Análisis NeG de Programas Electorales: Empleo. (II) Políticas activas de empleo

de Samuel Bentolila, J. Ignacio Conde-Ruiz y Marcel Jansen

En esta segunda entrada examinamos las propuestas de los partidos sobre políticas activas de empleo (como en la entrada anterior la lista exhaustiva de medidas esta al final del post).

Desde NeG hemos insistido durante años en la necesidad de modernizar nuestras políticas activas de empleo. Como explicamos en la “Propuesta para la reactivación laboral en España” de 2009, comparada con otros países, España suele gastar en políticas activas poco y mal. Gran parte de los fondos disponibles se dedican a financiar bonificaciones con dudosos efectos y no se suele evaluar el impacto de las medidas, permitiendo la continuidad de programas ineficaces. Por último, la gestión por parte de los interlocutores sociales de los fondos para la formación era absolutamente deficiente: los planes de formación no son acordes con las necesidades de las empresas y el despilfarro y el fraude eran generalizados.

En cuanto al impacto de las políticas activas, hemos explicado en varias entradas que la evidencia empírica sobre el impacto de las políticas activas no es muy alentador. Pero afortunadamente contamos con evidencia reciente que indica que las políticas activas pueden ser un instrumento eficaz para combatir el desempleo de larga duración y más en períodos de mucho desempleo. Para obtener resultados similares, España tendrá que aumentar el gasto en políticas activas, pero sobre todo tendrá que implementar las reformas necesarias para mejorar su diseño, garantizando la atención individualizada a todos los parados, empezando por los parados de larga duración, en función de sus necesidades.

Afortunadamente, el mensaje parece haber calado en los partidos políticos. Hay un alto grado de coincidencia en las propuestas del PP, el PSOE y Ciudadanos. No encontramos nada sobre políticas activas en el programa de Podemos, pues su programa habla sobre todo de apoyo económico a los colectivos más castigados.

¿En que consiste entonces este germen de consenso entre los tres partidos? Primero, en el derecho a la atención individualizada plasmada en un itinerario individual y seguimiento por parte de un tutor. Segundo, en la necesidad de mejorar la coordinación entre el sistema público de empleo estatal y los servicios autonómicos de empleo. Tercero, en la identificación de los parados de larga duración como grupo prioritario. Cuarto, en la necesidad de la evaluación de los resultados. Quinto, en una apuesta por la cooperación público-privado por parte de Ciudadanos y el PP y algo menos clara por parte del PSOE. Y sexto, algo sorprendente, los tres proponen la creación de una agencia encargada de mejorar la gestión de los fondos disponibles, y en el caso de Ciudadanos de la evaluación de las políticas activas y la distribución de los fondos destinados a ellas, independiente del SEPE. Por último, Ciudadanos y el PP coinciden en la necesidad de aumentar la libertad de elección y de transferir una mayor parte de los fondos disponibles a los propios parados, en forma de cheques (Ciudadanos y el PP) y bonos de formación (Ciudadanos).

De todos los partidos, Ciudadanos es el más explícito y completo en su descripción de las reformas. Se compromete a la contratación de un número de orientadores suficiente, que puedan contar con una herramienta de perfilado estadístico que les ayude en la evaluación de la empleabilidad de los parados y de sus necesidades. El PP también promete un perfilado estadístico (y tiene credibilidad para ello, porque ha encargado el desarrollo de una herramienta de este tipo a la fundación Fedea) y ambos enfatizan la necesidad de transparencia.

También hay diferencias. El PSOE y Ciudadanos hablan mucho de planes de formación. Ciudadanos propone la creación de bonos para la formación en el empleo para parados de larga duración e incluso permisos de reciclaje para mayores de 45 años con mucha antigüedad, sujeto a un compromiso de continuidad. El PP es más escueto en este capítulo: promete un perfilado de todos los parados de larga duración antes de los 18 meses y planes individualizados de inserción, pero no especifica cómo se financian. El PSOE, por su parte, acierta en enfatizar la necesidad de un programa de segundas oportunidades (formación y acreditación) para los 700,000 ninis poco cualificados.

Sea cual sea el resultado de las elecciones, en este campo parece existir un grado suficiente de consenso para ir configurando una reforma profunda de nuestras políticas activas que nos acerque a los sistemas de activación de los países más avanzados. En este sentido habrá que hacer más hincapié en la necesidad de activación de todos los parados desde el primer momento, algo que los partidos prefieren mantener en un segundo plano. También nos parece que nada de lo que se propone es factible sin una profunda reforma del Sistema Público de Empleo y sin establecer claras prioridades, porque los fondos disponibles son limitados. Pero sobre todo esperamos que este alto grado de consenso nos permita avanzar con rapidez en el desarrollo de políticas activas para los casi 2.2 millones de parados de muy larga duración. Es importante que se evalúen las políticas, pero para evitar más retrasos deberíamos experimentar con muchas medidas a la vez para poder determinar cuáles de ellas son las más eficientes.

Tabla 1. Medidas sobre Políticas Activas de Empleo

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Doctor en Economía por el MIT y profesor del CEMFI. Investigador Asociado de CEPR y CESifo. Ha sido Presidente de la Asociación Española de Economía. Su investigación se centra en la economía laboral.