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¿Pretende el Ministro matar al mensajero de la corrupción?

de Elena Costas-Pérez

Desde hace algún tiempo parece imposible abrir un periódico sin encontrarse con un nuevo escándalo de corrupción política. La percepción de que España es un país corrupto se refleja también en los principales rankings internacionales.

A la hora de buscar soluciones, las propuestas tienden a centrarse en el papel que juegan dos instituciones: el sistema electoral y el judicial. Mecanismos como las listas abiertas, las primarias obligatorias o el endurecimiento de la ley son presentadas como panaceas. Estas propuestas encuentran apoyo en el hecho de que los países democráticos con elecciones que dan márgenes de libertad de elección a los votantes y con un sistema judicial independiente tienden a estar asociados con menores niveles de corrupción.

Relación entre estabilidad democrática y corrupción

(media por países)

El1

Fuente: Lederman, D., Loayza, N., & Soares, R. R. (2001). “Accountability and corruption: political institutions matter”. World Bank Policy Research Working Paper, (2708).

Sin embargo, en ese debate se olvida otra institución fundamental a la hora de garantizar la eficacia de los mecanismos de rendición de cuentas en una democracia: los medios de comunicación. La evidencia para España señala que su impacto es muy relevante a la hora de garantizar el castigo electoral a la corrupción.

Se preguntaba hace unos días Irma Clots-Figueras en este mismo blog si los españoles castigamos con el voto a los políticos corruptos. Citaba los resultados de un artículo que publicamos con Albert Solé-Ollé y Pilar Sorribas-Navarro (link) en el que encontrábamos dos resultados relevantes. Por un lado, que el castigo de los votantes españoles a los alcaldes corruptos es modesto. No llega en la mayoría de casos a afectar sus probabilidades de reelección. Pero, por otro lado, encontramos que en aquellos escándalos en los que había habido una sentencia judicial, o existido una amplia cobertura mediática – medida como más de 10 publicaciones – la pérdida de votos del alcalde implicado en el escándalo asciende al 14%. Un valor nada despreciable.

Es decir, en aquellos casos en que ha habido una cobertura mediática adecuada, existe castigo electoral. De esta forma, la información revelada por los medios de comunicación se convierte en una pieza clave para entender la falta o la existencia de repercusión electoral de la corrupción.

Pero, ¿cumplen realmente los medios españoles este papel de "watchdog" de la corrupción?

Si partimos de la hipótesis de que, como empresas privadas, los medios de comunicación suelen guiarse por criterios empresariales al decidir qué escándalos de corrupción cubrir y en qué medida, aparecen entonces dos sesgos que alteran este papel de vigilante: por un lado, un "sesgo de demanda"; por otro, un "sesgo de oferta".

El "sesgo de demanda" llevaría a algunos medios a publicar más noticias sobre aquellos escándalos que interesen más a sus lectores, y menos sobre los puedan incomodarlos. Este sesgo ideológico se basa en la hipótesis de que los ciudadanos quieren ver sus creencias confirmadas en aquello que leen. De ahí que tiendan a elegir un medio de comunicación con una línea ideológica similar a la suya. Este modelo, planteado por Mullainathan y Shleifer (2005) ha sido básicamente aplicado al caso americano. En un interesante estudio, Gentzkow y Shapiro (2010) demuestran que los periódicos americanos presentan un claro sesgo ideológico, principalmente explicado por este fenómeno de demanda. Es decir, los periódicos leídos por un público mayormente conservador publican menos noticias de escándalos que afectan al partido republicano como estrategia comercial para atraer a sus lectores, y viceversa para los demócratas.

