Esta entrada es de un invitado especial de cuya presencia ya hemos disfrutado alguna vez: Guillem López i Casasnovas, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra y presidente de la Asociación Mundial de Economía de la Salud.
El artículo que sigue es una traducción de uno que publicó en Avui, y que podéis encontrar aquí si preferís ir directamente a la fuente. Nos ha parecido que era muy oportuno reproducirlo aquí por su calidad y por su naturaleza complementaria con la serie de artículos sobre pensiones que esta coordinando Juan Rubio los sábados, completada por las reflexiones del propio Juan los viernes:
Este pasado lunes el presidente del Gobierno de España ha hecho una declaración firme de su compromiso inequívoco de reformar las pensiones sin más dilación. Se reconoce así un problema conocido y a conveniencia ignorado: que las variaciones demográficas y del mercado de trabajo cuestionan a diez o quince años la solvencia del sistema. Tenemos como es sabido un sistema de reparto por el cual las pensiones de los jubilados se financian con las cotizaciones de los ocupados. Se trata así de un tipo de deuda implícita que el estado asume cuando se compromete, a cambio de que los cotizantes paguen a los pasivos de hoy, a que otros activos paguen mañana sus pensiones.
Algunos analistas han exagerado en el pasado la magnitud del problema de manera simétrica a algunos otros que han negado su gravedad. Pero ahora ya no puede haber dudas razonables sobre el asunto dado que los que tendrían que haber nacido y encontrado buenos trabajos para hacer frente a las cotizaciones futuras no lo han hecho, tal como resulta de la observación de lo que ha sido la tasa de fecundidad, mientras que los que nacieron con el baby boom español están ya en puertas de pedir que se cumpla la promesa que se les hizo cuando cotizaban en el a cuenta de su jubilación.
Hay cosas que son más o menos opinables, más o menos poliédricas. La métrica de las pensiones no lo es. Más bien es contundente. Si se quiere mantener una relación constante entre gasto en pensiones y la renta del país, cualquier variación identificable a la ratio de dependencia (el peso de los mayores de 65 años respecto de los que tienen entre dieciséis y sesenta cinco) sólo se puede compensar con una tasa de ocupación de la población activa más elevada (incremento del trabajo), una reducción del número de pensionistas respecto de todos aquellos que aspiran a serlo, o con una disminución de la pensión media respecto de la productividad media de la economía. O una combinación de los tres factores, está claro. Noten que población activa multiplicada por ocupación, y multiplicado todo por la productividad es la renta del país. Y la pensión media por el número de pensionistas es el gasto en pensiones. El resto se cancela. Simple aritmética.
(Nota de Cabrales: la fórmula que reproduzco a continuación, que ilustra el texto anterior, así como otras consideraciones adicionales interesantes de Guillem López las pueden encontrar aquí.)
Se trata, pues, de habas contadas. Sin incertidumbre ya sobre la variación de la relación de dependencia, vista la magnitud del cambio demográfico en los próximos diez o quince años, con seguridad habrá que ajustar los otros tres factores de manera combinada. En primer lugar, la tasa de ocupación, que creció bastante con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, necesitará mejorar incluso por encima de los niveles que teníamos antes de la recesión (ya descontamos que la crisis complica las cosas; pero suponemos que es coyuntural, porque si fuera para siempre entraríamos en insolvencia antes incluso del periodo mencionado). ¿Fiémoslo pues a un buen comportamiento de futuro del mercado de trabajo? Nada seguro a día de hoy. El segundo factor requiere rehacer las condiciones de quienes tienen derecho a jubilarse de entre los potenciales jubilables. Aquí se observan propuestas políticas que pueden llevar a que nos jubilemos más tarde. Finalmente, el estado puede hacer (por ley) que las pensiones medianas crezcan relativamente menos que la productividad mediana de la economía, evitando la indexación o alargando el periodo de años cotizados a conveniencia para lograr aquella finalidad.
