Cooperación público-privada en la reinserción de los parados

De Samuel Bentolila y Marcel Jansen

Jobcentre-plus-Son tiempos revueltos para el mercado laboral español. Hace un mes el comisario europeo László Andor reabrió, sin querer, el debate sobre el contrato único, y acto seguido llegó el Banco de España con la propuesta de permitir la contratación por debajo del salario mínimo interprofesional. Entendemos que estas propuestas puedan provocar cierto desasosiego en una población muy castigada por la crisis y en algunos casos por los efectos de las reformas laborales, pero el mercado laboral está en una situción límite y todavía quedan importantes deberes por hacer. De hecho, en la entrada de hoy queremos abrir el debate sobre otro asunto peliagudo: la necesidad de fomentar la cooperación público-privada en la reinserción de los parados.

Esta primera entrada se centra en aspectos técnicos. En otra entrada futura esperamos ofrecer una evaluación de las experiencias de otros países como el Reino Unido, Holanda o Alemania. En los dos primeros el sistema funciona con bastante éxito desde hace muchos años, mientras que Alemania decidió abandonar el sistema pocos años después de su introducción.

Los antecedentes

La colaboración entre el Servicio Público de Empleo y agencias de colocación privadas con ánimo de lucro debidamente acreditadas es legalmente posible desde 2010. Tras el desarrollo reglamentario de la norma, en el Real Decreto 1796/2010 de 30 de diciembre, se acreditaron más de 600 agencias. Sólo faltaba la firma de convenios de colaboración entre los servicios de empleo autonómicos y las agencias acreditadas para que el sistema empezara a rodar, pero el proceso encalló y aún no se ha firmado ningún convenio. Ahora el Gobierno central ha recogido el guante con la elaboración --todavía en curso-- de un Acuerdo Marco (AM) para la colaboración con las agencias de colocación, al que deberán adherirse los servicios públicos de empleo regionales si quieren tener acceso a los fondos destinados a las agencias privadas.

Colaboración y no privatización

De entrada es importante resaltar que no se contempla la privatización de los servicios públicos de empleo, sino la prestación privada de servicios de reinserción. El sistema sigue siendo público. Tanto la decisión sobre el derecho a la prestación por desempleo como el estudio de las necesidades de cada persona parada siguen siendo responsabilidad de los servicios públicos de empleo. La diferencia con respecto a la situación actual estriba en que los servicios de empleo podrán derivar ciertos colectivos de parados hacia las agencias privadas y estas recibirán una remuneración por cada colocación, que variará con la dificultad de reinserción.

El Acuerdo Marco

El objetivo del AM es seleccionar un mínimo de 60 agencias que puedan participar en una primera fase de cuatro años y establecer las “condiciones homogéneas de naturaleza económica, técnica y funcional a que habrán de ajustarse los contratos [entre las agencias y los servicios de empleo autonómicos] que se adjudiquen basados en el AM”. Por lo tanto estamos hablando de un proceso de licitación en dos fases, primero al nivel nacional y luego al nivel autonómico.

Precios máximos a ofertar (*)

Edad del desempleado en años Precios máximos en euros, con IVA, según tiempo en desempleo
De 3 a 6 meses De 6 meses a 1 año De 1 a 2 años Más de 2 años
25 y menos 300,00 575,00 1.100,00 1.850,00
26 a 29 300,00 575,00 1.100,00 1.850,00
30 a 44 305,00 625,00 1.250,00 2.300,00
45 a 54 350,00 725,00 1.850,00 3.000,00
55 o más 600,00 1.275,00 3.000,00 3.000,00

 

En el caso de las condiciones económicas, el AM establece un listado de precios máximos, recocigidos en el cuadro de arriba. Estos no son los precios definitivos. Las agencias que desean participar en el AM están obligados de ofertar un porcentaje de reducción de licitación. Es decir, que si una agencia ofrece un porcentaje de reducción del 20%, podrá cobrar como máximo el 80% de los precios que figuran en el cuadro en cualquier contrato futuro. La parte económica tiene una ponderación del 60% en la valoración total de las ofertas y las agencias que ofertan un porcentaje de reducción mayor tendrán una nota más alta. El restante 40% se basa en una valoración cualitativa de la solvencia económica y técnica de las agencias, donde esta última queda acreditada si la agencia aporta evidencia de haber generado negocios relacionados con la inserción laboral por valor de al menos 500.000€ en los tres años anteriores. Sobre el proceso de licitación al nivel autonómico y el reparto de fondos entre autonomías sabemos mucho menos. EL AM establece únicamente que los futuros contratos se deben "adjudicar a las proposiciones económicamente más ventajosas, evaluando la mejor combinación posible de calidad y precio para cada contrato".

