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¿Se deben reducir las bajas laborales de los trabajadores públicos?

Por Judit Vall

En su post de hace poco más de un año (aquí), Antonio Cabrales recomendaba un libro que describe el efecto (potencialmente) negativo de algunos incentivos que se diseñan exclusivamente para un individuo que sólo está interesado en su propio bienestar y que, por tanto, no tiene en cuenta la “moralidad” a la hora de tomar sus decisiones. En su post, Antonio pone como ejemplo una reforma que eliminó la política de bajas por enfermedad del departamento de bomberos de Boston, que se pagaban hasta entonces de manera ilimitada, y  resalta que “estaría bien ver que pasó en España en los últimos años cuando este tipo de políticas restrictivas con las bajas por enfermedad se han multiplicado en el sector público”.

Pues bien, Olivier Marie (Erasmus University of Rotterdam y Maastricht University) y una servidora le hemos tomado la palabra y estamos evaluando la reforma introducida por el Partido Popular en 2012 en la que se reducían las prestaciones por incapacidad temporal que recibían los trabajadores públicos.

Primero les explico un poco el contexto. Antes de la reforma, si los trabajadores públicos no podían asistir a su puesto de trabajo debido a una enfermedad temporal, recibían el 100% del salario del mes anterior a la baja laboral. Esta cantidad se recibía durante toda la duración de la baja temporal, e independientemente de la causa que había originado dicha baja (ya fuera una enfermedad común, un accidente de trabajo o una enfermedad laboral). En cambio, en el caso de los trabajadores del sector privado la retribución de la baja por incapacidad temporal dependía de la duración de la misma. Así, los empleados del sector privado recibían el 60% del salario (del mes anterior) desde el cuarto hasta el vigésimo día, y el 75% a partir del vigésimo primero (si la baja era por enfermedad común). El lector se habrá percatado que este colectivo de trabajadores no tiene derecho (por ley) a recibir ningún porcentaje del salario durante los 3 primeros días de baja laboral. De todos modos, hay empresas privadas que complementan de manera voluntaria estas (u otras) cantidades de las bajas temporales de sus empleados. En los casos de accidente de trabajo y enfermedad laboral, los trabajadores en el sector privado reciben el 75% desde el primer día de baja. Debido a la fuerte crisis económica que se vivió en España a partir del año 2008, el gobierno adoptó una serie de reformas para intentar fomentar el crecimiento económico y la competitividad, así como para limitar el gasto público y garantizar la estabilidad presupuestaria. Una de estas reformas se introdujo el 13 de Julio del 2012; este decreto ley (Real Decreto-ley 20/2012) incluía varios puntos que tenían como objetivo la racionalización del gasto en el sector público y el aumento de la productividad de los trabajadores públicos. En nuestro estudio nos centramos de manera específica en uno de estos cambios: la reducción de las prestaciones por incapacidad temporal de los trabajadores del sector público, que pasaron de recibir el 100% a recibir una cantidad variable en función de la duración de la baja temporal (asemejándose así a las condiciones de los trabajadores privados, aunque todavía seguían siendo más generosas). Más concretamente, los trabajadores públicos pasaban a recibir el 50% del salario durante los tres primeros dias de baja laboral, el 75% del cuarto al vigésimo día, y el 100% a partir del vigésimo primero. Este cambio solo afectaba a las bajas por enfermedad común, con lo cual las bajas por accidente de trabajo o enfermedad laboral se mantenían en el 100% de retribución. La reforma solo modificó las condiciones de las bajas laborales de los trabajadores del sector público, mientras que dejó intactas las condiciones para los trabajadores del sector privado.

La tabla 1 presenta un resumen de la situación antes y después de la reforma para trabajadores públicos y privados.

Captura de pantalla 2017-09-29 a las 11.35.28La productividad de los trabajadores públicos es un tema que despierta mucho interés desde las esferas políticas y académicas así como por parte de la ciudadania en general. ¿Quién no ha escuchado (o ha hecho) alguna vez comentarios quejándose sobre el número de días de vacaciones que tienen los profesores o lo poco eficientes que son los trabajadores públicos en algunas instituciones que realizan trámites administrativos?

