Fortalezcamos el euro

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de Rafael Doménech y Federico Steinberg

El euro sigue siendo una construcción vulnerable. A pesar de los avances de los últimos años, su arquitectura no garantiza su supervivencia a largo plazo. Hay que hacer mucho más y el próximo Consejo Europeo es una oportunidad que no podemos perder para avanzar hacia una Unión Económica y Monetaria (UEM) más integrada y eficaz.

El documento de reflexión de la Comisión Europea de 2017 y la reciente propuesta de 14 economistas franceses y alemanes han abierto un intenso debate sobre la reforma de la UEM. Un reciente manifiesto firmado por más de veinte expertos españoles (incluidos los autores de esta entrada) aboga a largo plazo por una mayor coordinación y disciplina fiscal y macroeconómica, la creación de un instrumento de estabilización con capacidad de endeudamiento, un auténtico prestamista de última instancia, la quiebra del vínculo entre los bancos y los soberanos y el avance en una reforma institucional que otorgue una mayor legitimidad al euro ante la opinión pública. Sería un gran avance que los países del euro se pusieran de acuerdo en estos objetivos a largo plazo, y que fijaran una estrategia para alcanzarlos gradualmente.

Una Autoridad Fiscal Central

A largo plazo la UEM necesita una Autoridad Fiscal Central (CFA en inglés) con ingresos propios y capacidad para endeudarse y emitir un activo seguro (eurobono). Su Presidente se convertiría en el Ministro de Finanzas del euro, dirigiría un Tesoro (embrionario) de la eurozona y sería responsable de hacer cumplir unas reglas fiscales y macroeconómicas más simple y creíbles que las actuales.

Ir más allá de las estructuras intergubernamentales existentes del Eurogrupo y del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), integrándolas dentro del método comunitario, facilitaría la toma de decisiones y aumentaría su legitimidad. Hace falta un enfoque europeo común, no una cacofonía de 19 voces. Un Consejo de Estabilidad Fiscal Europeo (FSB, por sus siglas en inglés) se encargaría del análisis técnico de la estabilidad macroeconómica y fiscal, mientras que la CFA  tomaría las decisiones políticas. Sólo los países que cumplieran la las reglas recibirían apoyo fiscal durante las recesiones y el Ministro de Finanzas del euro establecería la posición fiscal para el conjunto de la UEM, con el fin de garantizar el estímulo adecuado en las recesiones y la consolidación en las expansiones.

La Unión bancaria y el BCE

Es necesario completar la unión bancaria con un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos, una mayor convergencia de los procedimientos de resolución, la profundización de la unión del mercado de capitales y un respaldo fiscal creíble para el fondo de resolución, que ayude a romper el bucle diabólico entre riesgo bancario y riesgo soberano.

La reestructuración de la deuda debería ser posible, como plantean los economistas franceses y alemanes, pero solo como opción de último recurso y sin criterios automáticos que la precipiten. Cuestionar la solvencia de la deuda pública implicaría un aumento de la inestabilidad en los mercados, aumentaría la fragmentación financiera y abriría la puerta a posibles episodios de pánico. Como señala Wolff, la actual ambigüedad constructiva de las normas reduce la probabilidad de ataques especulativos y contribuye a la estabilidad. Además, mientras no haya un Tesoro europeo con un presupuesto suficiente capaz de hacer frente a shocks asimétricos y que emita eurobonos, la deuda soberana de los países debería seguir considerándose como un activo libre de riesgo.

El Banco Central Europeo (BCE) debe poder actuar como prestamista de última instancia para los países solventes con problemas de liquidez. Como recientemente ha subrayado Constancio, después de la experiencia de la crisis de la deuda soberana, el BCE no tiene excusa para no cumplir su mandato interviniendo en el mercado de bonos soberanos a través del mercado secundario. En caso de insolvencia de un país, la CFA tomaría el control de sus cuentas y negociaría y aplicaría un programa de ajuste con el país, con ayuda técnica del FSB y bajo la vigilancia del Comité de Asuntos de la UEM del Parlamento Europeo.

Convergencia real y reformas estructurales

Por último, es necesario promover una mayor convergencia económica entre los países de la eurozona. Para ello, es necesario que se pongan en marcha incentivos para que los países emprendan reformas estructurales de modo que sus economías sean flexibles, innovadoras y socialmente inclusivas. La CFA podría proporcionar financiación para bienes y servicios públicos paneuropeos como la seguridad, la protección fronteriza, la transformación digital y las reformas que se consideren esenciales para la UE. Los países que se comprometan a realizar las reformas deberían recibir más ayudas europeas.