Una primera valoración

La elaboración de un AM es una buena noticia, pues supone que pueda desbloquearse la puesta en marcha de la colaboración con las agencias de colocación. No obstante, el borrador parece escrito por personas que deseen que la colaboración fracase.

Lo ideal habría sido que el AM contuviese un elenco de procedimientos para la licitación al nivel autonómico, estableciendo criterios exigentes para la acreditación de la solvencia técnica y la posterior evaluación de los resultados, dejando al mismo momento cierto grado de libertad para ajustar las condiciones económicas a las necesidades locales. Las evaluaciones deberían influir en licitaciones posteriores, para garantizar que el reparto asignase una proporción mayor de los parados a las agencias con los mejores resultados, como es el caso del Reino Unido, y excluyese a las agencias con resultados pobres. Desafortunadamente, el AM hace lo contrario. Fija un listado único de precios para todo el país durante cuatro años, limitando en exceso la potestad de los gobiernos autonómicos de ajustarlos a las necesidades específicas de sus territorios, dejando a la vez mucha libertad en los procesos de licitación al nivel autonómico, lo que podría dar lugar a contrataciones poco transparentes.

La cooperación público-privada en la reinserción de los parados es un asunto delicado y las críticas apuntan sobre todo al riesgo de que las agencias puedan dedicar sus esfuerzos solo a los casos fáciles, dejando los casos más difíciles a su suerte; algo que se conoce como “cherry picking”. Los autores del AM son conscientes de este riesgo, pues las tarifas máximas son crecientes en la edad de la persona y la duración del paro. Además, las agencias solo cobrarán por colocaciones de, como mínimo, seis meses y con un máximo de dos contratos de trabajo, y se deja cierto margen para pagar algo más por las colocaciones por periodos más largos. Con esto se puede evitar que las agencias roten a los parados a fin de conseguir varios pagos por el mismo puesto de trabajo, y si es necesario se puede cambiar los parámetros a la vista de los resultados obtenidos.

Otro aspecto es la definición de los colectivos que se pueden derivar hacia el sector privado. En el Reino Unido (y también en Holanda), el sistema público se queda con los casos fáciles y sólo se deriva a un parado hacía un intermediario privado después de un periodo de nueve meses (seis en el caso de jóvenes). Durante este primer periodo el sistema público ejerce un control muy estricto sobre el trabajador, quien el primer día ha de firmar un contrato que estipula las acciones que debe emprender para encontrar trabajo. El AM es mucho más escueto. No establece prioridades y permite derivar a las agencias de colocación a parados que lleven sólo tres meses en paro. Esto sería adecuado en el caso de parados de muy difícil inserción, pero en este caso las tarifas, de entre 300 y 600 euros, son claramente insuficientes. El riesgo es, por tanto, que las autoridades solo deriven a las agencias los casos fáciles, para conseguir ahorros en las prestaciones por desempleo, sin ofrecer buenos servicios al resto --algo que ya ocurre en Madrid--.

Por último, existen indicios de discriminación e inconsistencias que deberían ser aclarados: los contratos de las empresas de trabajo temporal no cuentan como colocaciones y los servicios integrales que deberían ofrecer las agencias de colocación tendrían que incluir la formación, pero el actual marco legal no lo permite.

Sin embargo, el fallo más grande es la absoluta falta de ambición. El AM prevé la irrisoria cifra de 66 millones de euros para cuatro años. Con una remuneración media a las agencias de 1.500 euros por parado, estaríamos hablando de poco más de ¡10 mil parados al año! En el Reino Unido el sistema se autofinancia –el ahorro en prestaciones es mayor que el pago a las agencias–. Desde esta perspectiva, no se entiende un límite tan estricto durante un periodo tan largo. El Estado español gasta actualmente más de 30 mil millones de euros en prestaciones por desempleo. Incluso en caso de que la cooperación público-privada no consiguiera reducir el gasto total en prestaciones y remuneraciones para las agencias, todavía habría ganancias por el aumento del número de empleados. Además, es claro que el sistema público no cuenta con los recursos humanos necesarios ni los incentivos adecuados para ofrecer servicios individualizados de calidad a todos los parados. El uso de las agencias de colocación permitiría un rápido aumento de los recursos disponibles y un grado de especialización que actualmente no existe y que podría ser muy fructifero. Pero la reforma no debería quedarse ahí. El siguiente paso debería ser una profunda modernización de los propios servicios públicos de empleo.