Este tipo de reformas como la que hemos explicado, nos permiten descubrir si, efectivamente, los trabajadores públicos están menos “motivados” para trabajar y, por tanto, si tienden a estar “más enfermos” que los trabajadores del sector privado, cosa que afectaría a su productividad laboral. Así, para tener una primera impresión de si esta reforma ha afectado el comportamiento de bajas por incapacidad temporal de los trabajadores públicos, utilizamos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que recogen el universo de bajas por incapacidad temporal en España de 2010 a 2015. Como el número de personas empleadas ha variado mucho en este mismo periodo, agregamos los datos individuales a nivel de trabajadores públicos y privados para cada trimestre de cada año. También separamos a mujeres y hombres. Una vez colapsados los datos, dividimos el número de bajas por el número de personas ocupadas en ese período.

En la figura 1 podemos observar la evolución de la proporción de bajas temporales por 1000 trabajadores por cada trimestre para el caso de los hombres. Hay varias cosas interesantes a destacar. El primer elemento es que la proporción de trabajadores de baja (antes de 2012) es exactamente la misma para los hombres que trabajan en el sector público que para los que trabajan en el sector privado. ¡Sí señores! ¡Buenas noticias! Parece que en España los trabajadores públicos no están más de baja que los trabajadores del sector privado. La segunda observación interesante (aunque no tan sorprendente) es que la proporción de trabajadores de baja (tanto públicos como privados) depende fuertemente del trimestre; en invierno hay muchas más bajas que en verano.

Figura 1. Proporción de bajas laborales temporales de trabajadores públicos/privados por cada 1000 trabajadores (por trimestre). Hombres.

Y la última (y más interesante) observación es que las dos líneas paralelas se separan justo en el trimestre en que se introduce la reforma de las bajas laborales. Más concretamente, la línea azul, que representa el comportamiento de los trabajadores públicos, disminuye considerablemente y se separa del comportamiento de los trabajadores del sector privado justo en el trimestre en que se introduce la reforma. Aunque este gráfico presenta solo evidencia descriptiva, sí que parece sugerir que la reforma puede haber causado una (fuerte) reducción en la incidencia de las bajas temporales de los trabajadores públicos.

Si nos centramos ahora en la figura 2, vemos que, para el caso de las mujeres, sí que existe una diferencia en el comportamiento antes de la reforma; las trabajadoras del sector público exhiben un mayor número de bajas laborales por trabajador que las del sector privado (sobre todo en los meses de invierno). De esta observación no podemos concluir que las mujeres que trabajan en el sector público en España engañan más al sistema (¡Cuidado con los comentarios! Una servidora es mujer y trabaja en una institución pública) porque el tipo de trabajo de los dos grupos de mujeres puede ser muy distinto. Lo que sí que vemos, de nuevo, es que cuando la reforma se introduce, la proporción de bajas de las trabajadoras del sector público cae de nuevo de manera muy significativa.

Figura 2. Proporción de bajas laborales temporales de trabajadoras públicos/privadas por cada 1000 trabajadoras (por trimestre). Mujeres.

Imagen 2

Esta evidencia descriptiva es consistente con dos tipos de explicaciones muy diferentes:

1) Puede ser que antes de la reforma los trabajadores públicos “engañaran” al sistema y la reforma ayudara a disciplinar el comportamiento de estos trabajadores (con lo cual la reforma sería un éxito).

2) Pero también puede ser que la reducción en las bajas laborales que ocasiona la reforma se corresponda a trabajadores públicos que están realmente enfermos pero, aun así, asisten a su puesto de trabajo para no perder salario (lo que en inglés se llama “preseenteism”). Esta última explicación, como ya se pueden imaginar, es muy diferente de la primera (reducción del absentismo) y podría acarear consecuencias negativas para la salud de los trabajadores públicos.

En estos momentos estamos intentando identificar cuál de los dos mecanismos es el que está detrás de la caída de las bajas laborales de los trabajadores públicos. Esperemos poder tener un working paper pronto y poderme dirigir de nuevo a los lectores de NeG con el desenlace.