César Molinas, Fundador de Multa Paucis, ha escrito este artículo para La Vanguardia, que reproducimos aquí por su interés.
Hace algún tiempo vi en YouTube el video de una gallina decapitada que corría convulsivamente. Este video me ha vuelto a la memoria al volver de vacaciones, mientras me ponía al día de lo ocurrido en España durante el mes de agosto. ¡Qué mes más intenso! Reforma de la Constitución, contrarreforma laboral, rebaja del IVA para la compra de vivienda nueva, globos-sonda sobre más impuestos para los ricos… ¿A qué responde esta explosión de activismo en un gobierno que está clínicamente muerto? ¿A una estrategia coherente a largo plazo para cambiar el modelo económico y acelerar la recuperación de la economía española? Más valdría tarde que nunca. ¿O son movimientos espasmódicos de una carrera final sin rumbo, como la de la gallina de YouTube? Veamos.
Empecemos por la reforma de la Constitución para introducir en ella un mandato de estabilidad presupuestaria. Sin entrar en las cuestiones de procedimiento, fundamentales en toda democracia, voy a argumentar que el fondo de la cuestión es irrelevante, pero que el hecho de que el Gobierno haya planteado el tema es muy preocupante. España tiene mucha experiencia legislativa en materia de estabilidad presupuestaria. Ciñéndonos sólo al siglo XXI, en 2001 se aprobó la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, cuyo texto se refundió posteriormente con el de otras disposiciones. Este texto refundido estaba en vigor en 2009, cuando el déficit público fue el 11% del PIB, con una componente estructural del 8%. Estas cifras no hubiesen sido muy distintas si la Constitución hubiera tenido un mandato de equilibrio presupuestario. No lo hubieran sido porque el presupuesto público español, para financiarse sin déficit, necesita una burbuja inmobiliaria en plena fase expansiva. Es un presupuesto que no se puede financiar en condiciones normales de la economía. La reducción del déficit se está consiguiendo a base de recortes que no ponen en cuestión ningún programa de gasto relevante. Por poner un ejemplo, en la embajada española en Washington se ha desenroscado una bombilla de cada dos, para ahorrar en luz. Como los recortes no son suficientes, se deja de pagar, pero no de gastar, a la espera de que vuelvan los viejos buenos tiempos. Pero no volverán. Poner el déficit cero en la Constitución sin reformar en profundidad el presupuesto público tendrá los mismos efectos que el famoso artículo de la Constitución de Cádiz que mandaba a los españoles ser “justos y benéficos”: ninguno. Lo que se necesita es reconocer la realidad y hacer un Presupuesto de base cero a todos los niveles de la Administración. Lo demás, como decimos los catalanes, es “hacer volar palomas”. Marear la perdiz, vamos.
Lo preocupante es que la propuesta de reforma de la Constitución en la que parecen estar de acuerdo Gobierno, PSOE y PP revela un diagnóstico compartido sumamente erróneo de lo que está ocurriendo en los mercados financieros. Peor aún: revela también un diagnóstico igualmente erróneo sobre la naturaleza de la crisis española. Los mercados castigan a España no porque tenga una deuda pública del 67% del PIB o una deuda exterior bruta del 175%. Los EE. UU. y Alemania, por ejemplo, tienen más deuda pública. El castigo se debe a que para poder pagar una deuda, cualquier deuda, la economía tiene que crecer y las perspectivas de crecimiento de la economía española en la próxima década –o décadas- son nulas. Por eso poner el déficit cero en la Constitución o, para el caso, plantarlo en la bandera rojigualda en lugar del escudo, no va a tranquilizar a ningún inversor que tenga en su balance activos españoles. En Alemania se introdujo el mandato de presupuesto equilibrado en la Ley Fundamental para disciplinar fiscalmente a los Estados de la federación, quienes desde el Bundesrat acaban teniendo la llave presupuestaria. Quizás, como se malicia Duran Lleida, aquí se está intentando hacer lo mismo. A mí, al contrario que a Duran, no me parecería mal, siempre y cuando se hiciera con debate y transparencia. Pero no confundamos la velocidad con el tocino: la reforma de la Constitución no va a tener ningún efecto calmante sobre los mercados financieros. Y dejemos a los pájaros tranquilos, por favor.
He escrito mucho sobre la naturaleza de la crisis actual. Empecé en 1999 y pienso seguir haciéndolo. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha sido el detonante y la crisis financiera global el agravante, pero nuestra crisis nos la hemos construido nosotros mismos por no haber hecho los deberes que comportaba la adhesión al euro. El modelo económico español tradicional tenía un ciclo de tres fases: 1. Expansión; 2. Crisis de balanza de pagos debido a la pérdida de competitividad causada por los aumentos de precios y salarios; 3. Recesión y devaluación de la peseta para restaurar la competitividad. Y vuelta a empezar. En este último ciclo hemos recorrido las fases 1 y 2, pero la 3 no es una opción, a no ser que nos salgamos del euro. Por eso, si no restauramos la competitividad, nos vamos a quedar atascados en el fondo, como le pasó a Portugal, que lleva 12 años sin crecimiento económico. Y no hay otro modo de restaurar la competitividad que reformar los mercados de factores, bienes y servicios para hacerlos más flexibles. El diagnóstico es de manual, pero no hay ningún partido político español que lo comparta, por lo menos de manera explícita. De ahí mi preocupación.
Pero ¿no son estas reformas estructurales, precisamente, las que el Gobierno presume de haber hecho? Presume, pero no las ha hecho, con una única excepción. El gobierno alardea de haber hecho cuatro reformas de calado: la del mercado laboral; la de la negociación colectiva; la de las Cajas de Ahorro; y la de las pensiones. Solamente en la última se ha dado un paso significativo en la buena dirección, paso que requerirá de más medidas dentro de algunos años para estabilizar el impacto presupuestario del aumento de la esperanza de vida de la población. De las Cajas de Ahorro no voy a decir nada hoy, aunque el tema me tiene muy intranquilo. He dicho ya algunas cosas en estas mismas páginas y diré más, cuando toque. La reforma de la contratación en el mercado de trabajo sucumbió a la presión sindical el año pasado y no ha logrado ningún avance significativo para superar la dualidad del mercado laboral entre contratos fijos superprotegidos y contratos laborales indefensos. El contrato único con indemnización por despido creciente con la antigüedad, que daría una base estable al mercado de trabajo español para incrementar el capital humano, ni tan siquiera se planteó. La contrarreforma aprobada hace escasos días –el penúltimo brinco de la gallina- permitiendo concatenar más contratos eventuales es un reconocimiento implícito del fracaso y un intento desesperado de evitar que el paro siga creciendo hacia los 6 millones. La reforma de la negociación colectiva ha ido incluso peor: no sólo no se ha avanzado, sino que, en términos de flexibilización, se ha retrocedido. En el mercado de trabajo queda todo por hacer.
Y no hay que olvidar que reformas importantísimas como la de la Justicia, la educación, las Administraciones Públicas, etc., ni tan siquiera se han planteado. Sólo cabe esperar que el gobierno que surja de las próximas elecciones tenga la voluntad y la capacidad política de llevar a buen término las reformas necesarias, a ser posible como un paquete, porque se refuerzan unas a otras. Mientras tanto a la gallina le quedan veinticuatro días de carrera enloquecida. Podemos ver más saltos.