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El caso Narbona-Pardo. Cómo juntar la baja calidad y la ilegalidad

En noviembre del año pasado salió en la prensa la noticia de que la exministra Cristina Narbona, presidenta del PSOE, había formado parte de un Tribunal de Tesis Doctoral en 2016 sin ser doctora. Las normas sobre estos tribunales son claras al respecto: solo pueden ser parte de ellos quienes estén en posesión del título de doctor. El Rector de la Universidad Carlos III, en la que ocurrieron los hechos, ordenó inmediatamente la apertura de actuaciones previas de carácter informativo sobre este tema. Hace unos días conocimos el contenido del informe resultante de estas actuaciones (aquí), en el que se destacan dos conclusiones. La primera es que, efectivamente, Narbona no tenía el título de doctor y, la segunda, que esto no tendrá repercusiones sobre la validez del título del doctorando, por cuanto, aun eliminando del tribunal a Narbona, sigue contando con una mayoría favorable.

Hasta esta mañana, en la página del PSOE seguía constando que Narbona es doctora. El lector puede comprobar aquí si se ha cambiado.

A propósito de estas noticias, y a la espera de lo que el Rector pueda dictaminar para exigir responsabilidades y, en su caso, realizar alguna acción disciplinaria, quiero aprovechar para denunciar la falta de incentivos que la universidad tiene para evitar que ocurran estos hechos y otros que hemos conocido recientemente, pero que solo son la punta del iceberg (tesis de mala calidad, másteres regalados, etc.). Si son conocidos es solo porque afectan a políticos y eso hace que sea noticia en la prensa.

En el caso concreto del tribunal de tesis en que participó Narbona los hechos son los siguientes:

Queda por saber si Mercedes Pardo aceptó por bueno un currículum de Narbona al que hubiera accedido en alguna página de internet o si Narbona envió ex profeso un currículum falso a Pardo como parte de una documentación oficial. Esto importará para la atribución de responsabilidades.

De nuevo tenemos un caso de un político engañando en su currículum. Las leyes y los jueces (y los votantes) dirán de las consecuencias de este engaño. Lo que quiero señalar es la facilidad con la que un grupo de personas dentro de la universidad puedan realizar su trabajo sin unos estándares mínimos de calidad. No es por falta de recursos (eso importará cuando se quieran superar los mínimos), sino por falta de tener una organización que reparta méritos y responsabilidades de manera adecuadas (aquí hemos hablado de ello y aquí se presentó un caso ilustrativo). Hoy por hoy, las consecuencias de la falta de calidad se reducen a, por ejemplo, no tener sexenios de investigación (un pequeño complemento al sueldo). Solamente en casos extremos, algunos grupos ven que su proyecto se cancela. De hecho, así ocurrió con el programa de doctorado en el que se leyó la tesis que ocupa esta entrada, que la Universidad ni siquiera elevó para su acreditación ante la falta evidente de calidad ya antes de que se conociera el caso Pardo-Narbona. Así todo, no fue fácil eliminar ese programa, y eso que la Universidad Carlos III tiene ya cierto nombre por su compromiso con la calidad y donde abundan, tal vez más que en otras universidades, personas que activamente se preocupan de la calidad, no solo de los programas que les afectan de manera directa, sino de cualquier otro que se desarrolle en la universidad. En otros centros este tipo de acciones es casi imposible. Nadie tiene incentivos a preocuparse por la calidad del departamento vecino y los rectores tienen pocas ganas de hacerse enemigos cerrando programas o disciplinando departamentos.