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La expulsión de los Moriscos y la persistencia de las instituciones extractivas

La expulsión de los Moriscos

La expulsión de los moriscos en 1609 es uno de los episodios más sombríos y quizás más olvidados de la historia de España. En el plazo de escasas semanas, unos 300,000 moriscos se vieron obligados, bajo pena de muerte, a abandonar repentinamente las tierras que habitaban desde hacía siglos y partir hacia un exilio incierto. En algunas zonas, el impacto socioeconómico fue particularmente dramático. En Valencia, por ejemplo, supuso la expulsión de una tercera parte de la población.

La expulsión supuso el final de una larga historia de desencuentros entre cristianos viejos y cristianos nuevos y, si no tuvo lugar antes, probablemente se deba a la fuerte oposición de los señores feudales de los moriscos, preocupados por las fuertes pérdidas económicas que conllevaría la pérdida de unos vasallos tan valiosos. Los moriscos estaban obligados a ceder a sus señores hasta el 40% de la cosecha. Según un observador de la época, “decir que los moriscos son esclavos de sus señores no es apropiado porque están mucho peor que los esclavos” (Chaney y Hornbeck 2013).

Tal y como explican en un reciente artículo Chaney y Hornbeck (2013), la expulsión supuso una importante disminución de la producción agrícola que tardaría al menos dos siglos en recuperarse. Según estos autores, los efectos negativos de la expulsión se vieron magnificados por la persistencia de unas élites extractivas que aplicaron a los nuevos pobladores cristianos las mismas instituciones con las que habían explotado anteriormente a los moriscos.

Tras la expulsión, se produjeron numerosos conflictos entre los nobles que controlaban las zonas que habían sido habitadas por los moriscos y los cristianos que deseaban repoblarlas. Tras algunos titubeos, la Corona decidió permitir a la nobleza extender a los nuevos pobladores cristianos las mismas condiciones draconianas que habían sufrido anteriormente los moriscos, con el argumento de que era necesario compensar a los nobles por su pérdida económica. Los cristianos que habitaran estas tierras deberían pagar al señor feudal una proporción de su cosecha más elevada de lo habitual, se verían forzados a utilizar los monopolios señoriales y tendrían limitada su movilidad geográfica. Según un observador de principios del siglo XVIII citado por Chaney y Hornbeck, “los nobles de Valencia disfrutan de impuestos y tasas tan desorbitantes que convierten a sus vasallos en esclavos”.

Chaney y Hornbeck muestran que en un principio la escasez de mano de obra y la abundancia relativa de tierras produjo un aumento de la producción agrícola per cápita pero, sin embargo, este aumento de la producción per cápita no conllevó un rápido aumento de la población, ya sea vía aumento de la fertilidad o vía migración, tal y como cabría esperar desde una perspectiva malthusiana. Durante cerca de doscientos años las zonas que habían sido habitadas por los moriscos se mantuvieron relativamente despobladas y con un nivel producción agrícola inferior al observado anteriormente. La tesis de Chaney and Hornbeck es que esta lenta convergencia se debió al mantenimiento de unas instituciones extractivas que mantenían el nivel de consumo de los siervos a niveles suficientemente bajos como para que se no produjese crecimiento demográfico.

La expulsión de los moriscos supone un ejemplo interesante de la evolución de las instituciones y de cómo estas afectan al desarrollo económico. Según Acemoglu y Robinson (2012), una súbita escasez de mano de obra puede generar una coyuntura que propicie el cambio institucional, pero la naturaleza de este cambio dependerá en gran parte de la situación inicial y de la distribución del poder político. Un ejemplo clásico sería el impacto diferencial de la Peste Negra en Europa Occidental y Europa Oriental. La Peste Negra supuso la muerte de cerca de la tercera parte de la población europea. En la mayor parte de Europa Occidental (España sería un caso particular, tal y como explican Álvarez-Nogal y Prados de la Escosura 2011), la escasez de mano de obra ocasionada por la plaga facilitó que los siervos consiguieran un mayor poder de negociación con sus señores y sacudieran las bases del sistema feudal. En Europa Oriental la historia toma un rumbo muy diferente. La disminución de la población ocasionada por la Peste Negra es aprovechada por los siervos para demandar mayores libertades. Sin embargo, los señores feudales de Europa Oriental, más poderosos que los señores feudales de Occidente, consiguen derrotar los intentos reformistas de los campesinos y refuerzan el control del sistema feudal, aumentando los impuestos y las cargas que soportaban sus siervos. Según la interpretación de Acemoglu y Wolitzky (2012), la situación inicial de las instituciones en algunos casos permite que los trabajadores aprovechen el aumento de su poder de negociación para mejorar sus condiciones contractuales, mientras que en otros casos el efecto dominante está asociado al incremento en los beneficios del sistema coercitivo que provoca la escasez de la mano de obra.

En Europa Occidental la eliminación de las instituciones extractivas en general se produjo después de largos conflictos. Por ejemplo, en Inglaterra después de la Peste Negra los terratenientes intentaron controlar los costes laborales a través de un Estatuto de los trabajadores que establecía un salario máximo similar al que se pagaba antes de la epidemia, pero tras una serie de revueltas campesinas los intentos de mantener intacto el viejo régimen fracasan y se produce un aumento de los salarios. En las zonas antiguamente habitadas por moriscos, la dureza del sistema señorial también generó un profundo descontento que culminó con la revuelta popular de 1693 en la que participaron cerca de 5.000 campesinos. Sin embargo, el levantamiento fracasó y los principales líderes fueron ajusticiados. La abolición de estas instituciones extractivas tendría que esperar a que la solución llegase desde el exterior. Tras invadir España, en 1808 Napoleón Bonaparte aprueba la abolición del régimen señorial, lo que supondría el principio del fin de unas instituciones extractivas que durante cientos de años habían limitado el crecimiento económico del país.