(*) Borrador del AM de 20/03/2013.

Marcel Jansen

Marcel Jansen es Profesor Titular de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador de Fedea. Llegó a España en 2001 tras obtener el doctorado en Economía en el Instituto Universitario Europeo en Florencia. De origen holandés, Marcel es un experto en macroeconomía y economía laboral.

Hay 22 comentarios
  • No sé, la eficiencia de las agencias privadas de empleo no está en absoluto garantizada… en el caso alemán, la evaluación ex-post de las reformas Hartz puso de manifiesto que la externalización de la intermediación y formación laboral fue un auténtico desastre. Tal vez sea más oportuno un modelo mixto: no creo que sea imposible que existan oficinas públicas de empleo eficientes, como ocurre en Francia o Dinamarca, y no se tendría que renunciar a ello. Se debería empezar con alguna experiencia piloto… es evidente que los incentivos de las empresas privadas a colocar primero a los parados mejor formados es difícil de resolver, y a menudo puede resultar en emparejamientos no eficientes (los colocarán en la primera oferta de trabajo que les aparezca)

    • Exeria,

      Somos conscientes del hecho de que la experiencia en Alemania no fue positiva. Lo mencionamos en la entrada. Al final optaron por una reforma profunda del sistema público de empleo. En una futura entrada queremos ofrecer más detalles sobre las evaluaciones en distintos países. Hay muchas incógnitas por resolver - ¿es mejor la colaboración entre los intermediarios públicos y privados o la competencia (en cuasi-mercados) como es el caso en Holanda? En este país los servicios públicos de empleo son agencias independientes (zelfstandig bestuursorgaan) que gestionan las prestaciones pero que también pueden ofrecer servicios de reintegración en competencia con los intermediarios privados.

      Sólo hay una certeza. Los servicios públicos de empleo en España no funcionan bien y no disponen de los recursos humanos necesarios para ofrecer buenos servicios de calidad a los desempleados. Incorporar a los intermediarios privados es una buena manera para aumentar la capacidad y soy menos escéptico sobre los malos incentivos de las agencias privadas. No hay que olvidar que muchas empresas se negarán a aceptar sus candidatos si ellos no hacen un buen trabajo de buscar emparejamientos apropriados. Pero voy más lejos: en el corto plazo la absoluta prioridad es que todo el mundo en condiciones de trabajo vuelva lo antes posible al empleo. Esto implica que debemos ampliar el abánico de puestos de trabajo "adecuados"; el trabajador puede continuar la búsqueda desde el empleo.

  • "Esto implica que debemos ampliar el abánico de puestos de trabajo “adecuados”; el trabajador puede continuar la búsqueda desde el empleo."

    Eso suena a querer darle más poder de negociación a los empresarios. Una vez más.

    • Stringer,
      Es importante liberar recursos para la ayuda a los parados más necesitados. El trabajador tendrá un período inicial para buscar por su cuenta y mantendrá el derecho de rechazar algunas ofertas, pero a partir de ahí la absoluta prioridad es su reinserción en el empleo. Sé que suena duro, pero esta presión es necesario para acortar la duración de los períodos de paro.

      • Lo siento pero no compro. Para empezar se puede obligar al trabajador a aceptar un empleo en el cual sus gastos de traslado o de vivienda en un nuevo destino superen a los ingresos de salario. Es decir, obligar a alguien a trabajar perdiendo dinero.

        Para seguir se viola el derecho constitucional a la elección de oficio. ¿También se obligará a los trabajadores a aceptar empleos peligrosos o que traigan inconvenientes para su salud (x ej empleos nocturnos)?

        Todas las medidas que te leo, Marcel Jansen, van siempre de perjudicarnos a la gente humilde para beneficiar a los empresarios. Te vendría bien algo de empatía. Tb somos personas.

