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La evaluación de la reforma laboral de la OCDE

logooecd_enDe Samuel Bentolila y Marcel Jansen

Hoy se ha hecho público el Estudio de la OCDE sobre la reforma laboral de 2012 (estudio completo), que fue encargado por el Gobierno a la OCDE, una organización multilateral que recolecta datos sobre los países miembros, que son los más ricos, y emite predicciones y recomendaciones. No estamos aún en condiciones de opinar sobre los análisis empíricos que sustentan sus conclusiones, pero nos vamos a atrever a dar una reacción rápida a las recomendaciones del informe para los lectores de NeG.

Las conclusiones del informe (pp. 44-46) recogen que la OCDE considera la reforma como un paso significativo en la dirección adecuada. Acto seguido reconocen que han realizado "una evaluación muy preliminar de los efectos a corto plazo de la reforma sobre el comportamiento del mercado de trabajo" (la traducción es nuestra).

Las palabras señaladas en negrita son importantes para poder valorar el alcance del informe. En efecto, la OCDE indica que ha pasado muy poco tiempo, que solo ahora empiezan a aparecer señales de recuperación económica y que la reforma afecta a tantos aspectos que es difícil identificar un grupo de referencia que permita hacer una evaluación estándar, es decir, encontrar colectivos de trabajadores o empresas no afectados por la reforma para poder compararlos con los afectados (aquí dimos una explicación).

Resumiendo ahora sus resultados empíricos, el informe encuentra que la reforma ha contribuido a la reducción de los costes salariales de las empresas, aunque advierte que se deberían vigilar sus efectos sobre la desigualdad (que destacamos ayer). También encuentran un efecto de menor destrucción de empleo, en especial de los temporales.

Estos resultados están en línea con otras evaluaciones preliminares del BBVA y el Banco de España, citadas en el informe. Donde el informe de la OCDE es bastante más atrevido es en los efectos de la reforma sobre la contratación.

En particular, según los resultados de la OCDE, obtenidos sobre la base de datos administrativos de la seguridad social (Muestra Continua de Vidas Laborales), la reforma ha elevado la contratación indefinida y reducido la duración del paro, principalmente por la mayor rapidez en la salida a un contrato indefinido y sobre todo para quienes tenían un contrato temporal antes de quedarse parados.

El aumento detectado en la contratación indefinida se concentra en las empresas pequeñas y medianas. Según la OCDE, estas empresas se han beneficiado de la reducción de las indemnizaciones por despido y la introducción del contrato indefinido para emprendedores. Las grandes empresas también se benefician de las menores indemnizaciones en despidos individuales, pero la reforma ha introducido costes adicionales en los despidos colectivos y la reforma ha generado un alto nivel de inseguridad jurídica.

En términos cuantitativos, la OCDE estima que la reforma "podría haber aportado" unos 25.000 nuevos contratos indefinidos al mes y aumentado la participación de estos contratos en el flujo de contrataciones en unos tres puntos porcentuales, pese a lo cual la proporción de los temporales en los nuevos contratos sigue siendo muy alta.

A partir de estos resultados empíricos, la OCDE desgrana una serie de recomendaciones:

Despido colectivo. Proponen restringir más la libertad de los jueces para declarar la nulidad de los despidos --que implica la obligatoriedad de la readmisión del trabajador-- a las causas de discriminación, como sucede en los despidos individuales. También recomiendan echar marcha atrás en el aumento del coste de los despidos que se vincula a la rentabilidad futura de la empresa (que es obviamente impredecible).

Periodo de prueba. Para las empresas de más de 50 empleados, y que por tanto no pueden acceder al contrato de apoyo a emprendedores con periodo de prueba de un año, proponen elevarlo al menos hasta la duración media de la OCDE.

Indemnización por despido. Abogan por una mayor convergencia en los costes de despido de temporales e indefinidos, mediante la reducción del coste de los segundos.

Políticas activas de empleo. Recomiendan integrarlas mucho más con las políticas pasivas (es decir, las prestaciones por desempleo) y una vigilancia y evaluación rigurosa de las políticas activas de las comunidades autónomas en cooperación con agencias privadas de colocación. También proponen la introducción de la "garantía juvenil", de formación o de empleo, que propuso el Consejo de Europa en febrero pasado.

En nuestra opinión, estas recomendaciones son acertadas, con algunos matices. Con respecto a la temporalidad, este año solo el 7.8% de los contratos ha sido indefinido (frente al 10.1% el año pasado) y la tasa de temporalidad es ahora del 24%, habiendo subido dos puntos porcentuales en los dos últimos trimestres.

El acercamiento de las indemnizaciones por despido de indefinidos y temporales es buena idea, pero no solo mediante la reducción de las primeras sino también, y principalmente, por la supresión de la mayor parte de los contratos temporales y la introducción de un contrato indefinido único con indemnizaciones crecientes (como hemos explicado hasta la saciedad).

En segundo lugar, resulta llamativa la ausencia de cualquier recomendación sobre la negociación colectiva. Las medidas tomadas por el gobierno en esta área han ido en su mayoría en la dirección adecuada, pero no han resuelto la falta de representatividad de la patronal y los sindicatos. Los umbrales de representatividad necesarios para la extensión de los convenios a todas las empresas del sector de referencia deberían elevarse significativamente.

También es notable la falta de referencias claras al aumento del paro de larga duración. La OCDE apoya la introducción de una garantía juvenil, algo que en nuestra opinión es una ilusión cuando tenemos más de 700.000 jóvenes que tendrían derecho a ayudas, pero no menciona en ningún momento la necesidad de adoptar medidas específicas para los parados mayores. La modernización de las políticas activas conlleva necesariamente también la determinación de prioridades y no está claro que el paro juvenil sea la prioridad absoluta.

Para terminar, la OCDE indica en que "está por ver si la reforma laboral de 2012 será suficiente para transformar el mercado de trabajo español en un mercado que combine la flexibilidad con la equidad y la seguridad de los trabajadores". Nos suena demasiado educado. Pensamos que el informe es excesivamente optimista y que las recomendaciones de la propia OCDE, además de otras que no ha incluido, son necesarias para alcanzar ese loable objetivo.