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NeG se declara tiroliana: Todo lo que NO hemos hecho en España

En el año  2007 el reciente premio de Nobel de Economía Jean Tirole, cuyas contribuciones hemos glosado en entradas anteriores (ver por ejemplo aquí), escribía en VoxEU una entrada (ver aquí)  que reproducimos a continuación y que es una lista de las medidas que deberíamos haber implementado ya en España. Tampoco tiene desperdicio la entrevista que le hacen sobre el mismo tema hoy en  El Pais.

Cuatro Principios Básicos para un Estado Eficaz

Servicios públicos de calidad, infraestructuras que faciliten el "dinamismo económico", una reducción de la deuda que dejamos a nuestros hijos... estas expectativas de los franceses no podrán cumplirse a menos que el Estado las haga efectivas. Las reformas son urgentes, pero difíciles. Para lograrlas, se requiere un enfoque de cuatro vertientes: la reestructuración, la competencia, la evaluación y el rendimiento de cuentas.

Reestructuración

Muchos países han emprendido reformas gubernamentales fundamentales sobre la base de un consenso entre los partidos políticos y los sindicatos. En la década de 1990, el gobierno sueco socialdemócrata hizo grandes recortes en la función pública. los ministros, que son los encargados de formular la estrategia general y tomar decisiones sobre la asignación de recursos, tenían que depender de un pequeño número de funcionarios. Por lo tanto, los detalles operativos fueron delegados a un gran número de agencias independientes, cada una de los cuales podía contratar y remunerar a sus empleados como deseara. Estas agencias independientes tienen que operar bajo estrictos límites presupuestarios que aseguren el suministro sostenido de los servicios públicos.

Casi al mismo tiempo, Canadá recortó el gasto público un 18,9% sin agitación social - y sin grandes reducciones de los programas de salud, de justicia, o de vivienda. Lo hicieron mientras se mantenía la recaudación, por lo que el resultado fue un déficit público reducido y la caída de la deuda pública. El gasto que no podía ser claramente justificado en términos del servicio que proporcionaba al público fue recortado. Las subvenciones para proyectos empresariales y la privatización facilitaron la eliminación de uno de cada seis puestos en la función pública. De hecho, el tipo de reorganización del gobierno realizado en Canadá sólo no podría imaginarse en Francia con su horrible colección las leyes y reglamentos fiscales. Los canadienses tienen un único servicio para el cálculo y la recaudación de impuestos y una ventanilla única para las relaciones gobierno-empresas.

Competencia

Contrariamente a las creencias comunes en Francia, la competencia directa puede producir servicios públicos de alta calidad. En telecomunicaciones, la mayoría de los países, entre ellos Francia, han puesto un fondo de obligación de servicio universal en marcha, lo que es compatible con la competencia entre los proveedores. Protege a las empresas más pequeñas, mientras que asegura que los servicios estén disponibles en todas las regiones del país o para los consumidores de rentas más bajas.

Cuando se trata de educación, varios países (Bélgica, Reino Unido o Suecia) han intentado sistemas de cupones que dan acceso universal a la educación, pero crean competencia entre las escuelas para los estudiantes. Tal sistema debe ir acompañado de una información clara y abiertamente disponible en las escuelas para que los padres puedan tomar decisiones informadas y evitar así el "insiderismo" (algo que surgió de la competencia en el sistema educativo francés).

La competencia también puede fomentarse a través de la estandarización. En el ámbito de la salud, fomentar la comparación sistemáticas entre hospitales o entre los sectores público y privado podría ayudar a controlar los costes. A veces, el coste del tratamiento de una determinada enfermedad varía en un factor de 2,5, sin diferencias en la selección de los pacientes.

Evaluación

Cada acción del Estado debe estar sujeta a una evaluación doble independiente. La primera debe ser antes de la acción: ¿Es necesaria una intervención pública? ¿Cuáles son los costes y beneficios? La segunda después. ¿Funcionó? ¿Era rentable? En este punto, sería necesario exigir que las recomendaciones de la auditoría (por ejemplo, las del Tribunal de Cuentas) sigan adelante ya sea de acuerdo a un calendario estricto, o se rechacen con una justificación convincente.

Rendición de cuentas

La Ley 2001 (LOLF), adoptada sobre la base de un consenso entre izquierda y derecha, es una pequeña revolución en un país acostumbrado a la lógica de los procesos presupuestarios.

Abrazando la lógica de la efectividad, la ley tiene como objetivo transformar a los administradores del sector público en verdaderos propietarios, donde su obligación de producir resultados va de la mano con la libertad de decisión. Poner en práctica este principio es ciertamente difícil. En primer lugar, los objetivos deben ser claros y fácilmente verificables, entonces, es cuando el "rendimiento de cuentas" debe ser introducido. Por eso los objetivos no pueden ser colectivos (como por ejemplo ha demostrado la falta de control en los gastos en salud), sinoque deben ser objeto de recompensas o sanciones. Por último, hay que tener cuidado con los efectos perniciosos de la "multi-tarea", los incentivos que se relacionan con un objetivo fácil de medir puede hacer que uno ignore objetivos igualmente importantes que se han descuidado progresivamente (como la calidad de la enseñanza o la investigación). En otras palabras, para construir buenos incentivos, uno tiene que evaluar las acciones de manera integral. De esa manera, esta claro que la administración de las empresas reguladas debe ir de la mano con los controles de calidad y seguridad más estrictos. La necesidad de tales controles se desprende de la experiencia de las telecomunicaciones británicas en 1984 y, más recientemente, de los ferrocarriles británicos.

Por último, debe ser posible tener un estado que sirve a los franceses mejor a menor coste, permitiendo la creación de más puestos de trabajo y el aumento de la productividad de nuestra economía. Pero las experiencias de otros países sugieren que una reforma duradera sólo puede lograrse sobre la base de un consenso político y social.