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La Reforma del Sistema de Acreditación del Profesorado Universitario

Sisyphus_by_von_StuckUno de los problemas más complejos de la universidad española es la endogamia. Ni siquiera Podemos, que tiene soluciones mágicas para la pobreza, el desempleo o la deuda pública, parece haber encontrado  la solución para nuestras universidades, y eso que las conocen de primera mano. Para intentar corregir el problema de la endogamia en España en su día se apostó por un sistema de controles externo, la habilitación/acreditación, con el que se pretende asegurar que los candidatos a una determinada plaza reúnen unos niveles mínimos de calidad académica. Tras siete polémicos años de rodaje del sistema de acreditación, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha anunciado la introducción a partir de esta primavera de una importante reforma.

Aunque todavía no se conocen los detalles definitivos, la ANECA ha avanzado en diversos foros sus principales aspectos (borrador del real decretopresentación y video). Las evaluaciones, que hasta ahora estaban organizadas en cinco macro-ramas, pasan a estar estructuradas en ámbitos más específicos. Por ejemplo, en el caso de los economistas, pasaríamos de ser evaluados por una macro-comisión de Ciencias Sociales y Jurídicas a una comisión que únicamente incluiría las áreas afines: Economía Aplicada, Fundamentos de Análisis Económico, Historia Económica, Métodos Cuantitativos, Marketing, Finanzas y Contabilidad, y Organización de Empresas. En principio esta nueva configuración debería permitir que las evaluaciones fueran más precisas y más ajustadas a la idiosincracia de cada área disciplinaria. También se cambia la estructura de la evaluación, que estaba organizada en un rígido sistema de puntos por subáreas estancas y se introduce en su lugar un sistema más flexible que permite la diversidad de perfiles. Por ejemplo, como se señalaba en el (aparentemente malogrado) Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español, con el actual sistema un premio Nobel podría no conseguir la acreditación para Catedrático al carecer de puntos de gestión o no haber dado las suficientes horas de docencia. Las nuevas normas de compensación permitirían compensar esa menor experiencia docente con una excelente trayectoria investigadora. También parece positiva la idea de dar más peso en los baremos a la investigación, en detrimento de la gestión, la transferencia y la actividad profesional, aunque en la práctica la efectividad de estos cambios dependerá en gran medida de las exigencias de cada comisión. Por último, entre otras medidas, se promete introducir más transparencia, que hasta el momento era muy limitada. En el futuro las comisiones publicarán los criterios de evaluación utilizados en cada ámbito.

Es positivo que el sistema de acreditación se reforme periódicamente. La eficiencia de cualquier sistema de evaluación depende en gran parte de su dinamismo y de su capacidad para corregir las (inevitables) deficiencias que se detecten. Aún así hay muchos aspectos del sistema que siguen siendo cuestionables. El nivel de transparencia sigue siendo limitado y contrasta con las prácticas que se siguen en los países nórdicos o, más recientemente, en Italia. La experiencia de la Abilitazione Scientifica Nazionale es muy ilustrativa. Al inicio del proceso, los tribunales italianos publican online sus criterios de evaluación. Más adelante, también se pone a disposición del público los currículum de todos los candidatos y los textos de todas las evaluaciones donde el tribunal justifica cada decisión.

Un estudio que estoy realizando actualmente sobre este proceso conjuntamente con Mauro Sylos-Labini y Natalia Zinovyeva muestra que el grado de favoritismo observado en la Abilitazione ha sido sorprendentemente bajo para los estándares de la Europa meridional. Aprovechando que los miembros de los tribunales de evaluación son elegidos a través de un sorteo aleatorio, comparamos las posibilidades de éxito de unos 70,000 candidatos preinscritos en función de si un colega de su universidad o un coautor resulta elegido por sorteo como miembro del tribunal. La presencia de estas conexiones en el tribunal aumenta su tasa de éxito en cerca de un 12% (4 puntos porcentuales, del 34 al 38%). Esta cifra es muy inferior al sesgo que observábamos en un estudio muy similar que realizamos de las Pruebas de Habilitación celebradas en España entre 2002 y 2006. Analizando las evaluaciones recibidas por los cerca de 30,000 participantes en estas pruebas, en este caso la presencia (también decidida por sorteo) en el tribunal de un coautor o un colega aumentaba la probabilidad de ser habilitado en más de un 50% (unos 6 puntos porcentuales, del 9 al 15%).

