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La digitalización es una oportunidad histórica para aumentar el bienestar: ¡aprovechémosla!

de Antonio Maudes Gutiérrez y Mateo Silos Ribas 

Desde la aparición de la vida en el planeta hace más de cuatro mil trescientos millones de años sólo dos géneros (homo y australophitecus) han adquirido la capacidad de tener “ideas”. Verdaderas rarezas evolutivas que lograron crear herramientas y conservarlas para su futuro uso (Shea, 2016). Un porcentaje aún más infinitesimal de las especies que han existido — del orden de 10-10 % y todas ellas dentro del género homo— han sido capaces de aprender a controlar el fuego. Únicamente la nuestra no está extinguida.

Este comienzo, más propio de Nature que de Nada es Gratis, busca recordar al lector que las “ideas”, hoy tan abundantes, han sido durante eones no sólo raras, sino inexistentes en la Tierra.

¿Y qué es una “idea”? Desde el punto de vista económico, una “idea” sería una receta que permite la creación de valor, reorganizando objetos previos (Romer, 2015). El bifaz, el fuego o la agricultura son grandes ideas que, espaciadas centenares de miles de años, cambiaron nuestra evolución y nuestra Historia. El desarrollo de nuevos materiales como el grafeno, el coche eléctrico autónomo, las subastas de incentivo de espectro o las gasolineras automáticas son también ideas que en la era digital actual surgen aceleradamente. A su vez, existen metaideas, que son ideas con capacidad de generar y transmitir ideas. Ejemplos de este tipo de ideas son la “ciudad”, el “mercado” o el “método científico”. Durante los últimos doscientos años, la combinación de estos tres elementos nos ha beneficiado de forma inimaginable, algo que nunca debemos olvidar, en especial en la actualidad, cuando asistimos al cuestionamiento de muchas de las instituciones que han resultado fundamentales para nuestro progreso reciente.

Y sin embargo, cuando parecía que íbamos a velocidad de crucero y que la historia se había terminado, llegó la digitalización. Quizás la más profunda de las revoluciones tecnológicas. Sólo comparable con la revolución agrícola o la revolución industrial por su capacidad de transformar la totalidad de las actividades humanas. En ocasiones, de forma inesperada. La digitalización acelera aún más la aparición de ideas en una explosión de innovación y de disrupción.

A primera vista, la digitalización no parecía tan potente ni tan disruptiva. ¿Qué hay de espectacular en que las ideas puedan ser representadas como secuencias ordenadas de ceros y unos? ¿Es tan revolucionario que esos datos digitales puedan ser almacenados, tratados y transmitidos en computadoras cada vez más potentes?

Pues sí, lo es.

En una generación, el mundo analógico que conocíamos se está transformando en otra cosa, aún por concretar. La digitalización facilita, a nivel mundial, una mayor abundancia de datos – que económicamente se caracterizan por ser “no rivales” – así como una mayor capacidad para almacenarlos, organizarlos, compartirlos, verificarlos, y analizarlos, a un coste mucho menor que en el pasado. A su vez, reduce los costes de transacción y las barreras de entrada, amplía el tamaño del mercado, facilita la aparición de economías de “superestrellas”, contribuye al desarrollo de mercados virtuales basados en plataformas, e intensifica el proceso globalizador, transformando las cadenas de valor a nivel nacional e internacional. Esta nueva era digital, y sus inseparables hermanas, la transparencia y la innovación, está impactando como un tsunami en los mercados, en el conjunto de la sociedad y en nuestras instituciones.

Los efectos sobre el sector privado están siendo y serán considerables. Nada volverá a ser igual. No obstante, de tomarse las decisiones adecuadas, las implicaciones de la era digital podrían ser incluso más profundas para el sector público. La digitalización ofrece una oportunidad para mejorar su funcionamiento y conseguir una intervención pública en los mercados más eficiente.

En primer lugar, la digitalización actúa sobre los engranajes fundamentales del sector público y permite mejorar su funcionamiento, de forma transversal. La digitalización fuerza al sector público a ser más permeable a las ideas de mercado y método científico, facilitando el ensayo y error y el aprendizaje tanto en las funciones que ejerce como en el diseño de políticas públicas. A su vez, la digitalización aumenta el nivel de información sobre su estructura y funcionamiento, lo que refuerza la capacidad del conjunto de la sociedad para controlar, evaluar y fiscalizar al sector público. Es más, la mera conciencia por parte de los poderes públicos de que sus actuaciones pueden dejar un rastro digital, persistente y verificable, promueve que las instituciones y las personas físicas que las componen se alineen con el objetivo de promover el interés general, y no su interés particular o el de terceras partes privadas o públicas.

En segundo lugar, la digitalización puede afectar de forma sustancial y positiva a la intervención pública en los mercados. Los poderes públicos deberían aprovechar de forma plena todo este potencial. Los mercados no siempre conducen a una solución eficiente. En ocasiones, la intervención del sector público puede estar  justificada. En otras no, como no se cansa de repetir la autoridad de competencia española J y por otro lado se ha indicado reiteradamente en Nada es Gratis, por ejemplo aquí, aquí, aquí o aquí, entre muchos otros posts.

