la verdad. La universidad es uno de los grandes lastres del desarrollo de nuestro país.
No puedo resistirme a colgar este video.
Garantizo a los docentes universitarios unos minutos de buenas risas.
https://www.youtube.com/watch?v=0ET-XXLmZDc&feature=youtu.be
¿pasará lo mismo con la reforma de las acreditaciones?
Por desgracia creo que sí.
"¡Paradójicamente, hace falta salir de la Uni para aprender a ser crítico y no al revés!" dice DelVal del Bueno. "Creo que el mayor peligro de un sistema de acreditación del profesorado es que los candidatos orienten su carrera no a una mejor docencia e investigación, sino a obtener los requisitos, y una vez obtenidos los requisitos, pues…" dice Gonzalo Gª Abad. Y hasta hoy "con el actual sistema un premio Nobel podría no conseguir la acreditación para Catedrático al carecer de puntos de gestión o no haber dado las suficientes horas de docencia" dice el autor del artículo, Manuel Bagues. Sobre pilares tan maltrechos como esos descansa, cómoda en su inacción, la realidad.
http://hayderecho.com/2015/01/08/endogamia-omerta-y-corrupcion-en-la-universidad/
Un comentario ligeramente off-topic, pero que da un poco de idea acerca de la credibilidad que tienen los controles de calidad que realizan algunas universidades. Según informa el diario El País, la Universidad Miguel Hernández de Elche prohíbe que ningún investigador, estudiante o profesor pueda consultar la tesis doctoral de 697 páginas que Francisco Camps realizó en sus ratos libres mientras que era president de la Generalitat Valenciana. De todas formas, al parecer circula online una presentación del artículo. Está en inglés pero merece la pena, se titula: “Chicken, chicken, chicken”
Fiabilidad, ninguna. Cuanto más cerca vive el evaluador del evaluado, menos fiable es la evaluación. Pero la gestión no debería ser un mérito para acreditarse, y la docencia no se puede evaluar tampoco bien de forma centralizada. La investigación ya se evalúa fuera.
Dado que hablamos de acreditación, y no de obtención de una plaza, se deberían comprobar el cumplimiento de unos pocos requisitos objetivos, dar más peso a lo que se puede medir mejor, no considerar actividades ya incentivadas o que no forman parte de las tareas de un profesor y sobre todo impedir que todo esto suponga una pérdida monstruosa de tiempo para el evaluado (suponemos que un tipo muy cualificado, muy productivo, que no está para tonterías).
Estamos pendientes de rellenar papelitos, formularios, compulsas, clasificar documentos, para obtener un mísero complemento. Y todo está diseñado para que no te sea fácil pedirlo, para castigarte por pedirlo. Esto es un mundo de locos. Así nos va. Son otros los que deberían preocuparse de buscar el talento, darle recursos para desarrollarse e incentivarlo. El problema último es que la universidad y el funcionariado hispano son totalmente incompatibles.
Todo este sistema de acreditación y toda la endogamia universitaria, se acabaría con el cheque escolar. En vez de dar el dinero público a los rectores, que se lo den directamente a los estudiantes cuando se matriculen (con las garantías suficientes, claro).
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