Casado y la ley del aborto. Implicaciones para la composición de la población

Por Ainhoa Aparicio y Libertad González

Ya hemos hablado en este blog de las implicaciones de un paso atrás en la liberalización del aborto voluntario (como el que promueve Casado) en términos del número de nacimientos (aquí). Hoy queremos hablar de cómo cambios en el número de abortos voluntarios pueden producir cambios importantes en la composición de la sociedad. Esto sucederá en la medida en que las mujeres que aborten procedan en mayor medida de ciertos estratos sociales, y tengan ciertas características demográficas.

Según datos del Ministerio de Salud, en 2017 se llevaron a cabo 94.123 interrupciones voluntarias del embarazo en España. El 66% fueron abortos realizados a mujeres españolas (el 65% a nacidas en España). Entre las mujeres que abortaron en 2017, el 46% no tenían hijos, el 48% estaban en pareja y por edad se distribuían del siguiente modo: un 0.4% tenían menos de 15 años, el 10% tenían entre 15 y 19, el 21% tenían entre 20 y 24, y el 22% tenían entre 25 y 29 años (el 47% 30 o más). Esta composición podemos compararla con la de las mujeres que dieron a luz en ese mismo año, que en total fueron 393.181. De ellas, el 81% eran españolas. La edad de las mujeres que dieron a luz en 2017 era tal que: el 0.03% tenían menos de 15 años, el 2% tenían entre 15 y 20, el 7% tenían entre 20 y 24, y el 18% tenían entre 25 y 29 años (el 73% 30 o más). El 97% de los niños nacidos en 2017 fueron reconocidos por su padre.

De estos datos podemos concluir que las mujeres que recurren al aborto voluntario en España son en mayor medida extranjeras, solteras, y jóvenes que las que siguen adelante con el embarazo. Esto hace pensar que los niños que nacerían a raíz de un cambio legislativo que penalizase el aborto seguramente procederían en mayor medida de entornos familiares desfavorables. Este razonamiento ha dado lugar a una línea de investigación en el campo de la economía empírica que trata de cuantificar la magnitud de los efectos en la composición de la sociedad.

Identificar las consecuencias del aborto legal para la población es un reto porque supone comparar dos escenarios: uno en el que una serie de personas nacen, respecto a otro en el que no, y claramente solamente podemos observar uno de los dos escenarios, e intentar imaginar el otro. Argumentar que el escenario que imaginamos es realista es la parte más difícil. ¿Cómo han afrontado los investigadores este reto?

Uno de los primeros intentos de medir el impacto de las leyes del aborto sobre la composición de la población es este paper de Angrist y Evans. En él se usan cambios en la legislación del aborto en Estados Unidos para estudiar cómo eso afecta al nivel de formación y las perspectivas en el mercado laboral de las mujeres. Aunque no encuentra efecto para las mujeres blancas, encuentra que las mujeres negras a las que se les permite abortar tienen mejores niveles educativos y más altas tasas de empleo.

Sin embargo, la línea de investigación que ha suscitado más debate es aquella que conecta las leyes sobre el aborto y el crimen. El primer intento de relacionar el aborto con la tasa de criminalidad es un estudio de 1966 que encontró que lo niños de madres a los que no se les permitió abortar en Suecia “requerían servicios psiquiátricos más a menudo, tenían comportamientos anti-sociales o criminales, y dependían más de las ayudas públicas”. Estas conclusiones se derivaban de un grupo relativamente reducido de mujeres (188) a las que se les había negado la opción de abortar entre 1939 y 1941 en el hospital de Gothenburg. Cada una de estas madres fue comparada con aquella mujer que tenía un hijo en el mismo hospital justo después que ella. Los niños que “hubiesen sido abortados” por sus madres eran más propensos a vivir en condiciones desfavorecidas, como por ejemplo tener padres divorciados o crecer en casas de acogida, y eran más propensos a convertirse en delincuentes y cometer crímenes.

El artículo de investigación más influyente sobre el tema llegó décadas después de la mano de los profesores Steven Levitt de la Universidad de Chicago y John Donohue de la Universidad de Yale. El artículo “El impacto de la legalización del aborto en el crimen”, publicado en 2001 en la prestigiosa revista Quarterly Journal of Economics (aquí), parte de tres observaciones: (1) los índices de criminalidad de los Estados Unidos empiezan a reducirse a partir de 1992, (2) los criminales suelen ser hombres de entre 18 y 24 años, y (3) la legalización del aborto en 1973 redujo significativamente el número de hijos no deseados. La combinación de estos tres hechos llevó a Donohue y Levitt a lanzar la hipótesis de que la ausencia de aquellos individuos que fueron abortados por la ley de 1973 hizo que 18 años después, es decir, a partir 1992 pero más notoriamente en 1995, se observe una reducción en la tasa de criminalidad.

