Por Joan Monras y Javier Vazquez-Grenno
Según el Pew Research Center, 11.3 millones de inmigrantes en Estados Unidos no tenían permiso de trabajo en 2016 (25 por ciento del total de inmigrantes). En España, casi un millón de inmigrantes tampoco lo tenían en 2004 (28 por ciento). En las últimas décadas, el elevado y creciente número de inmigrantes indocumentados ha sido una problemática ampliamente extendida en las economías desarrolladas. En este contexto, varios son los gobiernos que se plantean qué hacer para afrontar este problema.
A priori, una regularización de inmigrantes puede tener efectos diversos. Por un lado, regularizar inmigrantes tiene como consecuencia de que éstos comienzan a pagar nuevos impuestos y, por tanto, contribuyen a financiar los servicios públicos de los que se benefician. También, la regularización es una política que claramente favorece la mejor integración de los extranjeros en el país de acogida. Por otro lado, puede suceder que la contribución que realizan los inmigrantes regularizados no sea suficiente para financiar los servicios a los que tienen derecho – por lo general, los inmigrantes cobran menos que los nativos, incluso para el mismo tipo de trabajo. Además de los posibles efectos sobre las cuentas públicas, una regularización, especialmente si beneficia a un número importante de inmigrantes, puede tener efectos en el mercado laboral ya que las cotizaciones incrementan el coste laboral para los empresarios. A pesar de que el efecto de la inmigración sobre el salario promedio no acostumbra a ser significativo, sí suele haber efectos para grupos particulares de trabajadores – matizando algunos de los resultados discutidos en este blog aquí y aquí.
A pesar del evidente interés, tanto para los policy makers como para el público en general, sabemos muy poco del efecto de las regularizaciones de inmigrantes sobre la economía. En España tuvimos una de estas situaciones que los economistas llamamos “experimentos naturales”, es decir, situaciones inesperadas que nos permiten entender el funcionamiento de la economía. Este episodio fue la regularización de inmigrantes del primer gobierno de Rodríguez-Zapatero.
Este es un caso especialmente interesante de analizar por dos motivos. En primer lugar, era difícil anticipar, en enero de 2004, que al año siguiente casi 600 mil inmigrantes regularizarían su situación laboral. El Partido Popular estaba en el poder y las perspectivas electorales de cara a las elecciones de marzo de 2004 le eran muy favorables. Sin embargo, todo cambio a tres días de las elecciones. Aquel fatídico 11 de marzo de 2004 terroristas atacaron varios trenes en Madrid, en el que fuera el peor atentado jamás visto en España. La gestión de los días posteriores al atentado por parte del gobierno le costó las elecciones al Partido Popular (ver García-Montalvo, 2011). Es entonces que, de manera inesperada, Rodríguez-Zapatero resultó electo presidente de gobierno. Una de las primeras reformas del gobierno Rodríguez-Zapatero fue la normalización de trabajadores extranjeros, en la que fue, de largo, una de las regularizaciones más masivas de inmigrantes de cualquier país.
En segundo lugar, disponemos en España de varias bases de datos que son adecuadas para el análisis de esta regularización. En concreto, tenemos buena información sobre las contribuciones a la seguridad social a nivel provincia – proporcionada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social – y también muy buena información de varios indicadores del mercado de trabajo a nivel de provincia, resultado de la EPA y la MCVL, discutidas en este blog aquí y aquí.
En este estudio, escrito junto Ferran Elias, analizamos este episodio comparando provincias con alta inmigración con provincias con poca inmigración antes del proceso de regularización (mediados de 2002). Para ver las enormes diferencias entre provincias, el siguiente gráfico muestra la fracción de inmigrantes afiliados a la seguridad social alrededor de 2005. Como se puede ver, las afiliaciones a la seguridad social, en unos pocos meses, aumentaron en casi 5 puntos porcentuales en las provincias con más inmigrantes, mientras que aumentaron en menos de 2 puntos en las provincias con pocos inmigrantes.
En el estudio usamos esta variación para hacer dos contribuciones. Por un lado, estimamos la contribución de los inmigrantes a las arcas públicas. Nuestras estimaciones, quizá de especial interés para los gobiernos, sugieren que cada inmigrante regularizado aportó unos 4,400 euros anuales adicionales a las arcas públicas (Nota: En el estudio no tenemos en cuenta la contribución derivada de los impuestos sobre la renta, seguramente bajos para el grupo de inmigrantes de nivel educativo bajo que predominaba en la regularización de 2005, ni el posible gasto en prestación de desempleo que pudiera derivarse de la regularización en un futuro más lejano.).
Por otro lado, y quizá más interesante para entender cómo funcionan los mercados de trabajo, enfatizamos en el estudio que dos aspectos del mercado de trabajo pueden ser especialmente relevantes cuando se regulariza un gran número de inmigrantes. En primer lugar, la regularización de inmigrantes tuvo efectos considerables en el mercado laboral. En el estudio mostramos que por cada 10 inmigrantes regularizados, más de 4 nativos y 3 inmigrantes de nivel educativo bajo perdieron el trabajo. Por otro lado, 1 nativo y casi 2 inmigrantes de nivel educativo alto empezaron a trabajar. Es decir, la regularización hizo que se usaran menos trabajadores de nivel educativo bajo – que pasaron a ser más caros a consecuencia del cambio de política – y que aumentara la demanda de trabajadores más cualificados. Asimismo, encontramos que el salario de los nativos creció más de un 3 por ciento, tanto de los de nivel educativo bajo como alto.
Es decir, la regularización tuvo importantes efectos en las oportunidades laborales de varios grupos de trabajadores. Más concretamente, hubo un grupo de nativos con nivel bajo educativo que perdió el trabajo. Dentro de este grupo, los perjudicados fueron aquellos menos cualificados y con salarios más bajos. Por otro lado, hubo otros grupos de trabajadores que salieron beneficiados. Es decir que cuando hay un cambio que reduce la demanda de un grupo de trabajadores, es muy posible que los trabajadores que pierdan el trabajo dentro de este grupo sean aquellos menos cualificados y más vulnerables dentro del grupo.
En definitiva, en el estudio documentamos las ganancias que resultan de regularizar la situación de un gran número de inmigrantes. La regularización de Rodríguez-Zapatero aportó ingresos adicionales a las arcas públicas, además de dar oportunidades a los inmigrantes que carecían de permiso legal de trabajo. Los efectos positivos son, pues, varios y generan seguramente suficientes recursos para que toda la población salga ganando. Sin embargo, esto no debe oscurecer el hecho de que algunos trabajadores pueden resultar perjudicados tras regularizaciones masivas. Entender quiénes son estos trabajadores – en el caso de 2005 fueron los trabajadores de nivel educativo bajo con peores salarios – puede ser crucial para el éxito en la implantación de este tipo de políticas.