        • Estimado Stinger,

          Tienes que creerme cuando te digo que la suerte de los más débiles es exactamente el motivo para las medidas que proponemos. Hoy día no hay medios para ayudarles, o mejor dicho el gobierno no prioriza en manera adecuado el gasto y deja muchos de estos trabajadores a su suerte. La cooperación publico-privada es una posibilidad de conseguir ahorros con mejoras en la gestión de las prestaciones que se deben dedicar a financiar ayudas y formación para los más débiles. Además, basado en mi experiencia en Holanda, estoy convencido que la cooperación con las agencias privadas pueda ayudar a mejorar la calidad de los servicios. Solo hace falta comparar las páginas web del SEPE con la del Department of Work and Pensions (DWP) o el Job Centre Plus en el Reino Unido o UWV/Werkbedrijd en Holanda (esta última también en Español). Son mucho más transparentes, consiguen buenos resultados en la colocación y se preocupan bastante más de los parados que el SEPE en España.

          No estamos hablando de ocupaciones de riesgo ni de imponer pérdidas al trabajador. De hecho, si la oferta tuviera implicaciones negativas sobre la renta del trabajador soy partidario de pagar al trabajador un complemento salarial para garantizar que su renta no baja antes de agotar el derecho al cobro de la prestación. Visto así la prestación por desempleo se transforma en un incentivo para aceptar un trabajo y no un desincentivo como ocurre a veces hoy día.

          • Dices: "Hoy día no hay medios para ayudarles, o mejor dicho el gobierno no prioriza en manera adecuado el gasto y deja muchos de estos trabajadores a su suerte". Esto es absolutamente falso. Medios hay. Presupuesto hay. Lo que no hay es intención de utilizarlos eficazmente, precisamente para justificar este nuevo ataque, que con vuestra colaboración, se pretende hacer a los servicios públicos y a los parados. Un ejemplo: el programa OPEA (Acciones de Orientación Profesional para el Empleo y de Asistencia al Autoempleo). Este programa ha sido suprimido por el PP en muchas Comunidades Autónomas. En el participaban multitud de entidades públicas y privadas que realizaban acciones para mejorar la empleabilidad de los desempleados y para fomentar y apoyar el autoempleo. Era un programa por objetivos y evaluable y con él se han atendido a cientos de miles de desempleados. Lo que se propone aquí es una auténtica chapuza en la que se va a excluir a aquellos parados con mayores dificultades porque se prioriza el beneficio económico de la ETT de turno (perdón de la "Agencia de Colocación"), además de a decenas de miles de profesionales.

            • Es curioso que las grandes ETTs hayan constituido una nueva patronal bajo el paraguas de esta figura de las "Agencias de Colocación":
              http://www.asempleo.com/
              Mientras tanto, se excluye la competencia de otras entidades públicas y privadas que no podrán optar a estos fondos. No hay más que darse un paseo por el portal del SEPE y ver entre quiénes se va a repartir el pastel.

  • Ahí una cosa que me salta al ojo que no se si llamarlo fallo, o como denominarlo.

    En ninguna parte veo una vinculación entre los precios a pagar y la duración del contrato, es decir, la colocación de una persona de más de 55 años con más de dos años parado genera un pago de 3000 € (menos el % de rebaja que hayan licitado), pero ese pago no está vinculado a la duración de esa contratación.

    Problema: se contrata a un peon para un trabajo de 15 días, cobra 600-800 euros, la colocadora cobra 3000 y en un mes vuelve al paro...

    Siendo mal pensantes, esto acaba dejando pequeño al tema de los eres andaluces.

    Si no se vincula ese pago a una duración mínima en el puesto de trabajo que "garantice" al Estado un ahorro en prestaciones y unos ingresos por SS e IRPF mayores que el pago realizado, seguro que más de uno montará una nueva "sucursal extractiva" de fondos públicos.

    Solucionado esto, me parece una idea fantástica. Y ya que estamos, como segunda derivada, si se reduce los funcionarios del INEM mejor.

    • JIB,
      Si vuelves a leer la entrada verás que las reglas dicen que "las agencias solo cobrarán por colocaciones de, como mínimo, seis meses y con un máximo de dos contratos de trabajo, y se deja cierto margen para pagar algo más por las colocaciones por periodos más largos".

      Por lo tanto no se está hablando de colocar un trabajador en un curro de pocos días. De hecho, el trabajo tiene que ser continuo y sin interrupciones durante los seis meses y las autoridades regionales pueden pagar más a colocaciones de hasta un año.

      Estas evaluaciones a 6 meses, 1 año y incluso a 2 o más años son cruciales para configurar un sistema que funciona. Pero como punto de partida no me parece mál una colocación de al menos 6 meses.