Ante la posibilidad de que el momento en que la primera generación a la que afectó la legalización del aborto cumpliera 18 años haya coincidido con la reducción de la criminalidad por pura casualidad, Donohue y Levitt utilizan una estrategia más sofisticada. Explotan las diferencias en el momento en que se legaliza el aborto entre los distintos estados. Estas diferencias existen porque algunos estados habían legalizado el aborto antes del evento que desencadenó la legalización simultánea a nivel nacional. Se trata del famoso caso Roe contra Wade. Este caso introdujo un precedente que permitió usar una cláusula de privacidad de la enmienda número 14 de la Constitución estadounidense para justificar un aborto. Según los datos que manejaron en su momento los investigadores, los estados donde el aborto se legalizó antes experimentaron también reducciones en la tasa de criminalidad con anterioridad a los otros estados. Las conclusiones de este estudio hicieron que se replicara el análisis para otros países como Canadá y Australia, con idénticos similares.

Como es propio de la disciplina económica, las críticas no se hicieron esperar. Una de las que ha tenido más eco es la de que hicieron Lott y Whitley en 2001 (aquí). Estos dos autores argumentaron que el estudio de Donohue y Levitt se basa en la presunción de que la tasa de abortos era más alta en aquellos estados donde el aborto era legal (sin restricciones) comparado con aquellos en los que existían ciertos requisitos. Sin embargo, datos procedentes del sistema de salud muestran que esto no es necesariamente cierto (ver este estudio de la World Health Organization). Además, si la relación de causalidad entre el aborto legal y la reducción de la tasa de criminalidad es cierta, debería observarse que tras la legalización del aborto la tasa de criminalidad debería reducirse primero para los más jóvenes, y poco a poco extenderse hacia los estratos de población más mayor. Sin embargo, dicho patrón de comportamiento no se aprecia en los datos.

Otro factor que levantó las sospechas de Lott y Whitley es que la correlación negativa entre el número de asesinatos y la legalización del aborto en cada estado no se aprecia si no se tiene en cuenta el nivel de ingresos del estado. Por último, los críticos de Donohue and Levitt ponen en duda que los datos usados en el estudio original sean adecuados, ya que se trata de arrestos y, en casos de homicidios, el arresto se produce con frecuencia meses e incluso años después del crimen. Por eso, Lott y Whitley señalan que otra fuente de datos (el registro suplementario de homicidios) es más adecuado porque señala el momento en el que el crimen fue cometido. Cuando replican los resultados originales usando esa base de datos, encuentran el resultado opuesto.

Otra crítica relevante se sucedió tres años después cuando Ted Joyce publicó un artículo (aquí) en el que concluía que los resultados de Donohue y Levitt eran debidos a cambios en el consumo de crack. En respuesta a estos dos artículos Levitt publica un post en su blog Freakonomics en 2005 (aquí) donde replica su análisis teniendo en cuenta los elementos que señalan sus críticos y carga duro contra el paper de Lott y Whitley: Dice textualmente que no hay nada de verdad en él y que de hecho no había sido aceptado en ninguna revista. En 2009 el mismo Joyce vuelve a la carga con un artículo, este sí publicado en una buena revista (aquí) donde replica el análisis de Donohue y Levitt, encontrando resultados diferentes, y aplica técnicas diversas para sostener que no existe una relación sistemática entre aborto y crimen.

Después del post de respuesta de Levitt, los investigadores Foote y Goetz (aquí) señalaron que la estimación inicial sobre el efecto del aborto en el crimen era demasiado alta. De hecho, una vez que tenían en cuenta otros factores asociados al crimen, el efecto se reducía a la mitad. Además, Foote y Goetz sostienen que Donohue y Levitt se equivocaron al haber incluido como variable explicada en su análisis el número de arrestos en lugar del número de arrestos per cápita, que habría tenido en cuenta la heterogeneidad entre estados en términos de tamaño de la población. Usando esta medida alternativa, el efecto estimado desaparece. Como consecuencia de esta última crítica, se sucedieron una serie de respuestas cruzadas: Donohue y Levitt respondieron a Foote y Goetz proponiendo una nueva metodología con la cual se obtiene el efecto negativo de abortos sobre crimen incluso usando el número de arrestos per cápita. Sin embargo, Foote y Goetz no fueron capaces de replicar este resultado, aunque finalmente reconocieron que la calidad de los datos no es suficiente para rechazar definitivamente la hipótesis de Donohue y Levitt.

El debate sigue abierto, tal y como muestra la proliferación de artículos que tratan de responder a la pregunta de si existe una relación causal entre abortos y crimen usando distintas metodologías y distintos datos para distintos países. Entre ellos el artículo de Pop-Eleches para Rumanía (aquí), donde encuentra que prohibir el aborto mejoró las características de los niños, porque las mujeres que abortaban eran mayoritariamente urbanas y de nivel educativo alto.

En cualquier caso, Levitt ha señalado que no cree que el debate sobre la legalización del aborto deba basarse en el resultado de estos análisis. En particular, habría que tener en cuenta también los efectos más directos de la legalización del aborto sobre las mujeres afectadas (de lo que hablamos aquí). Pero sea cual sea la regulación legal del aborto, todos tendremos que lidiar con las consecuencias en términos de la composición de la sociedad.