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La otra tasa Tobin: un impuesto a los graduados

Lo he dicho en alguna ocasión, pero vale la pena repetirlo. La universidad tampoco es gratis. Dividiendo los costes entre el número de estudiantes, nos sale un coste claramente por encima de los 6000 euros al año. Las actividades de los profesores no son exclusivamente docentes, y la investigación básica requiere de una subvención. Asimismo la educación universitaria probablemente genera externalidades que es natural subvencionar. Aún así parece extraño que las tasas cubran solamente un 10% del coste. Hoy vamos analizar algunas posibles alternativas a la actual subvención sufragada con los ingresos generales del estado, siguiendo las discusiones de Oosterbeek y García-Peñalosa y Wälde.

Comencemos por aclarar una cosa. Además de las externalidades que hemos mencionado al comienzo, la subvención universitaria podría estar justificada por motivos de equidad, igual que la obligatoria. Pero la educación universitaria es diferente, no todas las personas gozan del subsidio. Esto implica que si la corriente descontada de rentas futuras del universitario medio es mayor que la del pagador de impuestos medio, el subsidio a los estudios universitarios, es una transferencia de rentas inversa, de los pobres a los ricos.

Esto no quiere decir que no existan razones para realizar la subvención de la parte docente. Además de las externalidades ya mencionadas, una muy importante es que los mercados de capital no son perfectos, y esto puede presentar un tipo de problemas de equidad distinto, que afectan al acceso a la educación. La universidad podría financiarse en principio con préstamos a los universitarios, a devolver cuando tuvieran suficientes ingresos. Pero los ingresos futuros dependen del esfuerzo del estudiante para conseguir rentas elevadas. Como el banco no puede comprobar que ese esfuerzo se realiza, una persona joven que no pueda ofrecer garantías reales, algo particularmente serio entre jóvenes de familias de rentas bajas, el préstamo puede no concederse o hacerse en condiciones que impiden el acceso a la educación de manera ineficiente a algunas personas. Otro problema es que dada la prima de riesgo que tiene que cobrar el banco por el crédito, algunos estudiantes, entre los que probablemente estén presentes de manera mayoritaria los que menos riesgos supongan, encontrarán la prima de riesgo muy elevada y buscarán otra forma de financiarse. Esto proceso de selección adversa y primas de riesgo elevadas como mínimo genera una inversión menor a la socialmente óptima.

Los tres sistemas más habituales alternativos a la subvención pagada por impuestos generales son: un sistema de préstamos puro, un sistemas de préstamos con devolución contingente a la renta y un impuesto a los graduados. El sistema de préstamos puro requiere que los estudiantes devuelvan la cantidad prestadas más los intereses en su totalidad, como si fuera una hipoteca, pero al estar normalmente garantizados por el Estado o concedidos por una institución pública, podría resolver algunos fallos de mercado mencionados con anterioridad. Normalmente el sistema de préstamos puro está complementado por una política de becas para los estudiantes de familias con rentas más bajas. El préstamo contingente solamente obliga a devolver el préstamo cuando la renta pasa de un umbral y computa los pagos como un porcentaje de la renta. La característica más importante de este sistema es que ningún estudiante paga más de lo que costó su educación más los intereses, lo cual supone que algunos de los costes de la educación no se sufragan por esta vía y requiere de los impuestos generales para sufragar las pérdidas del sistema. El impuesto a los graduados supone que los costes del sistema universitario se imputan solamente a los graduados universitarios y se cobran como una sobrecarga en los impuestos sobre la renta. La diferencia clave con el préstamo contingente es que no hay un déficit que cubrir con la imposición general.

El sistema de préstamos con becas parece interesante porque el préstamo garantizado resuelve el problema de la imperfección del mercado de crédito y la beca el problema de equidad con el estudiante de familia desfavorecida. Pero tiene el problema de que ese estudiante puede acabar teniendo rentas muy elevadas y su educación ha sido financiada por gente con rentas medias muy inferiores.

El sistema de préstamos contingentes y el de impuesto a los graduados se parecen mucho y presentan la ventaja fundamental de que los estudiantes que acaban ganando poco no tienen que pagar la educación, lo que supone un desincentivo menor a educarse para los individuos más aversos al riesgo, que son más frecuentes entre los estudiantes de origen socioeconómico más desfavorecido. Un inconveniente común es que al pagarse la devolución de manera proporcional a la renta de un período, suponen un desincentivo adicional a la oferta de trabajo. Y existe un tradeoff entre los dos. El impuesto a los graduados supone que los estudiantes exitosos pagan la prima de riesgo (el exceso de coste de los que tienen menos éxito en la vida) y por tanto reducen sus ingresos y por tanto el atractivo de educarse. El préstamo contingente no tiene este efecto de desincentivo a estudiar, pero el aseguramiento para los estudiantes fracasados económicamente lo pagan también los que decidieron no estudiar, con lo que hay un problema de subvención de los pobres a los ricos, eso sí, menor que cuando toda la subvención se paga vía impuestos generales.

Como cualquier mecanismo de seguro, éste puede generar un problema de riesgo moral, que hace que la gente no se esfuerce lo suficiente en obtener el título o escoger uno que presente una rentabilidad adecuada. Este problema aconseja que la subvención no sea completa para paliar el problema.

Una cuestión importante que escucho a menudo en este debate es si en la realidad los impuestos a los graduados pueden desanimar el acceso a la universidad a los estudiantes de familias desfavorecidas que vean el futuro impuesto como una carga amenazante. El caso de Australia es interesante para contestar esta pregunta. En 1989 se introdujeron tasas que cubrían el 23% de los costes de la universidad. Estas tasas se podían pagar con un descuento de inmediato o diferir el pago como una sobrecarga al impuesto sobre la renta que se empieza a pagar cuando se gana la renta imponible media y se carga un tipo de interés igual a la inflación. La sobrecarga es del 3%, 4% o 5% dependiendo el umbral de renta. Chapman estudió este sistema y encontró que la mayoría de los estudiantes preferían el pago diferido y que no parecía desanimar al estudio. Esto lo vio tanto en una encuesta realizada a estudiantes de bachillerato, que no lo consideraban una razón importante para no ir a la universidad, con independencia de su estatus socioeconómico, como en la variación de la tasas de matriculación, cuya tendencia positiva no cambió para ningún grupo social como consecuencia del impuesto.

Una curiosidad, que destaco en el título, es que Arrow (p. 25) atribuye la idea del impuesto a los graduados al físico Jerrold Zacharias y en una versión modificada (que no he podido encontrar) a James Tobin. Así que yo me apunto a esta tasa Tobin, por justicia y por eficiencia.