      En cuanto a los funcionarios del antiguo INEM, no estoy en favor en recortes de la plantilla, pero si en reformas que mejoran sustancialmente la organización interna del SEPE.

      • Mis disculpas por no haberlo encontrado, prometo que lo busqué.

        Me alegro de que eso se haya tenido en cuenta así.

        Gracias por la respuesta.

  • Interesante artículo, llevan mucha razón en : " Entendemos que estas propuestas puedan provocar cierto desasosiego en una población muy castigada por la crisis "

    Demasiado triste el panorama. Esperemos buenos vientos, aunque sean difíciles, pero que lleguen...Estamos en un lapso de tiempo y tiene sus dificultades.

    http://www.youtube.com/watch?v=5_sv1xxYjX8

    Saludos.

  • La solución esta en la colaboración, estamos en transición, en la empresa en red, en los avances en todos los campos basados en co- y ademas... "Tenemos que crear un sistema donde recuperemos la visión a medio y largo plazo y donde la ciudadanía participe en la solución de los problemas. Hay gente que dice que este cambio que necesitamos va a venir por el decrecimiento. Empezar a pensar que para vivir mejor no tenemos por qué crecer. Ahora tenemos un Producto Interior Bruto mucho mayor que el de nuestros abuelos, pero ¿estamos seguros de que vivimos mejor? ¿Somos más felices? Otras personas hablan de la economía del bien común, que trata de dejar de medir a las empresas por su cuenta de resultados y empezar a mirar cuánta riqueza retornan a la sociedad."Guillermo Dorronsoro http://www.eldiario.es/norte/euskadi/bizkaia/Apostar-conocimiento-hace-libres_0_142086597.html

  • Creo que está claro que los servicios públicos de empleo no son eficaces a la hora de ayudar al parado a encontrar trabajo. Contra ese mal, caben (al menos) dos opciones: una reforma en profundidad de estos servicios o una externalización de algunas de sus funciones.
    La opción de colaboración con agentes privados tiene algunas ventajas: la agilidad en su puesta en marcha, la competencia entre ellas, la especialización por sectores/regiones,... Pero también graves inconvenientes: conociendo el país no es descabellado pensar que puede convertirse en una gran bolsa de fraude para cobrar las primas; además, como apunta el autor, que los agentes privados se queden con los "mirlos blancos" y pasen de los casos difíciles; y también, y MIEDO me da, que la manera de conseguir un trabajo pase por tener un cuñado en una de esas agencias, o bien (si no es pariente) hacerle un gracioso "donativo": PAGAR POR QUE TE CONSIGAN UN CURRO.
    Y siempre me asalta la misma duda: ¿por qué no reformamos lo público, imitando lo mejor de lo privado (competencia, flexibilidad, agilidad, economía), pero salvaguardando la imparcialidad de lo público? ¿Por qué no podemos crear pequeñas unidades públicas que actúen como agencias de colocación y en la que sus trabajadores cobren un plus importante en función de los resultados?

    • Ruralita,

      Estamos de acuerdo que la reforma debería haber contemplado cambios profundos en la organización de los servicios públicos. Tu apuntas a la solución adoptado en Alemania, pero también es posible un sistema mixta en Holanda dónde los incentivos para la agencia estatal tienen su origen en parte en la competencia con intermediarios privados. Al final el objetivo es lo mismo: conseguir un sistema público de intermediación más eficiente y de mayor calidad, capaz de ofrecer soluciones a medida.

  • Hay en alguna ocmunidad autónoma programas como el que se describe, financiados desde el SEPE y que se desarrollan por entidades colaboradoras (no necesariamente agencias de outplacement, cuyas subvenciones están condicionadas a alcanzar determinados porcentajes de colocaciones de los desempleados adscritos a los programas. Desde luego, se puede constatar que dichas entidades intentan incluir en el programa a personas más empleables. También se ha detectado toda suerte de conductas pícaras para tratar de alcanzar los objetivos de inserción. Detrá de todo esto hay un claro negocio por parte de las agencias privads de colocación

    • Es claro que el sistema dará lugar a muchos abusos sin un sistema transparente para la licitación y evaluaciones rigorosas que penalizan conductas picarescas. Nuestro miedo es exactamente que la parsimonia del Acuerdo Marca puede generar estas conductas y condenar el programa al fracaso desde el inicio. No hemos insistido en este punto, pero llama la atención que el gobierno haya seleccionada a la directora general del SEPE para elaborar el AM. No es exactamente la persona con los mejores incentivos.