El papel de vigilante de los medios puede estar alterado también por un “sesgo de oferta”. Por un lado, los propios editores o propietarios de los medios pueden tener una agenda ideológica propia que les lleve a querer favorecer a determinados partidos, no publicando sus casos de corrupción, o a atacar a otros, cubriendo de forma más extensa sus escándalos. Estudios recientes en el campo de la economía y las ciencias políticas parecen confirmar la existencia de este sesgo. De nuevo, para el mercado americano, Puglisi y Snyder (2011) observan que las preferencias ideológicas reflejadas en los editoriales de los periódicos en EEUU están altamente correlacionadas con los sesgos partidistas en la cobertura de los escándalos de corrupción.

Pero no podemos olvidar el interés que otros actores pueden tener en controlar la cobertura mediática de los escándalos: los propios políticos. La captura de los medios de comunicación por parte de los gobiernos provocaría una reducción, o incluso la propia omisión, de aquella información que pudiese afectar de forma negativa al político en el cargo. Más allá del chantaje, o la concesión directa de ayudas públicas, el estado tiene dos vías para controlar los ingresos de los medios, e influenciar así el contenido que se publica: la publicidad institucional y la compra directa de ejemplares. De nuevo, la evidencia internacional nos muestra que este fenómeno ocurre. Por ejemplo, analizando el espacio dedicado en la portada de los principales diarios argentinos a los casos de corrupción política entre 1998 y 2007, Di Tella and Franceschelli (2011) observan una reducción de la cobertura de los escándalos asociada a un incremento de la publicidad institucional. La publicidad institucional abarca desde la difusión de campañas educativas o turísticas, la información sobre trámites de la administración o la propia publicidad electoralista. El dinero público se convierte así en una forma de acallar a los medios en aquellos asuntos que puedan perjudicar al gobierno.

¿En qué medida se produce en nuestro país este efecto captura de los medios por los gobiernos y los sesgos ideológicos de demanda y de oferta de los propios medios?

La falta de transparencia en relación al dinero público destinado a la publicidad institucional o a la compra de ejemplares de periódicos dificulta la estimación de la influencia del gobierno en los medios de comunicación. Sin embargo, algunos estudios han intentado identificar el grado de partidismo en la cobertura de los escándalos de corrupción. Castromil y Chavero (2012) observan que en las elecciones municipales de 2011 los principales periódicos españoles reflejaron un comportamiento claramente partidista en la cobertura de los escándalos de corrupción. Considerando también únicamente los casos de corrupción del PP y del PSOE, Palau y Davesa (2013) encuentran también diferencias significativas entre la cobertura de El País y El Mundo. A conclusiones similares podemos llegar analizando los datos aportados por PageOneX. En esta interesante iniciativa, “El color de la corrupción”, se visualiza de forma gráfica el porcentaje de las portadas de varios medios españoles dedicado a distintos escándalos de corrupción.

Cobertura de corrupción en las portadas de los periódicos españoles

(Enero-Febrero de 2013)

El2

Fuente: Análisis realizado con PageOneX.com por Pablo Rey Mazón, numeroteca.org

Por su parte, Lluís Orriols se planteaba la posibilidad de que esta “guerra de trincheras” tuviese como efecto una alineación ideológica de los lectores con aquellos medios que le son afines, evitando así recibir mensajes contradictorios a sus creencias políticas. En este sentido, destaca que la gran mayoría de lectores de El Mundo y el ABC son de derechas, mientras que los de El País son de izquierdas.

Sea causa o consecuencia, la perceptible parcialidad de los medios de comunicación españoles cuestiona su capacidad para actuar como cuarto poder, poniendo en duda la efectividad de las elecciones como mecanismo de rendición de cuentas.

A la vista de esta evidencia sobre la importancia de la información en el control de la corrupción política, se pueden extraer dos conclusiones. La primera es que no resultan precisamente afortunadas las recientes declaraciones del ministro de Justicia sobre la necesidad de “abrir un debate” sobre los límites que se deben imponer a los medios al informar sobre escándalos de corrupción. Lo que pretende el ministro es matar al mensajero, no acabar con la corrupción. La segunda es que, si realmente quiere usted votar en contra de los corruptos, tiene que cambiar de periódico, o leerlos todos.