Las continuamente mencionadas “reformas estructurales” no constituyen un bloque homogéneo de medidas sino un conjunto de políticas micro y macro que tienen por objeto dotar a la economía de mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios de contexto y para alcanzar un mayor nivel de eficiencia.
El diseño de estas medidas es fundamental para que se logre su objetivo: por un lado, tales medidas deben ser coherentes con el objetivo que persiguen y, por otro, deben proveer los incentivos suficientes a los agentes a los que van destinadas para que éstos se comporten conforme a los resultados deseados .
Si las medidas están mal diseñadas o los destinatarios no responden a las mismas, las reformas no tendrán efecto y, por tanto, será equivalente a no adoptarlas.
Un ejemplo en el que se incumplen ambas premisas es el diseño de la libre elección de suministrador de gas y electricidad en España. Con la introducción de la libre elección de suministrador energético se pretendía reducir los márgenes de comercialización, promover la innovación tarifaria y trasladar la consumidor señales de los cambios en el precio de la energía. Tres años después de la puesta en marcha del proceso son muy pocos los consumidores que han cambiado de suministrador. Es más, el 85% de los consumidores de electricidad y el 40% de los de gas siguen sujetos a tarifas reguladas ¿Por qué no ha despegado la libertad de elección de suministrador de energía en España?
La liberalización la comercialización de gas y electricidad implica que la compañía que hasta entonces nos traía la red a nuestros hogares (el llamado distribuidor) ya no tiene por qué ser la misma que la que nos suministra el gas o la electricidad (el comercializador). Los consumidores, que permanecían anteriormente cautivos con el propietario de la red, pueden ahora elegir la compañía que les suministre la energía.
Si uno observa otros sectores que han pasado por procesos similares, como el de las telecomunicaciones, uno esperaría que, como consecuencia de la posibilidad de elegir, se multiplicasen las ofertas comerciales, apareciesen distintos planes tarifarios adaptados a los distintos perfiles de consumo tales como tarifas planas o tarifas distintas según la hora de consumo o que los consumidores pudieran elegir entre prepago y postpago. Así, por ejemplo, en Tejas y Pensilvania los consumidores pueden comprar tarjetas prepago para controlar su consumo o para suministrar electricidad a inmuebles de alquiler. En el Reino Unido, varias cadenas de supermercados como Sainsbury’s o Marks & Spencer venden electricidad a sus clientes bajo sus propias marcas.
En varios países, entre ellos España, existen ambiciosos planes de instalación de contadores inteligentes. Éstos permitirían conocer el precio de la energía en tiempo real y, por tanto, programar el consumo de forma que se pudiera poner la lavadora o el lavavajillas o programar la calefacción en las horas más baratas. Los contadores inteligentes son una realidad en Italia, en partes de Australia y en los países nórdicos aunque su utilización para ofrecer tarifas horarias diferenciadas es limitada. En países como Bélgica o Alemania los consumidores más concienciados pueden optar por un suministrador que garantice el origen renovable de su electricidad.
Sin embargo, lo que observamos en España es que las compañías presentes en el mercado son las de siempre, la diferenciación tarifaria es escasa, la innovación limitada y los consumidores tienden a quedarse con su operador histórico. ¿A qué se debe ésta apatía del mercado?
Además de la inercia de los consumidores a permanecer con el operador tradicional, propia de todo proceso de apertura a la competencia, existen otros factores que interfieren en el proceso de libre elección de proveedor. En primer lugar, el coste de la energía supone menos de la mitad de la factura eléctrica y de gas. El resto son costes regulados o impuestos y recargos por lo que los beneficios de la libre elección en términos de precio es limitada. Es decir, el consumidor podría no tener incentivos a incurrir en los costes de cambiar de suministrador ya que los beneficios serían poco apreciables. En segundo lugar, la existencia de una tarifa de ultimo recurso que cubre a un alto porcentaje de consumidores no ofrece incentivos a los suministradores a ofrecer planes tarifarios alternativos. Esta tarifa regulada limita los beneficios en términos de precios que podría obtener el consumidor al cambiar de suministrador. Es decir, el sistema está mal diseñado.
La tarifa regulada se determina por un mecanismo mediante el cual un ente compra la energía en el mercado mayorista por medio de un procedimiento de subasta en representación del conjunto de los consumidores acogidos a esta tarifa. Es una tarifa determinada por mecanismos de mercado y que traslada al consumidor los beneficios de la competencia.
El consumidor puede optar entre acogerse a la tarifa regulada o acudir al mercado en busca de un suministrador de energía a un precio libre. Sin embargo, el hecho de que haya una tarifa regulada competitiva desincentiva a los comercializadores a ofrecer tarifas innovadoras y a los consumidores a buscar proveedores alternativos. La coexistencia de una tarifa regulada y de la libertad de elección es, por tanto, superflua.
El regulador debería elegir: o una tarifa regulada o una libertad total de elección (en ambos casos es posible la existencia de una tarifa social). Los sistemas híbridos están llenos de contradicciones y no logran los objetivos de la política energética: racionalizar el consumo, ajustar los precios a los costes y, en definitiva, beneficiar al consumidor con mejores precios y mayor posibilidad de elección.
La iniciativa reciente de la Comisión Nacional de la Energía de ofrecer un comparador de tarifas en su página web sería un paso en la dirección correcta si hubiera en realidad distintas tarifas para elegir. Dado que la diferenciación es escasa, la iniciativa es baldía.
Por tanto, el regulador ha hecho más trabajo del necesario, los suministradores no compiten por los consumidores y el consumidor se queda dónde estaba. Reformas sí, pero efectivas.