De Daniel Oto-Peralías y Diego Romero-Ávila
La desigualdad ha sido uno de los principales problemas económicos de España a lo largo de su historia moderna (un ejemplo aquí). La elevada concentración en la distribución de la tierra en una amplia parte de la geografía española puede considerarse como el principal causante de dicha desigualdad. Desde el comienzo de la Edad Moderna hasta la segunda mitad del siglo XX, una gran parte de la población agraria estaba compuesta por jornaleros en regiones latifundistas como Andalucía. En los reinos (i.e., antiguas provincias) de Córdoba, Jaén y Sevilla el porcentaje de jornaleros sobre la población activa agraria era superior al 80% a finales del siglo XVIII.
Estos trabajadores sin tierra sufrían unas duras condiciones de vida y una acusada situación de dependencia respecto a los propietarios de tierra y sus administradores. Es muy conocida esta descripción de los jornaleros andaluces de Pablo de Olavide en 1767: “[los hombres] más infelices que yo conozco en Europa. Se ejercitan en ir a trabajar a los cortijos y olivares, pero no van sino cuando los llaman los administradores… pero en llegando el tiempo muerto, aquel en que por la intemperie no se puede trabajar… perecen de hambre, no tienen asilo ni esperanza, y se ven obligados a mendigar… Estos hombres la mitad del año son jornaleros, y la otra mitad mendigos” (Bernal 1987, Merchán 1997).
En un trabajo anterior sostenemos que la pobreza y falta de oportunidades derivadas de esta elevada desigualdad, cuyo origen se remonta a la Edad Media, fue un importante obstáculo a la industrialización en las regiones latifundistas. En la presente entrada queremos resumir un reciente estudio en el que exploramos las consecuencias culturales de la desigualdad. En concreto, analizamos si la desigualdad, cuando se prolonga mucho en el tiempo, socava el capital social. El interés de esta cuestión radica en la importancia del capital social como factor cultural clave para la prosperidad económica y social. Por ejemplo, la provisión de servicios públicos de calidad requiere de la voluntad de la población para cooperar y financiar dichos servicios (una revisión de la literatura puede consultarse aquí). Planteamos la idea de que una sociedad que sufre una fuerte desigualdad puede generar apatía social y política. Si la situación de desigualdad persiste en el tiempo, dicha apatía pasa a convertirse en un elemento cultural que obstaculiza la formación de capital social.
Aplicado al caso de España, nuestra hipótesis consiste en que la desigualdad y malas condiciones de vida de los jornaleros han tenido un impacto negativo en la formación de capital social en las áreas de mayor incidencia histórica del latifundismo. Una sociedad que de manera persistente sufre una elevada desigualdad y dependencia de la élite local es poco probable que desarrolle una cultura de cooperación hacia el bien común y que considere que el estado representa sus intereses. Para testar esta hipótesis, recopilamos datos sobre concentración de la tierra en los municipios andaluces en 1930 y 1982, y datos actuales de donantes de sangre. La donación de sangre es un indicador ampliamente aceptado de capital social y hemos tenido la suerte de tener acceso a este dato gracias a la amabilidad del Servicio Andaluz de Salud. Excluimos del análisis los municipios de menos de 1.000 habitantes para los cuales los datos de donación de sangre son menos fiables.
Nuestra principal variable a explicar es el porcentaje de donantes de sangre respecto a la población en edad de donar (i.e., entre 18 y 65 años), mientras que la variable explicativa es la concentración de la tierra medida como el porcentaje de superficie del municipio ocupada por latifundios (i.e., fincas mayores de 200 o 250 hectáreas, según el indicador que se use). En el análisis controlamos por variables demográficas y geográficas de los municipios tales como el número de habitantes, la edad media de la población, la distancia a la capital provincial, etc. El siguiente gráfico resume los resultados:
El gráfico muestra que los municipios con una mayor incidencia histórica del latifundismo tienen un porcentaje menor de donantes de sangre. Aquellos con una superficie ocupada por latifundios superior al 75% en 1930 tienen actualmente 1.7 puntos porcentuales menos de donantes. La magnitud del efecto es relevante dado que la mediana del porcentaje de donantes es aproximadamente del 7%. El efecto negativo de la desigualdad en la distribución de la tierra es robusto a usar la tasa de participación electoral como indicador alternativo de capital social y a incluir variables de control adicionales relacionadas con el nivel de vida de los municipios (véase el artículo para más detalles sobre las pruebas de robustez). Por tanto, la desigualdad histórica (medida a través de la concentración de la tierra) parece ser un determinante significativo del capital social, aunque deja espacio a otros posibles factores explicativos como, por ejemplo, la importancia histórica de los recursos comunales (ver aquí).
Un par de comentarios de cautela cabe realizar respecto al efecto observado de la desigualdad en el capital social. Por un lado, dada la naturaleza de los datos y el análisis, dicho efecto no puede interpretarse como causal. No obstante, en otros estudios (aquí y aquí, resumidos aquí) argumentamos que el origen de la desigualdad en la distribución de la tierra se debe a factores históricos que no están relacionados con el potencial de desarrollo de los territorios, lo cual mitiga el problema de endogeneidad. Por otro lado, la evidencia se basa en un análisis de municipios andaluces y más estudios serían necesarios para mostrar si los resultados son (y en qué contextos) generalizables.
Para concluir, unas palabras sobre la utilidad de este tipo de estudios con perspectiva histórica para informar sobre política económico-social. El pasado no puede cambiarse, pero si se muestra que los municipios que han sufrido históricamente una elevada desigualdad han generado dinámicas que obstaculizan la formación de capital social, evidencia como la aportada por este estudio puede ser útil para orientar políticas dirigidas a fomentar el capital social e identificar los territorios más necesitados de intervención.