  • Marcel:
    Vaya por delante que el SEPE ha demostrado su absoluta incapacidad para colocar trabajadores y es un mero repartidor de prestaciones-centrado, eso sí en repartir las mínimas posibles-.Entiendo además que con el actual nivel de paro cualquier iniciativa que contribuya a reducir ese nivel será bienvenida, y entiendo también que la cooperación privada puede añadir un impulso a la desincentivada colocación pública. No obstante, me preocupa que la escasa vocación de transparencia del sistema acabe degenerando en concesión de favores a empresas afines con la consiguiente captura de rentas, pauta que estamos aburridos de observar en muy diversos sectores. Por otro lado, descorazona que con los actuales niveles de paro se cree una iniciativa para 10.000 trabajadores/año, es como si dijesen: no nos creemos que pueda funcionar, o todavía peor: lo importante es el titular, nadie se va a fijar en las cifras.
    ¿Tan difícil es crear un sistema de colocación transparente, fácilmente evaluable,-ya sea público o privado-y que genere incentivos para las empresas que a el concurran o para los propios funcionarios?

  • Vaya por delante que durante cuatro años he trabajado como orientadora en una Oficina de Empleo y que lamento como nadie que en nuestro país las personas desempleadas, como yo ahora lo estoy,sigamos iendo a la Oficina del PARO, que se confunda INEM -prestaciones- con políticas activas de empleo... Sin duda esto requiere una gran reforma. En descarga de ello debo decir que, al menos en el ámbito que yo he conocido -Castilla y León-, los Servicios Autonómicos de Orientación Laboral alcanzábamos hasta un 40% de reinserción laboral. Nivel nada desdeñable si consideramos que nuestros itinerarios personalizados se ofrecían a los desempleados de baja empleabilidad -personas ya en riesgo de exclusión social-. Y que la colaboración público-privada ya existe mediante OPEAS, Agencias de dDsarrollo Local... Si esta reforma obvia el fortalecimiento, en recursos y mejora de eficacia, de los servicios públicos repetiremos el desastre alemán, que acabó teniendo que optar por una reforma profunda de los servicios pñublicos

    • Estimada Maria-José,

      Muchas gracias por su comentario. Para nosotros es primordial poder contar con las experiencias y opiniones de personas del campo como tu. Por desgracia va a ser una tarea difícil conseguir este cambio necesario en la intermediación laboral. El otro día ofrecimos una rueda de prensa en Fedea para explicar, entre otros asuntos, los cambios necesarios en la gestión de las políticas activas y pasivas (prestaciones por desempleo). Pero la prensa lo ignora porque no da buenos titulares o porque lo malinterpreta como otro recorte de derechos.

      En próximas entradas intentaremos explicar el fallido experimento aleman y si encontramos la información necesaria hablaremos también de las OPEAS.

  • La web facilitada, http://www.generarempleo.com es un regalo de nuestro "padrino" profesional. Un ciudadano sin vínculos políticos que, a través de su última noticia, cree que, nuestra clase política, SE HA VUELTO LOCA. (En dicha noticia existen diversos enlaces que ilustran su razonamiento y el nuestro).

    Nosotros, desde Up! (Universitarios preparados/preocupados), somos los que nos encargamos de coordinar y utilizar este sitio, como fuente de información de todos aquellos que estamos luchando por un empleo de calidad. (Si lo desean pueden solicitarnos cualquier tipo de información y se la remitimos a donde nos indiquen).

    En los últimos días, tras haber contactado con personalidades de la Comisión Europea, estamos pendientes de respuesta a nuestras ofertas. (Levamos dos años haciéndolo sin mayor éxito en España, si bien 38 de nuestros colegas ya están trabajando en Europa gracias a la primera parte de esta combinación de proyectos)

    También nos hemos dirigido a la Secretaría de Estado de Empleo, con el fin de "arrimar el hombro", pero es inútil perder más tiempo con gente que no tiene la más mínima AMBICIÓN, (ante la falta de NECESIDAD), y que solo sabe administrar SUBVENCIONES.

    Si, el propio Montoro nos recorta considerablemente la partida económica de POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO y NO somos capaces de defender su necesidad, cómo pretendemos que Bruselas nos firme un CHEQUE EN BLANCO para dedicarlo (por ejemplo) a "cursos de formación para trabajos que no existen".

Los comentarios están cerrados.