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Contra los rankings de colegios

exam_hall Me sorprende leer esta mañana un artículo en El País en el que se recoge que el gobierno ha modificado la LOMCE para prohibir explícitamente el uso de los resultados de las pruebas estandarizadas de sexto de primaria para realizar “rankings” de colegios. Al parecer, esta medida se toma ante las protestas realizadas por el Consejo Escolar del Estado, que pedía en un dictamen “poner límites para que [la información] no sea usada en ningún caso para hacer clasificaciones de centros”.

No sé ustedes, pero cuando yo estaba en proceso de elegir colegio para mis hijos (en Cataluña), estuve buscando exactamente eso: información comparada de resultados en pruebas estandarizadas que me ayudara a comparar la calidad de la formación en distintos centros. No lo encontré, y tuve que recurrir al boca a boca. No existía información fiable para que los padres pudieran tomar una decisión informada, más allá de una reunión de una hora en la que cada colegio expone su filosofía.

Personalmente, me parece que desde entonces hemos avanzado en la dirección adecuada. Ahora se realizan pruebas comunes a todos los centros en sexto de primaria (al parecer, desde este año a nivel nacional, aunque en algunas comunidades ya se viene haciendo desde hace años), información que permitiría a las familias mejorar sus decisiones, si se hiciera pública.

Sin embargo, varias comunidades autónomas rechazan estas pruebas hasta el punto de negarse a realizarlas, y la asociación de padres y madres de la escuela pública pide que se eliminen por completo estos exámenes. Como resultado, la normativa nacional ahora prohíbe hacer públicos los resultados, que “tendrán difusión únicamente en su comunidad educativa y (…) no podrán utilizarse en ningún caso para la clasificación de centros docentes."

Me sorprende toda esta oposición, y para entenderla busco en el artículo los argumentos ofrecidos por las partes implicadas:

1) Las pruebas "son una foto fija que se realiza en un momento determinado" para elaborar "rankings absurdos que intentan conseguir que determinado tipo de centros, los públicos, salgan perjudicados".

No entiendo en qué sentido la publicación de los resultados puede perjudicar a los centros públicos. Supongo que se refieren a que de media, esperarían que los colegios públicos tuvieran notas más bajas que los privados. Si es así, ¿no sería conveniente saberlo, para así poder hacer algo al respecto con conocimiento de causa? Quizá la preocupación es que, conociéndose los datos, más familias elijan llevar a sus hijos a centros privados. De nuevo, esconder la información no me parece que sea la solución más adecuada.

Entiendo que publicar solamente la “nota media” por centro no sería muy informativo de la calidad de la formación proporcionada, si los colegios varían mucho en los medios de que disponen o en la composición socioeconómica de las familias. Pero esta información también se podría hacer pública, lo que permitiría un análisis que separara “qué parte” de la nota media se puede atribuir a las características de las familias, y qué parte al “valor añadido” del centro.

Si la preocupación viene por el lado de que los mejores resultados de la concertada se puedan deber a las diferencias en financiación, me parece un tema importante pero que de nuevo no se resuelve ocultando información.

2) La asociación de padres y madres niega que estas pruebas tengan un efecto positivo en el progreso de los alumnos y critica que se centren en las llamadas "áreas instrumentales" (matemáticas, lengua, ciencias e idiomas) y dejen fuera otras disciplinas, como las artísticas o las deportivas, "que son igualmente importantes".

La primera parte de esta crítica se refiere a los efectos de las pruebas sobre los alumnos. De acuerdo en que realizar las pruebas en sí seguramente no tiene ningún efecto. Lo que sí podría tener efectos es, una vez disponible la información, hacer algo al respecto, una vez identificados los centros con problemas.

Con respecto a las áreas cubiertas por los exámenes, aunque no estoy de acuerdo con la crítica, se podrían incluir áreas adicionales en las evaluaciones. Aunque supongo que se refieren a que esas otras áreas serían más difíciles de evaluar. Seguramente es cierto, pero sí creo que se ha demostrado que las notas en estas “áreas instrumentales” están correlacionadas con variables de interés a largo plazo, como la probabilidad de ir a la universidad o el rendimiento en el mercado laboral.

3) También consideran que estas evaluaciones, que realizan docentes que no son de los propios centros, lanzan un mensaje "de desprestigio del profesorado, al desconfiar abiertamente de su labor y, en especial, de la evaluación que este realiza".

¿Evaluar el nivel de aprendizaje de los alumnos es “desconfiar de la labor de los profesores”? Parece claro que para poder comparar unos centros con otros, las pruebas han de ser comunes, y preferiblemente evaluadas por personal externo independiente. No veo por qué esto se considera ofensivo hacia los maestros. Además, la experiencia de otros países nos demuestra que la evaluación de estas pruebas por los docentes del mismo centro puede ser problemática.

Hemos escrito con frecuencia en este blog sobre educación (sobre todo Antonio Cabrales), y en concreto sobre la importancia de disponer de información de calidad sobre los resultados educativos de distintos centros (ver aquí, aquí y aquí). Si el objetivo compartido es mejorar la calidad de la educación en España, y de la educación pública en particular, no veo cómo esconder resultados puede ayudar.

Sí que me parece razonable debatir sobre la mejor manera de realizar estas evaluaciones para que reflejen mejor el nivel de aprendizaje de los alumnos (qué competencias evaluar y cómo), y desde luego sobre qué hacer después con esos resultados. Pero estoy en total desacuerdo (también como madre de niños en edad escolar) con los que defienden no hacerla pública.

En cualquier caso, creo que conseguir un acuerdo social al respecto es importante, ya que introducir este tipo de evaluaciones sólo es informativo si la participación es muy alta. Un nivel de oposición social elevado puede hacer que ciertas regiones, colegios o familias no participen, lo que reduciría la fiabilidad de los resultados (como está pasando en Nueva York).

Si alguno de nuestros lectores defiende la prohibición de hacer públicos los resultados de las evaluaciones a nivel de centro escolar, me gustaría oír sus argumentos, que claramente no acabo de entender.