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Gasto en educación y pobreza

De Marisa Hidalgo-Hidalgo e Iñigo Iturbe-Ormaetxe

Aula del CEIP Andalucía de Sevilla. Fuente: El Confidencial

En este blog se ha hablado en numerosas ocasiones sobre la pobreza, por ejemplo, sobre las causas de la pobreza persistente (aquí), sobre sus efectos (aquí) o, más recientemente, sobre pobreza y educación en España a principios del siglo XX (aquí). Según los últimos datos de Eurostat, en los países de la UE-28 casi un 27% de los niños se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Al margen de cuestiones morales, la evidencia existente muestra que sufrir penalidades económicas en etapas tempranas de la vida tiene efectos negativos más adelante: mayor probabilidad de abandono prematuro en la escuela, mayor probabilidad de pobreza en la edad adulta y mayor incidencia de problemas de salud. Hay al menos dos explicaciones para esta “transmisión intergeneracional de desventajas”. La primera es que puede haber diferencias genéticas o culturales que se transmiten de padres a hijos. La segunda es que las familias con más recursos pueden invertir más en la educación de los hijos, lo que les otorga una ventaja. Este segundo mecanismo justifica la intervención pública en la educación para nivelar las oportunidades entre individuos.

En un trabajo reciente estudiamos, para un grupo de países europeos, qué relación hay entre el gasto público en educación en el periodo en que una persona estaba en la escuela y la probabilidad de que dicha persona sufra una situación de pobreza en la edad adulta. Nuestra intención es ver si un mayor gasto ayuda a compensar una mala posición de partida.

Los datos sobre pobreza son de EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions). EU-SILC tiene datos tanto de sección cruzada como longitudinales sobre renta, pobreza, exclusión social y condiciones de vida. Usamos los datos de las secciones cruzadas de 2005 y 2011, ya que cuentan con sendos módulos especiales sobre transmisión intergeneracional de pobreza (2005) y desventajas (2011). Estos módulos recaban información sobre cómo era la situación familiar del individuo cuando era adolescente: composición de la familia, educación y ocupación de los padres, así como información sobre la situación económica de la familia.

Los datos de gasto educativo los obtenemos de la UNESCO. En concreto, tenemos datos por países del gasto público anual por estudiante, desde el año 1971. Los datos originales vienen en porcentajes de la renta per cápita y están desagregados en tres niveles (primaria, secundaria, terciaria). Usamos datos de renta per cápita y datos de poder de compra del Banco Mundial para acabar obteniendo datos de gasto per cápita en educación primaria, secundaria y terciaria para cada país y año, todos ellos expresados en dólares del año 2000.

A continuación, construimos diferentes medidas del gasto per cápita para estimar la inversión pública por estudiante. En una primera medida asignamos a cada individuo el gasto medio por estudiante en los tres niveles, para aquellos años en los que el individuo tenía 15, 16 y 17 años. La razón es que queremos ver el efecto del gasto público realizado antes de la edad de entrada en el mercado de trabajo. Elegir el segmento de edad 15-17 nos permite tener una muestra lo más grande posible, ya que a una persona nacida en 1954 tiene 17 años en 1971, lo que nos permite imputarle un gasto en ese año. La razón de usar la media del gasto de los tres años es la de tener una medida suavizada del gasto.

Dado que los datos de gasto más antiguos son de 1971, nuestra muestra es de personas nacidas entre 1954 y 1980 para la sección cruzada de 2005 y entre 1954 y 1985 para la de 2011, con lo que el rango de edad varía entre 25 y 57 años. También consideramos otras medidas como la suma del gasto medio en primaria y secundaria. Esta medida describe el gasto en los niveles obligatorios de educación y puede ser una medida más apropiada del gasto público del que todas las personas se han beneficiado. Finalmente consideramos el gasto por separado en cada uno de los tres niveles educativos. Esto nos permite analizar cuál de los tres componentes del gasto muestra una asociación más fuerte con la reducción de la pobreza.

En el grafico siguiente representamos en el eje horizontal los quintiles del gasto educativo total cuando el individuo tenía 15-17 años. En el eje vertical calculamos la probabilidad de estar por debajo del umbral de pobreza en el momento de la encuesta. Este umbral es el 60% de la renta mediana del país (esta es la definición de pobreza en la Unión Europea). Hacemos el cálculo separando a los individuos en dos grupos, de acuerdo al nivel educativo de los padres. La línea roja corresponde a los individuos cuyos padres tenían a lo sumo educación primaria. La línea azul corresponde a aquellos para los que o bien la madre o bien el padre (o ambos) tenían al menos educación secundaria.

Para aquellas personas que se criaron en familias con un nivel educativo bajo, un mayor gasto público se asocia con una menor incidencia de la pobreza. Por el contrario, para el grupo con padres con educación media o alta, no hay una correlación aparente. Como muestra el grafico siguiente, el efecto es aún mayor si solo consideramos el gasto en educación primaria y secundaria. La razón es que estos niveles de gasto se corresponden más fielmente con la etapa educativa obligatoria, por lo que todos los individuos, independientemente del tipo de familia, disfrutan de los mismos.

Los gráficos anteriores muestran que, para aquellas personas cuyos padres tienen un nivel educativo bajo, hay una correlación negativa entre el gasto educativo cuando eran adolescentes y la probabilidad de estar por debajo del umbral de la pobreza en la edad adulta. No podemos hablar de causalidad. Podría ocurrir que aquellos países más igualitarios en el pasado (y con menor incidencia de la pobreza) gasten más en educación y sean, también hoy, los países más igualitarios.

Lo que hacemos a continuación es estimar una serie de regresiones en las que la variable binaria a explicar es un indicador de pobreza, que toma el valor uno si el individuo vive en una familia cuya renta disponible está por debajo del umbral de pobreza. Como variables explicativas incluimos características demográficas del individuo, así como características de su entorno familiar determinadas antes de terminar el periodo educativo. También incluimos un conjunto de controles específicos de cada país y cohorte, como el PIB per cápita y el nivel de desigualdad (índice de Gini) en el momento en que se efectuó el gasto. Finalmente, incluimos también el cambio en estas dos últimas variables desde el momento en que el individuo estaba en la escuela y el momento de la encuesta. De esta forma podemos controlar parcialmente por aquellos cambios que han podido ocurrir dentro de cada país a lo largo del tiempo.

El primer resultado que obtenemos es que no todo el gasto educativo está asociado con una reducción en la incidencia de la pobreza en la vida adulta. Esta relación sólo la observamos para el gasto en educación obligatoria (primaria y secundaria), no así para el caso del gasto en educación terciaria. En concreto, un aumento de una desviación estándar en el gasto en educación obligatoria está asociado con una reducción de 0.61 puntos porcentuales en la pobreza adulta. Esto representa un 5% de la tasa media de pobreza en nuestros datos (12.11%).

El segundo resultado que obtenemos es que, como se observa en las figuras de arriba, las características de las familias son cruciales. El efecto positivo del gasto público se concentra casi en su totalidad en los individuos cuya familia tenía un nivel educativo bajo. Para este grupo, un aumento de una desviación estándar en el gasto está asociado con una reducción de 1.24 puntos porcentuales en la pobreza adulta. Una implicación probable es que el gasto público ayuda a promover la movilidad intergeneracional.

Creemos que nuestros resultados pueden ser relevantes en debates recientes en la literatura en la economía de la educación. En concreto, apoyan las políticas que promueven aumentar el gasto en educación básica, por ejemplo, reduciendo la edad de entrada en el sistema obligatorio, o mejorando la calidad de la educación que se ofrece en etapas tempranas.