Favoritismo en las pruebas de habilitación: España (2002-2006) e Italia (2012-2014)
Favoritismo en las pruebas de habilitación: España (2002-2006) e Italia (2012-2014)

No podemos descartar que la diferencia entre el grado de favoritismo observado en la Abilitazione italiana y la Habilitación española se deba a otros factores, por ejemplo a la mayor trascendencia que tenía el resultado de la evaluación en el caso español, pero aún así los resultados son muy sugestivos y son consistentes con la idea de que los evaluadores son más objetivos cuando hay luz y taquígrafos. Nos habría encantando realizar un estudio similar del sistema de Acreditación español introducido en 2007, pero la opacidad del sistema por desgracia lo impide.

La transparencia también tiene costes. Puede inducir a que los evaluadores utilicen únicamente “hard information” y renuncien a valiosa “soft information” que no puede ser publicitada (por ejemplo, cual ha sido la contribución de cada co-autor en un artículo). También es probable que conlleve un aumento en la litigiosidad. En Italia se han presentado cerca de 3000 recursos y se han desatado interminables discusiones públicas sobre las evaluaciones realizadas en algunos campos (e.g.: la comisión de Historia Económica únicamente consideró las publicaciones no co-autoradas). Pero en su conjunto, mi impresión general es que la transparencia introduce una rendición de cuentas muy necesaria para el sistema.

Hay otros problemas del sistema de acreditación que la reforma aparentemente no aborda. Se genera un ingente y costoso papeleo administrativo. En la era de internet cuesta creer que sea necesario un papel firmado y sellado para documentar la asistencia a una conferencia. La publicidad de los currículum y un control a posteriori más riguroso podría ser una alternativa mucho más eficiente. También genera dudas la evaluación de la docencia. Es peligroso dar un peso elevado a una dimensión que la comisión evaluadora, que ni siquiera interactúa con el candidato, observa de manera muy poco precisa. Muy a menudo los méritos docentes son valorados de manera lineal en función de los años que el candidato ha dado clase. Esta es una medida muy dudosa de la calidad docente, dar mal las clases durante muchos años debería ser más bien un demérito. Algo parecido ocurre con los méritos de gestión, tendría quizás más sentido dejar que los valorasen y los premiasen las propias universidades, que en este caso sí tienen la información y los incentivos adecuados. También es importante cómo se determina el número total de acreditados (en la actualidad ilimitado). Si el número de acreditados es excesivo en relación al número de plazas disponibles la acreditación tendrá un efecto muy limitado sobre las decisiones de promoción de las universidades.

No es fácil ser optimista acerca del futuro de la universidad española, una institución experta en que cambie todo para que todo siga igual. La raíz del problema probablemente resida en su gobernanza, que en general no proporciona los incentivos adecuados para contratar a los mejores profesores, en combinación quizás con la ausencia de capital social. El sistema de acreditación es una tarea de Sísifo que tiene los límites intrínsecos a cualquier sistema que aspira a cuantificar la calidad de una manera verificable. Más allá de esta reforma adicional del sistema de acreditación, quizás hubiera sido más conveniente introducir en las universidades españolas un sistema de incentivos que fomentase la meritocracia, vinculando la financiación de los centros a la calidad de la investigación y la docencia. O quizás, como proponía la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español, un sistema mixto, combinando la vía de la acreditación con más autonomía e incentivos. Pero en su defecto, y con las debidas cautelas, en mi opinión la reforma parece ir en la dirección correcta, potenciando la calidad en lugar de la cantidad, intentando poner coto a los comportamientos oportunistas no deseables (por ejemplo, la tendencia a la dispersión curricular para arañar puntos en cada subapartado), y prometiendo, aunque tímidamente, un deseable aumento de la transparencia.