La digitalización permite mejorar la forma en la que el sector público participa como proveedor, facilitando un mejor diseño e implementación de políticas públicas – piénsese, por ejemplo, en la utilización de las tecnologías de big data en el ámbito educativo, sanitario, medioambiental o de defensa – o una mayor utilización de los mecanismos de mercado en la provisión de servicios públicos - como por ejemplo, en los autobuses urbanos. La digitalización también plantea grandes oportunidades para fomentar la competencia y la eficiencia cuando el sector público actúa como comprador: aumenta el nivel de publicidad en las licitaciones públicas, permite que el sector público pueda abastecerse de una forma más similar al sector privado, y facilita la evaluación ex-post. A su vez, la digitalización puede contribuir a mejorar la forma en la que se diseñan e implementan políticas públicas basadas en impuestos o subvenciones destinadas a corregir fallos de mercado: piénsese, por ejemplo, en el potencial de la digitalización para diseñar e implementar un peaje para circular en automóvil por el centro de una ciudad congestionada y contaminada como Madrid.

Finalmente, la digitalización constituye una oportunidad única para conseguir una regulación de los mercados más eficiente. La mejora de la regulación sigue siendo una necesidad clara en España. Nuestro país continúa hambriento de reformas económicas que aumenten el bienestar. Existen incontables restricciones innecesarias o desproporcionadas – injustificadas – desde la óptica del bienestar social. No sólo en su estructura, sino a nivel “celular”, en su articulado. En algunas ocasiones, la “contaminación” regulatoria se da por la falta de adaptación de la normativa al cambio tecnológico (aquí). Otras son medidas defensivas, que parecen pretender ralentizar el cambio tecnológico que facilita la digitalización (por ejemplo, aquí o aquí). También parece probable la captura del regulador, en sectores muy variados (por ejemplo aquí, y aquí, aquí y aquí o también aquí y aquí). Tampoco son descartables varias explicaciones simultáneamente.

La digitalización puede contribuir a mejorar la regulación a través de distintos canales. En primer lugar, la digitalización ha venido acompañada del desarrollo de mecanismos y modelos de negocio que permiten mitigar o solucionar determinados fallos de mercado en los que se apoyaban los poderes públicos para intervenir en el mercado de distintas formas, restringiendo la competencia. Algunos casos muy conocidos son los sectores del taxi, el alojamiento turístico, o los servicios profesionales. Pero habría muchos otros, como el sector energético. Al permitir solucionar fallos de mercado y facilitar la eliminación de restricciones a la competencia, la digitalización se convierte en un instrumento que permite mejorar la regulación en multitud de sectores económicos y aumentar el bienestar. Los poderes públicos no deben obstaculizar injustificadamente que la digitalización florezca y se desarrolle.

En segundo lugar, la digitalización contribuye a mejorar la regulación porque dificulta los procesos de captura regulatoria. Por un lado, tiende a aumentar la transparencia con la que actúa el regulador, ya sea ésta obligada, voluntaria o involuntaria. Por otro lado, incrementa la capacidad de la sociedad para evaluar al regulador y difundir sus resultados, fomentando el debate público sobre la actuación de las instituciones con competencias en estas materias. Un mayor grado de contestabilidad intelectual, unido a un mayor nivel de transparencia, dificulta la captura regulatoria al hacerla más costosa. Es en un entorno de opacidad, sin disciplina, sin contestabilidad, donde la captura no tiene coste y por lo tanto prospera, se desarrolla y fructifica.

En suma, como antes la revolución agrícola y la revolución industrial, la revolución digital es una disrupción histórica, que afecta al conjunto de la sociedad, interpela especialmente al sector público, y puede servir para conseguir mayores cotas de bienestar.

A diferencia de lo que nos ocurrió entre el fuego y la agricultura, no tenemos 30.000 generaciones para adaptarnos. Tampoco tenemos 700 generaciones para ir eligiendo, como tuvimos entre la ciudad y la revolución industrial. Ni siquiera dispondremos de las 10 generaciones que han transcurrido entre la primera revolución industrial y la digital. No. Las elecciones fundamentales referentes a la digitalización no nos queda más remedio que realizarlas en ésta generación. Por nuestra parte la respuesta está bien clara: aprovechemos todo su potencial para aumentar el bienestar.

Este post resume algunas de las ideas desarrolladas por los autores en un artículo personal: “Una regulación económica más eficiente en el mundo digital. Las autoridades independientes de productividad”, publicado en Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, Nº 891, 2016, La Administración Pública en el siglo XXI, págs. 61-80.

Antonio Maudes Gutiérrez. Doctor en Económicas y Empresariales, Licenciado en Derecho. Técnico Comercial y Economista del Estado.

Mateo Silos Ribas Subdirector de Análisis Económico. Departamento de Promoción de la Competencia. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.