Antes de seguir adelante alguien puede cuestionar el objetivo de mantener la relación gasto en pensiones/PIB. No seré yo quien discuta esto, siendo como es un asunto político y no técnico, tanto vinculado a aumentos de la presión fiscal general (conectando impuestos a su financiación) como la subida de cotizaciones (gravando la misma creación de ocupación en favor del capital). Quizás nuestros parlamentarios aceptarán algún punto adicional por encima de la cifra del nueve y pico actual, pero difícilmente, creo, al ritmo de crecimiento de la tasa de dependencia, que muy probablemente se doblará. También se puede a alegar que en el pasado este tipo de predicción ha sido errónea, y que la entrada de inmigrantes resuelve el problema. Esto es un disparate de quien confunde el aumento de tesorería de la caja del estado (cuando la coyuntura es buena recaudamos más e incrementamos el gasto) con la del aseguramiento: más ingresos hoy son más derechos meritados (gastos) mañana, que se tienen que aprovisionar mínimamente. Además, en la medida que aumente el reagrupamiento familiar, las ratios bajas de pasivos respecto de los inmigrantes ocupados se normalizarán. Por otro lado, su productividad se sitúa por debajo de la media, cosa que da lugar a ingresos inferiores. Además, los derechos de las mujeres que hoy cotizan darán lugar a un número más grande de pensionistas simplemente por el hecho de que su esperanza de vida en la jubilación es más alta que la media. Finalmente, alguien puede decir que no hace falta que se haga nada en ninguno de los sentidos correctores anteriores puesto que quizás contando perfiles de personas y no su simple cuantía, descubramos que la productividad mediana futura de la economía será tan elevada que unos pocos que trabajen, con lo que coticen de sus salarios, nos podrán mantener a todos. Ojalá. Pero nada apunta a que este sea el caso español, que mantiene crecimientos productividad que casi no superan el medio punto decimal al año en los últimos quince años. Muchas cosas tendrían que pasar para esto no fuera cierto y nos ahorráramos el ajuste. De forma que ya hace bien Zapatero cogiendo al toro por los cuernos. O que yendo a lo suyo, economías más productivas como la vasca, reivindiquen seguridad social propia.
En el contexto anterior, el retraso de la jubilación tiene todos los números de ser la medida utilizada, puesto que como alternativa, el impacto equilibrador de reducciones relativas de las pensiones medianas representan poco y tienen efecto sólo a largo plazo. Pero la propuesta no tendría que ser en mi opinión aumentar la edad de jubilación, pongamos para todo el mundo a sesenta siete años, sino establecer una regla de procedimiento que en el velo de la ignorancia resulte justa. Por ejemplo, que todo trabajador que lleve cuarenta y cinco años en el mercado de trabajo como población activa, con unos mínimos de cotización, se pueda jubilar con el cien por ciento de la pensión. Cómo la esperanza de vida tiene gradiente social, a quien le ha tocado trabajar desde los quince años a los sesenta, tiene que poder jubilarse voluntariamente. De hecho, el perfil que acabo de describir tiene una esperanza de vida en la jubilación inferior a quien ha entrado, pongamos, con veinticinco años y se tendría que jubilar, de acuerdo con la regla, a los setenta. Como resultado, este procedimiento permite que se aproxime la esperanza de vida post-jubilación de ambos, evitando que las largas cotizaciones de los primeros financien las actuales prejubilaciones de los segundos. Con todos los elementos de voluntariedad e incentivos a las conveniencias personales y de pareja que hagan falta, la regla anterior configura un procedimiento más justo que el retraso indiscriminado de la edad de jubilación.
Finalmente, hay que ajustar pensiones medias con salarios (productividad) medianos. No se trata de nuevo de predeterminar una cifra sino de fijar un criterio. Por ejemplo, que se mantenga una cierta proporción entre los salarios limpios de impuestos y prestaciones definidas por los activos, y las pensiones limpias (también monetarias y en especie) de los pasivos. De forma que, a buenas, si aumentara mucho la productividad, los pensionistas fueran partícipes también de esta ganancia, y cuando se produce un choque demográfico como el actual no lo tuvieran que hacer frente en exclusiva los nuevos cotizantes. Jóvenes que por primera vez pueden acabar teniendo una expectativa de bienestar a lo largo de su vida inferior a la de sus predecesores.