La mayor integración económica requerirá de una mayor integración política que proporcione legitimidad democrática y facilite una mayor rendición de cuentas. Somos conscientes de que estas propuestas implican una transferencia de soberanía a las instituciones europeas y que algunas requerirán un cambio de Tratado. Sin embargo, consideramos que, en un mundo sujeto a la incesante transformación tecnológica y digital y a cada vez mayores tensiones geopolíticas, seguir “mareando la perdiz” con el futuro de la UEM ya no es una opción.

Hay 4 comentarios
  • He leído el post pero no el manifiesto ni otros documentos citados y difícilmente los lea porque el post refleja una mala interpretación de la historia y propone soluciones de fantasía (como las analizadas en el libro referido por Daniel García en su último post). Ambos problemas se deben a que se presupone que la teoría macroeconómica (con toques de teoría monetaria y financiera) es buena base para analizar la historia y alternativas posibles.

    El post aboga por tres cosas. Primero, la creación de un par de órganos (FSB y CFA) a nivel UE para formular y ejecutar las políticas fiscales de los países miembros. Más allá de problemas operativos debido a conflictos internos (ver tercer punto), esta idea acepta que la UE es “un área fiscal óptima”, idea implícita en la teoría macroeconómica por ser aplicable sólo a una jurisdicción política (normalmente el estado-nación). La propuesta pretende que la UE se convierta en tal área óptima por celebración popular de que todos y cada uno de los grupos internos del área sean solidarios entre ellos (aunque sea por coerción, esto es, la solidaridad hipócrita de los políticos). El fracaso histórico de semejante solidaridad en el territorio de la UE ha sido bien estudiado.

  • Segundo, la unificación total del sistema bancario y financiero a nivel UE, incluyendo el quiebre del vínculo entre bancos y soberanos y la creación de un prestamista incondicional de última instancia. La respuesta a la crisis incluyó la idea de unificar la institucionalidad del sistema bancario y aunque no tengo claro qué avances se han logrado, cualquier avance habría sido al costo de limitar la competencia entre bancos, importante cuando la industria está amenazada en sus dos funciones básicas (pagos e intermediación financiera).

    Pasada la urgencia para tratar la resolución de bancos en crisis, se pretende quebrar el vínculo entre bancos y soberanos. Pero para hablar de financiamiento de los gobiernos, o se hacen supuestos heroicos sobre el monto del gasto total y la calidad de su composición, o se supone un sistema que permita controlar la cantidad y la calidad del gasto. Si la centralización del gasto a nivel UE (comentario anterior) fuera suficiente para suponer lo segundo, el quiebre sería sólo conveniente, pero lo más probable ni lo uno ni lo otro: ni habrá control del gasto ni habrá quiebre, salvo que se eliminen los gobiernos nacionales y Dios asuma a nivel UE. Y para peor se habla de “prestamista incondicional” de “ultima instancia”, pero si es incondicional pasará a ser de primera instancia y si es prestamista supercondicional será de última instancia, cuando haya que prometer hacer todo lo que antes no se hizo firmando todos los documentos exigidos.

  • Tercero, la reforma del Tratado para ampliar el poder de los órganos a nivel UE sobre los países miembros. Esta reforma incluye, además de cambios necesarios para ejecutar los dos puntos anteriores, cambios que de concretarse implicarían un tipo de estructura vertical de gobierno en que los distintos niveles difícilmente serían operativos. Si la estructura es razonable, la iniciativa y la ejecución quedaría repartida en los niveles sub-UE mientras que la ratificación de iniciativas y el control se harían a nivel UE. A niveles sub-UE, quizás España sea uno de los casos más difíciles y por eso sería bueno que los autores se plantearan cómo reformarían la Constitución española para que un nuevo Tratado UE se pudiera implementar. A nivel UE, sus dos funciones se dividirían entre órganos electivos y agencias, pero la división no está nada clara como lo prueban las propuestas más concretas de los dos puntos anteriores: ¿pueden las agencias UE —en particular aquellas dominadas por economistas— ser responsables de las cuatro funciones: iniciativa, ratificación, ejecución y control? Mientras tanto me parece que se concede demasiada autoridad a quienes todavía deben probar que son mejor que el resto por lo menos en cuanto a iniciativa.

  • Sería un gran paso. Pero por desgracia parece que ese no es el camino. La cuestión entonces es ¿Cuánto durará?

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